Ley De Participacion Popular

INTRODUCCION

En el presente trabajo monográfico tiene como fin el analisis una ley que en su momento fue la clave para que en Bolivia se diera un cambio polito, jurídico, económico y social

Bolivia inició un agresivo proceso de descentralización político-administrativa en 1994 mediante la puesta en marcha de un conjunto de disposiciones legales, particularmente a través de la combinación de las leyes de Participación Popular (LPP) y Descentralización administrativa (LDA); las mismas que fueron elaboradas en un contexto de amplias reformas al conjunto de la economía y de la política.

La Ley de Participación Popular, promulgada el 18 de abril de 1994, estableció nuevas formas para enfrentar la pobreza, a partir de la planificación participativa, desde la comunidad misma -la unidad básica de planificación participativa- donde, sus pobladores, identificaban necesidades para priorizarlas, a fin de concertar, al interior de la Sección Municipal, su incorporación en Planes de Desarrollo Municipal quinquenales; apoyados en recursos del Estado central en función del número de habitantes y de los provenientes del alivio a la pobreza (HIPC).

Esta ley, en principio resistida por las organizaciones sociales, porque incorporó el denominativo genérico de Organización Territorial de Base (OTB) y la consiguiente susceptibilidad de la desaparición de los poderosos sindicatos agrarios, instituido con la reforma agraria del 2 agosto de 1953. En escaso tiempo, esta ley “maldita”, pasó a primeros planos, puesto que no atentaba contra esa forma organizacional y más bien, fortalecía la democracia participativa, entre ellos, la elección de alcaldes y concejales, en todas las secciones municipales.

Sin lugar a dudas fue una ley revolucionaria que consolidó los gobiernos municipales de 24 a 311 y después llegaron a 337 en todo el país. Además, esta norma se basa en cuatro pilares fundamentales como ser: la inclusión social; el reconocimiento del estado municipalista a nivel rural; la transferencia de competencias, atribuciones y responsabilidades de los gobiernos municipales; y la transferencia de recursos económicos llegando al 20% de las competencias tributarias, logrando su fortalecimiento.

Transfiere competencias a los gobiernos municipales descentralizando responsabilidades en salud, educación, deportes, cultura, riego y caminos vecinales.

En síntesis, promovió el Desarrollo Económico Local en los municipios de Bolivia. Esta es una de las medidas de descentralización económica más importante de América Latina en los últimos 50 años.

En definitiva esta ley de participación y su estudio es una tema muy importante para entender el nuevo modelo de estado plasmado en la nueva constitución política promulgada el año 2009, y que establece que Bolivia es un estado unitario descentralizado y con autonomías.

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS

a síntesis histórica que a continuación se presenta resulta imprescindible para la comprensión de la gestación y verdaderos alcances de la ley de Participación Popular, aprobada en 1994, las características del proceso que desencadena, y para un acercamiento al análisis de sus potencialidades y limitaciones.

1.1Desde la creación de la República hasta 1952

El principal aspecto y que asume un carácter de constante histórica en el país, desde hace casi dos siglos, está definido por el hecho que la ocupación territorial de la naciente República de Bolivia nunca se resolvió armónicamente, y permanece de manera reiterativa en la lucha por la ocupación y aprovechamiento de espacios territoriales entre indígenas y criollos. La presencia institucional del Estado es por tanto conflictiva y se superpone a variadas formas de organización, acceso y uso de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas.

El hecho más determinante y constitutivo en la fundación de la República de Bolivia (1825) estuvo determinado por la total exclusión de las mayorías indígenas de cualquier espacio de decisión pública. La constitución del Estado Boliviano estuvo caracterizada por el exclusivo control (político, económico y cultural) por parte de minorías descendientes de los conquistadores españoles sobre un territorio que antes de la instauración de los virreinatos coloniales fuera dominio de pueblos originarios, especialmente quechuas y aymaras. El régimen de explotación servil de la mita en las minas de Potosí y de las encomiendas en los campos agrícolas fue el escenario en el cual se constituyó la República.

El ayllu constituye una forma de organización de carácter segmentario y tradicional de los pueblos indígenas quechuas y aymaras del occidente del país, que reconocen la propiedad colectiva y posesión individual sobre la tierra, presentándose complejas formas de organización social y política y uso del territorio, muchas veces a través del uso discontinuo del territorio. Desde la creación de la República, como efecto de la aplicación de las políticas liberales sobre el recurso tierra, los ayllus han sufrido un proceso desigual de fragmentación.

Los ayuntamientos que nacían del voto calificado de los terratenientes letrados y adinerados de los pueblos eran sospechosos de inspirar focos de resistencia y oposición a las políticas diseñadas por el nuevo orden republicano.

El libertador Bolívar dispuso la devolución de las tierras a propiedad de los indígenas (Decretos de Trujillo, 1824), pero lo hizo a título individual inspirado en los ideales de igualdad que la revolución francesa había diseminado por el nuevo mundo y de las nacientes ideas liberales, en contraposición al reconocimiento tradicional en calidad de usufructo por parte de la corona española sobre los extensos territorios de los ayllus, que habían sido reconocidos por la reorganización territorial del virrey Toledo llevada a cabo en el siglo XVII. No obstante esta disposición bolivariana -calificada por muchos historiadores como la primera reforma agraria- no fue cumplida y los sucesivos gobiernos mantuvieron el régimen de comunidades sometidas al control fiscal y al dominio patronal, debido a que medio siglo después de la creación de la República, la principal fuente de ingresos para el Tesoro Nacional continuaba siendo el tributo indigenal ,por tanto, con el propósito de facilitar la recaudación de este tributo se permitió a los indígenas continuar organizados de manera comunal aunque sin ningún tipo de política explícita para la promoción de su desarrollo.

Bolivia nació con “un régimen

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