Ley De Contratos

se caracterizó en términos generales por otorgar una absoluta libertad de estipular intereses en los préstamos y la libertad de poder rematar las propiedades sin consideración a su valor y sin remedio ninguno legal a favor del deudor. En un principio la ley del 10 de abril fue bien acogida por los hacendados ,comerciantes, y prestamistas; ya que los mismos disfrutaban de las condiciones favorables que experimentaban los productos agrícolas venezolanos en el exterior, lo que tuvo como consecuencia un aumento en el valor de las exportaciones y una baja considerable de las tasas de interés, las cuales pasaron del 60% anual, al 24%, 18%, 12%, e incluso a 9%. No obstante, la crisis económica internacional que se desató a partir de 1842, hizo que los precios de los productos de exportación cayeran de manera notable, lo que afectó profundamente a la economía venezolana.

Los efectos de la recesión económica mundial experimentada a mediados del siglo XIX, trajo como consecuencia que muchos hacendados se empobrecieran y quebraran. En tal sentido, ante el aumento de las tasas de interés las cuales se habían mantenido a niveles bajos, las personas que habían conseguido préstamos comerciales se vieron en la imposibilidad de pagarlos, siendo rematadas sus propiedades en muchos casos. Ante estas circunstancias la protesta contra la Ley de Contratos y los tribunales mercantiles no se hizo esperar, durante los gobiernos de los presidentes José Antonio Páez y Carlos Soublette, a comienzos y mediados de la década de 1840. Finalmente, el Estado que hasta ese momento no había intervenido en la economía, decidió derogar la Ley de abril de 1834, el 24 de abril de 1848, durante la presidencia de José Tadeo Monagas. Asimismo, la promulgación de una nueva Ley de Espera y Quita, el 9 de abril de 1849, estableció la posibilidad de para cualquier deudor insolvente de solicitar una moratoria de pago. En definitiva, aunque la Ley del 10 abril de 1834 fracasó en su implementación, representó uno de los episodios más importantes en la aplicación de los preceptos de la economía liberal en la Venezuela del siglo XIX.

Fue sancionada con el objetivo de estimular la economía después de la Guerra de Independencia y la separación de la Gran Colombia, pero debido a eventos inesperados y el rudimentario orden capitalista que existía, causó graves problemas tanto económicos como políticos hasta su derogación en 1848 por el presidente José Tadeo Monagas.

Al principio, esta liberación de la economía funcionó como los legisladores lo habían previsto. En los primeros años después de su implementación se estableció el crédito en Venezuela y los préstamos se destinaron a mejorar haciendas y aumentar la producción agrícola, especialmente de café.(8) La mayoría de estos préstamos venían de casas comerciales extranjeras con intereses en el café, quienes negociaban a través de la naciente elite comercial venezolana que servía de intermediario entre el exterior y los hacendados.(9) Pero a finales de los años 1830, este deseado aumento, que sucedió tanto en Venezuela como en otros países, en vez de producir más ingresos, empezó a reducirlos al saturar el mercado internacional y provocar la caída de los precios. Sin los ingresos proyectados para sus cosechas, muchos hacendados fueron incapaces de cumplir los compromisos que habían firmado en forma de préstamos a corto plazo con altos intereses y entraron en mora.(10) Esta situación los expuso a las consecuencias de la Ley del 10 de abril de 1834 y se inició un periodo de remates judiciales en la que los acreedores aceptaron montos insignificantes por las propiedades con el fin de salvar algo de lo que habían prestado.(11)

Fue un instrumento jurídico dictado por el Cuarto Congreso Constitucional de Venezuela el 5 de abril de 1834 y promulgado el dia

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