Poder De Imposición

En la Carta Magna reformada en 1994, los constituyentes instaron a la sanción de una ley de coparticipación antes de la finalización del año 1996, y, en consecuencia, desde entonces se viene posponiendo su cumplimiento.

Este hecho no puede sino invitar a reflexionar acerca de cuáles pueden ser las causas que llevaron a que no se pudiera llegar a un acuerdo para la sanción de esta ley-convenio.

Sin embargo, a poco que se emprenda el razonamiento sistemático de las cuestiones que política, económica, financiera y técnicamente comprende la elaboración del nuevo régimen, agregando a la vez la experiencia de la "idiosincrasia argentina" en la resolución de temas estructurales, se comienza a comprender la magnitud de la discusión y lo difícil de su solución.

El federalismo y la coparticipación

La Constitución de 1853 no sólo consagró al federalismo en el mismo nivel que los conceptos de república y representatividad, estableciendo la existencia de tres niveles de gobierno, sino que además determinó la forma en que éstos podrían financiarse.

Así, en el plano tributario, confirió a la Nación la potestad única y no compartida de establecer la imposición sobre el comercio exterior; la de sancionar impuestos directos por tiempo determinado y en circunstancias de excepción, y la de establecer impuestos indirectos en concurrencia con las provincias. Paralelamente prohibió a estas últimas imponer gravámenes aduaneros, reservándoles la capacidad de fijar gravámenes indirectos en concurrencia con la facultad nacional y la potestad sobre los directos sin cláusula de temporalidad.

Si bien es cierto que no existe mención en aquella constitución de ningún régimen de coparticipación de recaudaciones impositivas entre la Nación y las provincias, sino que se enumeran las fuentes tributarias que corresponden a los distintos niveles de gobierno, la reforma de 1994 convalidó jurídicamente dicho régimen, y con ello su existencia desde hace 60 años.

Qué significa la Ley-Convenio de Coparticipación

Cualquier sociedad, más allá de las leyes, se funda sobre ciertos consensos básicos, y éstos no sólo se refieren a la organización presente de una nación, sino al cumplimiento y la estabilidad en los compromisos, entre los cuales aquellos "federales" no pueden estar ausentes. Sin embargo, durante la última década, la Argentina ha mostrado una constante pero desorganizada mutación en su relación fiscal-federal.

Desde comienzos de los 90, el Régimen de Coparticipación no ha sido el reflejo de una regla previsible sobre la cual planificar la administración de cada uno de los niveles de gobierno. Basta con citar que, en tan sólo 10 años, se pasó de un régimen en el que la distribución de fondos se realizaba en función de porcentajes sobre una masa de recaudación total a uno en el que se detraían recursos a través de sucesivos fondos con asignación específica y se fijaban pisos garantizados para las provincias, lo que a su vez, posteriormente, dio lugar a los compromisos federales en los que se pactaban trasferencias fijas. Más tarde, fueron incluidos dentro de las negociaciones las emisiones de bonos y el tratamiento de las deudas; hasta arribar al compromiso del año 2002, habiéndose firmado un promedio de prácticamente un acuerdo por año durante el período más reciente. Claro que además, durante el lapso transcurrido, se complementó la trasferencia de servicios educativos y de salud hacia las provincias, y se reformó el régimen previsional con las respectivas implicancias que este tipo de medidas provocan en las responsabilidades fiscales de

...