La introducción de un modelo eficaz y eficiente de la moderna administración pública

Los planteamientos generados desde los organismos multilaterales, para el establecimiento de las condiciones para el funcionamiento administrativo del sector público en los países en vías de desarrollo, han girado sobre dos cuestiones: la gestión económica y social. Así los intentos por la transformación de la administración pública y de los aparatos públicos en general de los países de América Latina ha transcurrido en medio de condicionantes de carácter internacional, impactados por las mutaciones en materia económica y las subsecuentes crisis en las estructuras internas de las economías de dichos países.

En una primera etapa, los esfuerzos por la introducción de un modelo de administración pública moderno eficiente y eficaz, se dieron en el marco del modelo de sustitución de importaciones, y de una política de gran expansión de la administración pública. El consumo interno era de vital importancia para lograr la legitimidad del modelo democrático, por lo que los planes van dirigidos fundamentalmente al logro de una organización centralizada de la administración mediante la cual los beneficios de la economía eran distribuidas mediante diversas agencias y estructuras de mediación, tales como los partidos políticos que dominaron la escena política dentro de lo que fue la conciliación de poder a partir de 1958.

En una segunda etapa (ubicada a partir de los últimos años de la década de los años ochenta) los esfuerzos fueron dirigidos, ya en medio de cambios extraordinarios en la dinámica económica mundial, asociados a la crisis que se inició en los centros de desarrollo mundial, Estados Unidos y Europa, que requerían fortalecer el mercado mundial globalizado, para lo cual las economías de los países receptores de tecnología debían funcionar eficiente, es así como la transformación de la administración pública era requisitorio.

Los planes de transformación de estas economías y de sus estructuras de funcionamiento se inician bajo la crítica del funcionamiento de sus aspectos administrativos así como del contenido de las políticas públicas, de tal manera que una primera generación de planes de modernización y transformación se centraron en proponer cambios de funcionamiento de dichas estructuras, es decir del cambio de la institucionalidad. Normas, nuevos organigramas y un proceso de reducción del tamaño del Estado y de sus funciones fueron el centro de discusiones y parte de la agenda de los gobiernos. La oleada que siguió a esta fase de aplicación de la gerencia pública, fue un proceso de reformas del Estado llamadas de segunda generación, mediante la aplicación de severos reajustes económicos y fiscales de las economías internas, todos encarnados en planes elaborados desde organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y otros, dentro de lo que se ha llamado la globalización de la economía. Acento especial lo tuvieron en Venezuela las estructuras e infraestructuras asociadas a la economía (puertos, aeropuertos, carreteras) se empezaron a descentralizar y transformarse siguiendo las pautas extraídas de la gerencia privada que fue aplicada para el manejo de los asuntos públicos. Los resultados de la aplicación de las recetas de ajuste económico y fiscal trajeron el desequilibrio de la gobernabilidad y el debilitamiento de los gobiernos que las impulsaron por la exclusión que como resultado de su aplicación generaron.

La deslegitimación de los actores políticos principales al romperse la base estructural económica y social por medio de la pérdida de autonomía política que le daban el manejo de ingentes recursos para mantener la relaciones clientelares que sostenía el modelo burocrático, dio al traste, como en el caso venezolano, con todo un sistema partidista y de representación, lo que facilitó el nacimiento de la propuesta política e institucional representada por el triunfo del Comandante Hugo Chávez Frías en las elecciones de 1998, ello luego de irrumpir en el escenario político venezolano tras un intento fallido de golpe de Estado en 1992 contra el gobierno constitucional del entonces Presidente de la República Carlos Andrés Pérez.

Las propuestas para la modernización y reforma del Estado y de su administración, han venido incorporándose a las agendas internacionales de los organismos internacionales como fundamento de cumplimiento para asegurar acceso a recursos y asistencia a los países, así como para la necesaria sinergia de las economías y las administraciones con el mercado internacional más que con las grandes necesidades nacionales que se vinieron acumulando, ellas han revestido diversas denominaciones, tales como Gobernanza, Nueva Gerencia Pública y Buen Gobierno, todas ellas parecen confluir en la estructuración de una administración pública eficiente y en la demarcación de una relación en el marco de regulaciones del mercado entre los ciudadanos y el gobierno o el Estado, nuevos papeles son atribuidos a ambos: es decir un papel determinado al Estado en tanto garante de las condiciones para su legitimación tanto como prestador de servicio así como para el acceso a recursos internacionales, por otro lado para el mantenimiento del crecimiento económico necesario, el papel atribuido a la sociedad es más activo en el sentido de que este es co-responsable del desarrollo de las actividades y logros de los objetivos públicos, más no estadales.

Para realizar un acercamiento al tema propuesto, nos detendremos en primer lugar en las concepciones que han sido desarrolladas respectos a la gerencia pública, nueva gerencia pública y buen gobierno, enfoques que desde nuestra óptica se encuentran constituidos por conceptos similares y que responden a soluciones surgidas en determinados momentos o contextos, pero con vías diferentes de

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