Procedimiento Civil General

RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO PROCESAL CIVIL COLOMBIANO

En este aspecto, por su concreción y claridad, vamos a seguir de cerca al maestro Hernán Fabio López Blanco , que rememora cómo, sin olvidar la injerencia del derecho romano, germano, canónico y español en nuestro sistema jurídico, tanto sustancial como procesal, bien pueden tomarse como punto de referencia para el desarrollo de la legislación procesal civil colombiana las constituciones de Cundinamarca y Tunja de 1811, Antioquia y Cartagena en 1812 y Mariquita y Neiva en 1815 que, en síntesis, definieron qué era la administración de justicia. Pero, es a partir de la promulgación de la Constitución de 1821 que se abre paso la regulación de aspectos procesales y empiezan a conocerse disposiciones en 1824 (causas de comercio y sustanciales, arancel en tribunales y juzgados), en 1825 (incorporación de abogados, orgánica del poder judicial, procedimiento civil en tribunales y juzgados).

Entre 1828 y 1844 vino una proliferación de leyes sobre diversos temas que fueron compendiadas en 1845, en lo que se llamó Recopilación Granadina; más adelante, al adoptar el país el sistema federal, el Estado de Cundinamarca promulgó la Ley 29 de 1858, que regulaba lo concerniente al procedimiento civil, tomada del Código de Procedimiento Civil de Chile, y este, a su vez, de la ley española de enjuiciamiento civil de 1855. A ese código de Cundinamarca se le dio el carácter de estatuto nacional en 1872 y se ratificó en la Ley 57 de 1887; desde entonces, cita el autor, hubo una desbandada de leyes de orden procesal que crearon una situación caótica, hasta la promulgación de la Ley 105 de 1931, antiguo Código Judicial, y posteriormente el cuatrienio 1966-1970 en el que se expidió el nuevo Código de Procedimiento Civil, se introdujeron reformas al sistema de registro y notarial, al derecho de familia, y se sentaron bases para un nuevo Código de Comercio.

Con el fin de sustituir la Ley 105 de 1931, se creó una comisión encabezada por Hernando Devis Echandía y Hernando Morales Molina, cuyo trabajo terminó con la expedición del Decreto 1400 de 1970, actual Código de Procedimiento Civil, modificado en algunos aspectos de redacción por el Decreto 2019 del mismo año. Sin embargo, para mejorar aquellos asuntos que entrababan el desarrollo normal de los procesos, hacia el año 1987, mediante la Ley 30, se otorgaron facultades al ejecutivo para dictar normas en materia procedimental, lo que dio lugar a la expedición de varios decretos de importante calibre, que el mismo autor se encarga de sintetizar, así:

Decreto 522 de 1988 (cuantías en materia civil)

Decreto 902 de 1988 (trámite notarial de sucesiones)

Decreto 999 de 1988 (cambio de nombre ante notario)

Decreto 1127 de 1988 (expropiaciones decretadas por el INCORA)

Decreto 1691 de 1988 (subcomisiones asesoras para

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