La implementación de la nueva ley de Amparo

En él País el juicio de Amparo fue de los primeros, ya que desde su origen en la Constitución de Yucatán de 1841 nos sirvió para exigir la legalidad de los actos de la autoridad, así como para subsanar las deficiencias, que en ese momento y en la actualidad, aún tiene nuestro sistema de justicia.

Se buscó realizar una reforma trascendental como primera vez esta fue hace más de 13 años cuando la Corte presentó el Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo en la que se buscaba integrar una legislación moderna en esta materia, la cual fue tomada en un 80% para la realización de la Nueva Ley de Amparo.

Un siglo después se dio la primera Ley de Amparo en 1936, la cual fue vigente por más de 70 años y fue reformada en múltiples ocasiones. A pesar de buscar la eficacia de sus reglas, ésta no ha sido suficiente por lo que la Nueva Ley de Amparo promulgada el pasado 2 de abril resulta una innovación importante en la materia, tanto en su aplicación como en la nueva interpretación judicial de su contenido.

Qué establece la nueva Ley

En este año inicio el 3 de abril la Nueva Ley de Amparo es vigente en nuestro país y encontramos entre sus modificaciones las siguientes:

Anteriormente el amparo sólo se podía interponer en contra de leyes federales, generales y cualquier normativa mexicana, sin embargo a partir de la reforma ahora ya se puede interponer un amparo en contra de los Tratados Internacionales lo que permitirá una mayor armonización del ordenamiento jurídico aplicable en el territorio nacional. Aunque la constitución siempre ha reconocido la aplicabilidad de los tratados internacionales ahora esta ley provee de un medio de defensa en contra de ellos.

A su vez se puede interponer un amparo para reclamar violaciones a los derechos humanos que son reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales adscritos por el gobierno mexicano.

Las sentencias tendrán efectos generales por lo que no sólo amparará a quien haya interpuesto el recurso, siempre y cuando se encuentre en el mismo supuesto recurrido y que la norma de que se trate se declare inconstitucional. Es importante aclarar que esta disposición no será aplicable a normas tributarias. Dicha inconstitucionalidad dependerá de que el órgano legislativo realice las modificaciones o reformas correspondientes a dicha norma para lo cual tendrá 90 días naturales. De no realizarse la modificación solicitada por la Corte, la Corte podrá declarar la inconstitucionalidad siempre que la apruebe por mayoría de 8 votos.

La suspensión de los actos de la autoridad por medio de un amparo se acotará al hecho de que se afecte el interés social o el orden público y a aquellos actos que el juez considere que podrían necesitar de una suspensión por su probable invalidez. Por tanto esto no permitirá

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