La ley mordaza

1 de julio de 2015, esa es la fecha en la que está previsto que entre en vigor es España la denominada Ley Mordaza que, junto al nuevo Código Penal, no ha dejado de recibir críticas desde su aprobación en el primer trimestre del años.

La ley mordaza es el nombre informal que se le da a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, a cuyo texto definitivo dio luz verde el Congreso el pasado 26 de marzo. Entre en vigor el día 1 de julio de 2015 y sustituye hasta ahora la ley vigente, de 1992. Lo hará, además, con nueva versión de Código Penal.

Esta ley es tan importante porque es  demasiado restrictiva y limita la libertad del ciudadano, según denuncian diversos colectivos. Algunos miembros de la ONU llamaron a su retirada: “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España. La plataforma de Defensa de la Libertad de Información se refiere a ella como a “un conjunto de reformas legales que suponen una grave amenaza para las libertades de información y expresión de periodistas y movimientos sociales.”

Numerosos colectivos han pedido la retirada de la Ley, que ha sido aprobada con numerosas modificaciones y menos infracciones que las figuraban en el primer borrador.

Las Fuerzas del Orden pasan a tener más poder con la ley porque deja de haber faltas (infracciones leves que instruía un juez), que es su mayoría se convierten en infracciones administrativas (multas que ponen la Fuerza de Seguridad). Si el multado desea recurrir, tiene que ser después de recibir la inflación. Quien decide en primera instancia si alguien es culpable de una infracción administrativa es la Policía. Según el abogado Carlos Sánchez Almeida explica que: “Ante un juez se puede debatir si una determinada conducta está amparada por la ley. Discutir ante la policía supondrá ser detenido por desobediencia”.

En la ley mordaza tienen especialmente protagonismo las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas que, en el caso de tener lugar en una infraestructura o instalación que presta servicios básicos para la comunidad o inmisiones, se considerará una infracción muy grave con una multa de 30.001 euros a 600.000 euros, que para sus organizadores o promotores si estas han generado un riesgo de vida o la integridad física de las personas.

Actuaciones como organizar manifestaciones sin permiso o reuniones espontaneas para protestar contra algo o parar un desahucio podrían acabar en una sanción económica importante.

Las manifestaciones frente el congreso, senado u otras asambleas legislativas son una infracción grave de una multa de 601 a 30.000, que al igual que la negativa a la disolución de reuniones o manifestaciones en lugares de transito público cuando se produzcan desordenes público con peligro para personas o bienes. Para las reuniones en lugares de transito público se establecen infracciones leves de 100 a  600 euros.

Infracción grave también serán los actos de obstrucción que pretendan impedir que cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial lleve a cabo sus funciones ejecuten resoluciones administrativas o judiciales, mejor dicho, digamos que podríamos estar hablando de multas de hasta 30.000 euros por intentar detener un desahucio.

Los efectos de la ley, tal cual explican en el artículo 30.3 de la misma, se consideran organizadores o promotores también a aquellos que aun no habiendo suscrito o presentado la comunicación sí que hayan hecho publicaciones o delaciones de la convocatorio de las misma u ostenten lemas, banderas y otros signos relacionados. ¿Qué hacer un RT fuera de sitio? ¿O quizá te haces eco y difundes una convocatoria? Mucho cuidado con esto.

Si sueles hacer fotos en manifestaciones, echa un vistazo el apartado 23 del artículo 36 porque podrías incurrir en una infracción grave: el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. ¿Cuándo el uso de una foto de este tipo pone en riesgo la seguridad de una agente? Este es otro apartado ambiguo que puede traer problemas.

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