Psicologia

2. Educación costarricense en un contexto neoliberalmente condicionado

El momento histórico-social en el que nos movemos es un contexto que se encuentra condicionado fuertemente por una tendencia neoliberal que ha sido causa y efecto (así como dialécticamente se construye la realidad social), de lo que Rovira (2004) ha llamado el nuevo estilo nacional de desarrollo, y que para efectos del fenómeno educativo, o al menos de una parte de este fenómeno, habíamos caracterizado ya en el texto Mercado laboral, educación superior y formación docente en Costa Rica (Morales, 2011), donde el énfasis analítico está en la tensa y dinámica relación que hay entre el contexto del nuevo estilo nacional de desarrollo, desregulación en la formación docente, en términos de cantidad, y la consecuente saturación del mercado laboral con las consecuencias que ello implica.

En todo caso, para el fenómeno que en este escrito nos ocupa, realizaremos en este apartado, una descripción de los aspectos del nuevo estilo nacional de desarrollo en el que se despliega la política educativa actual, y que le da sentido a las condiciones laborales que enfrenta el sector docente, pues es de esta forma como se pueden comprender, y captar las características y consecuencias de estas condiciones laborales, que si bien no son trascendentales en términos de impacto sobre el sistema educativo, si encierran una forma de pensamiento ideológicamente posicionada que responde y corresponde a un contexto políticamente determinado, en el cual se desarrolla toda una política educativa.

Este contexto, políticamente condicionado y determinado por la corriente de pensamiento neoliberal, inicia su configuración durante la década de 1980, específicamente en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), con la firma del primer Programa de Ajuste Estructural, en 1985, y llega a su afianzamiento o consolidación, con la aprobación en referéndum del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el 7 de octubre de 2007, pues finalmente, se logra asegurar jurídicamente un estilo de desarrollo caracterizado, entre otras cosas, por la liberalización de la economía, la atracción de inversión extranjera directa, la atracción de empresas de tecnología, la promoción de las exportaciones, y el desarrollo del turismo de enclave, sobre todo en el litoral pacífico del país (Morales, 2010).

El cambio en el estilo nacional de desarrollo que ha experimentado el país, es una transformación de la estructura social, económica, política y cultural, que se ha llevado a cabo por medio de la interacción entre los actores políticos internos, en un marco de condiciones políticas externas, signadas por una tendencia a la liberalización de la economía en toda la región latinoamericana, sobre todo a partir del Consenso de Washington (Vargas, 2003), liberalización iniciada en la década de 1980, y que ha sido revertida en medida relativa, en algunos países de la región como Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Para el caso de nuestro país, este cambió ha sido llevado a cabo por las élites que han accedido al poder del Estado durante los últimos treinta años. El cambio, como bien lo explica Rovira (2004) ha sido gradual y, por supuesto, ha tenido algunas resistencias de algunos sectores de la sociedad que se oponen al neoliberalismo. Sin embargo, siguiendo la propuesta teórica de Milliband (1985), cuando habla de las posibilidades políticas en la sociedad y el Estado Capitalista, indica que "en este contexto la política es por cierto el arte de lo posible. Pero lo posible esta determinado sobre todo por aquello que parece aceptable a la "comunidad de los negocios" (p.147).

Milliband (1985), naturalmente reconoce la existencia de la competencia por el poder del Estado o por la influencia sobre tal poder. Sin embargo, destaca que es una competencia desigual, donde el capital privado goza de una formidable superioridad (como grupo organizado) frente a otros grupos o intereses, particularmente el de los trabajadores, esto debido a su base de poder económico, tal como ha ocurrido en el caso del nuevo estilo nacional de desarrollo de Costa Rica.

El control privado de los recursos industriales, comerciales financieros, culturales y por lo tanto, educativos, ejerce una presión permanente sobre los gobiernos y el Estado. Esto no quiere decir que los gobiernos se encuentran totalmente desvalidos ante el capital, sino que hay una dinámica de demandas y resistencias, en las cuales unas veces prevalece el capital y en otras, la fuerza del Estado. La injerencia de lo que Milliband (1985) llama el poder de veto del mundo de los negocios, es decir, del capital privado, no es absoluto. Sin embargo, es más grande que cualquier otro interés en el marco de las sociedades capitalistas, es decir, también en el contexto de la sociedad costarricense actual, el poder de veto de las clases trabajadores es reducido, incluyendo el sector docente del país.

Por tanto, los gobiernos en la sociedad capitalista, generalmente optan por ganarse la confianza del mundo de los negocios, y no por enfrentarlo, aceptando las limitaciones a su margen de acción política. Además de los grupos o intereses capitalistas nacionales, los gobiernos deben enfrentar el proceso de internacionalización del capital, es decir, la presión y el poder de fuerzas capitalistas extranjeras, tales como gobiernos fuertes que protegen los intereses de sus empresas cuando estas se internacionalizan, así como de organismos que velan por los intereses de los círculos de negocios, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Estos son los factores condicionantes a los que se refería Rovira (2004), los cuales brindan el marco de acción de los factores políticos internos que definen la política social, económica, y por supuesto, la política educativa de nuestro país.

No obstante, a partir de la Teoría Democrático-Pluralista, los trabajadores organizados constituyen un grupo de interés de la sociedad que se considera igual al poder del capital. Sin embargo, plantea Milliband (1985), esta tesis no toma en cuenta que los y las trabajadoras organizados no poseen ningún arma comparable al poder del capital en la diaria toma de decisiones. El trabajo organizado carece de una firme base de poder económico, por lo cual posee menor potencial de presión respecto al poder del Estado. Esto es lo que ha ocurrido sobre todo con los trabajadores y trabajadoras de la educación, pues su capacidad de organización no solo es limitada, sino que, se enfrentan a la capacidad de organización del mundo de los negocios, o del sector empresarial que accede al poder del Estado, o bien que presiona de manera privilegiada a aquellos

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