POLITICAS DE EMPLEO Y LA PLANIFICACION DE TRABAJO

DTERMINACION DE LA POLITICA GENERAL DE EMPLEO EN EL PAIS

Respecto del acceso al trabajo, podemos decir que la informalidad ocupacional inhibe al individuo de las garantías mínimas de seguridad social y protección laboral que le permitan cubrir sus necesidades básicas y proyectarse en la sociedad en la que interactúa. Por lo tanto, los puestos de trabajo generados en la economía informal no se ajustarían a los requerimientos mínimos para que sean considerados como empleos decentes. En ese orden, desde cualquier perspectiva que se asuma para analizar el fenómeno de la informalidad ocupacional, es un hecho que esta afecta en más de un sentido la construcción de ciudadanía de los sujetos que trabajan en actividades no reguladas, dado que socava la extensión de sus derechos sociales universales, al imposibilitarles a los informales la adquisición de activos productivos y mecanismos de poder con los cuales puedan desarrollarse dignamente en la sociedad.

Para entender como el individuo al ver coartado su derecho a tener un trabajo decente que le brinde protección social y estabilidad laboral ve limitados sus derechos sociales, hay que situar el espacio que le da origen a tales atributos, la ciudad, territorio de hombres y mujeres “libres e iguales”, en el que deberían darse por lo menos dos condiciones para que el sujeto sea tratado como ciudadano del estado al cual pertenece: La primera, es la igualdad político-jurídica vinculada al estatus del individuo, que le brinda una posición en la sociedad, a partir de la cual, como dice Borja: “todas las personas que conviven en el mismo territorio y están sometidas a las mismas leyes deben tener los mismos derechos y deberes”. Y la segunda, el desarrollo y cumplimiento en la práctica de éste marco normativo que hace posible el ejercicio de las libertades vinculadas a los derechos ciudadanos: elección del trabajo y de la vivienda, acceso a la educación y a los servicios básicos, etc

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