Responsabilidad social gubernamental

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La responsabilidad Social en el Ámbito   Gubernamental

 María Gibelly Mejia Zapata                    3111730
Manuel Alfonso Sandres Martínez        1150461
Jency Suli Cortes Garcia                       3120322
Jorge Ivan Maldonado Martínez            1150669

            Introducción

Aunque es un término no muy utilizado, existe acuerdo tácito en referirse a la Responsabilidad Social Gubernamental (RSG) como el marco de compromiso entre quienes asumen el gobierno de lo público y sus administrados.

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Responsabilidad pública o gubernamental

La responsabilidad social es algo que todos y todas compartimos. Sin embargo, la responsabilidad social pública o gubernamental es aquella que tienen las instituciones y las administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas públicas.

Las acciones de estos organismos, que se concretan en leyes, decretos, regulaciones… tienen una gran repercusión, y muy directa, sobre el entorno natural y social de su jurisdicción. Sin embargo, la responsabilidad social de las entidades gubernamentales no es únicamente externa, es decir, regulando las actividades de individuos y organizaciones, empresas, etc., que quedan bajo su paraguas administrativo. También su responsabilidad se juega en el ámbito interno, en la misma gestión de su actividad, en la consideración del personal que forma parte de ellas y de las actividades que se realizan en su seno.

Por ejemplo, una administración pública dedicada a regular el impacto ambiental de las empresas, tiene la responsabilidad de ser coherente y aplicarse a sí misma estas regulaciones siendo ejemplo para toda la ciudadanía.

No podemos olvidar que las administraciones públicas y las instituciones nos representan y que, por lo tanto, en cierta medida, todas y todos somos responsables de sus acciones. Exigir que sean ejemplares, pues, forma parte de nuestras obligaciones como ciudadanos y ciudadanas responsables.

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Mucho se ha hablado sobre responsabilidad social gubernamental (RSG), pero pocas veces contamos con ejemplos concretos en este ámbito. Si bien, el gobierno en todos sus niveles desempeña un papel clave como promotor de la responsabilidad social empresarial (RSE), son contados los casos en que desde la entidad gubernamental se fomenta el desarrollo y ejecución de alianzas intersectoriales con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil de impacto social y ambiental.

En el marco de la situación actual de la sociedad, por lo general, nos hacemos la pregunta sobre cómo mejorar los niveles de vida de las personas sin perder de vista los elementos de la democracia y el desarrollo sostenible. Para dar respuesta a esto, se incorporan nuevos elementos a la gestión pública del Estado, tal y como se ha visto en nuestro país en la medida que se ha implementado como doctrina la modernización del Estado. Ahora bien, este pensamiento involucra que no sólo el Estado es quien se debe ocupar de formular y ejecutar políticas públicas, sino que también se incorporan otros actores como las empresas u organizaciones que están dentro de la sociedad.

Lo que busca en definitiva es reunir a la sociedad y también ser responsable en la cooperación entre el Estado, la sociedad civil.

Es Entonces que, se examina cómo se pueden concatenar ambos elementos de gestión, visualizando cuales son las mejoras que tiene la responsabilidad social y cómo éstas pueden complementar a las propias características de la nueva gestión pública, siempre considerando que el fin último es responder a las exigencias que demuestra la sociedad civil.

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  Cooperación pública-Privada

• La creación de redes y alianzas público privada aparece como un factor decisivo para el desarrollo de la RSE.
• La suma de las fortalezas del estado y las empresas se traduce en una  alianza o     partenariado, objetivos comunes, benéficos mutuos, riesgos compartidos, equidad y transparencia.
• No se trata de acuerdos contractuales o de actos transaccionales entre el Estado y los privados
• Concesiones, Privatizaciones, contratos públicos

           Estos no tienen objetivos sociales.

La cooperación público-privada (CPP) ha adquirido mayor importancia en los últimos años en América Latina. Del lado privado, surge como una respuesta microeconómica a las mayores presiones competitivas que el sector enfrenta a raíz de la globalización y liberalización de los mercados. En el lado público, el interés por aumentar la eficiencia en su gestión, la presión fiscal en las cuentas públicas, y la urgencia social y política de atender numerosas necesidades de infraestructura, investigación, generación de empleo constituyen un poderoso estímulo para que los gobiernos busquen movilizar los recursos y capacidades del sector privado. La compatibilidad de incentivos de ambos sectores para cooperar presenta ventajas evidentes de aprovechar a favor del desarrollo económico. La CPP se basa en aprovechar las sinergias entre el estado y la sociedad civil y los atributos de cada sector promoviendo la creación de capital social y aumentando la eficiencia de las agencias públicas (Evans 1996). Por un lado, el sector privado puede contribuir con recursos, y también con su capacidad de innovación, su eficiencia, sus herramientas de negocios, y su conocimiento del mercado. Por el otro, el sector público puede continuar con su misión asegurando la provisión de bienes públicos, regulando determinadas áreas económicas y mitigando riesgos que el sector privado por su propia cuenta no abordaría. Así, la CPP estimula inversión privada adicional, contribuye a disminuir los déficits públicos, y libera recursos públicos para otros usos, y en general, estimula la economía como un todo (United Nations 1998). Es importante entender cómo funciona la CPP en el sector agrícola en América Latina por tres hechos principales. Primero, porque, desde la perspectiva pública, el bienestar social depende en gran medida de la competitividad de las empresas del sector de la agricultura y la agroindustria debido a su gran peso en la economía de la región en términos de generación de ingreso, empleo y divisas. Según datos de la FAO del año 2001, de la población de los países en desarrollo, el 52 por ciento es rural y el 42 por ciento es agrícola, lo que equivale a decir que casi toda la población rural se dedica a la actividad agrícola. En el caso de América Latina estas cifras descienden a 24 por ciento y 20 por ciento respectivamente, siendo la quinta parte de sus exportaciones totales de productos agrícolas. Esto hace que la actividad agrícola sea para los países en desarrollo una alternativa, única en muchos casos, para elevar los ingresos y la demanda del sector rural compuesta por una población económicamente activa con poco capital financiero y humano. Varios estudios recientes llaman la atención a la importancia de mejorar los procesos y productos de las aglomeraciones agroindustriales, ya que a través de éstas los países en desarrollo se insertan en la economía global y acceden a moneda extranjera (Gibbon 2001). 52 | Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 82, abril de 2007 Segundo, porque, desde la perspectiva de las empresas, las mayores exigencias en temas de calidad, sociales y ambientales que enfrentan a raíz de la globalización y liberalización de los mercados las hacen más vulnerables a la falta de acceso a bienes y servicios con características

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