SISTEMA JURIDICO DL REINO UNIDO

2. Fuentes del derecho.

2.1. Posición de la Constitución en el sistema jurídico

El Reino Unido no tiene una constitución escrita, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los ordenamientos constitucionales, pero no por ello podemos afirmar que carece de ésta[23]. La Constitución del Reino Unido consta de una serie de diferentes fuentes escritas y no escritas[24]. Es una Constitución “flexible”. Aquí se englobarían los «Statutes» (leyes que aprueba Westminster)[25], el Derecho Comunitario[26], el «case law», las «prerrogative power», el Derecho Internacional, las leyes y costumbres del Parlamento y fuentes no legales (como las «convenciones constitucionales»[27] o la doctrina académica).

Todas las normas del Reino Unido, constitucionales o no[28], se rigen por el mismo procedimiento de elaboración: aprobación por ambas Cámaras («House of Commons y House of Lords») y sanción regia («Royal Assent»). Las normas que integran la Constitución no escrita del Reino Unido no ocupan, pues, una posición preponderante en el sistema de fuentes británico. El Parlamento es asamblea legislativa y constituyente.

2.2. Procedimientos de reforma constitucional, en especial, disposiciones intangibles

El Parlamento de Westminster puede realizar una "reforma constitucional" por el simple hecho de aprobar una nueva ley. La elaboración de una ley ordinaria es idéntica a la de una constitucional. Sólo las diferencia la materia sobre la que tratan ambas. Ningún otro órgano distinto al Parlamento puede proceder a una reforma constitucional.

Este vasto poder únicamente está limitado por un principio: no se pueden crear Leyes que no sea posible modificar en el futuro. El legislador no puede vincular «pro futuro» a los subsiguientes legisladores. No se puede blindar la inderogabilidad –implícita y explícita– futura del contenido de determinadas leyes. Son muchas, por ello, las reformas constitucionales operadas en los últimos años en el Reino Unido[29].

2.3. Relaciones entre la ley y el reglamento

Las Leyes del Parlamento de Westminster reciben el nombre de «Act», mientras que los borradores o proyectos de ley se denominan «bills». Estos proyectos de ley pueden ser presentados por un miembro de cualquiera de las dos Cámaras («Private Member's Bill») o por un Ministro del Gobierno («Government Bill»)[30]. Cada proyecto de ley tiene que superar diversas etapas[31] en cada una de las Cámaras. El «first reading» es una pura formalidad. En el «second reading» se discuten los principios generales del proyecto y la Cámara puede determinar que éste no continúe adelante.

Tras esto, el proyecto es enviado a un comité[32]. El comité analiza el proyecto, artículo por artículo, dando traslado de éste, con sus modificaciones, a la Cámara, donde se tomará de nuevo en consideración[33]. Llegados a este punto, tiene lugar el «third reading». En la Cámara de los Comunes no se puede realizar ya ningún tipo de modificación en esta fase. En la Cámara de los Lores esto sí es aún posible. Superado este trámite, en ambas Cámaras, se presentará a la Reina para obtener su sanción regia[34].

Las modificaciones que se produzcan en el proyecto de ley tienen que ser aceptadas por ambas Cámaras. La «Parliament Act», de 1911, completada por la «Parliament Act», de 1949, ha contemplado una excepción: si la Cámara de los Lores rechaza, en dos sucesivas sesiones, un proyecto de ley presentado por la Cámara de los Comunes, éste pasará, pese a la oposición de los Lores, directamente a la Reina para su sanción[35].

La legislación delegada («orders», «regulations», «warrants»,«schemes», «directions») recibe en el Reino Unido el nombre de «Statutory Instrument» (SI)[36]. Estos instrumentos podrán tener lugar siempre y cuando una ley del Parlamento, posterior a 1947, los contemple, recogiendo dicha delegación. Su aprobación conllevará su publicación oficial.

Dependiendo de que lo diga la propia «parent Act», norma que desarrolla el «Statutory Instrument», estos instrumentos son sometidos a dos formas de control[37] (centradas en aprobar o rechazar el mismo, no pudiendo modificarlo): «negative resolution procedure»[38], donde se lleva a cabo un control pasivo del reglamento, y «affirmative resolution procedure»[39], donde se produce un control activo del mismo, requiriéndose su aprobación expresa por parte del Parlamento de Westminster[40].

Siguiendo con el sistema de fuentes británico, podemos hacer mención a varios supuestos[41] en los que se permite la modificación de una ley por un instrumento de legislación delegada.

Algunos «statutory instruments» están elaborados al amparo de leyes que les permiten modificar la propia «parent Act» de la que nacen[42], la legislación anterior que la misma viene a modificar e, incluso, la futura que la desarrolle. Estas previsiones legales, comunes en materia de Derecho de extranjería, reciben el nombre de Henry VIII «clauses» y pueden entrañar serios peligros constitucionales.

La «Human Rights Act», de 1998, en segundo lugar, contempla la posibilidad de que, si los Tribunales superiores del Estado advierten que una ley del Parlamento, de forma clara y expresa, contraviene la CEDH, el propio Gobierno pueda elaborar una «Remedial Order» para corregir dicha violación[43], así como presentar un proyecto de ley para modificar la misma.

La «European Communities Act, de 1972, en conexión con el supuesto anterior, autoriza la elaboración de «Orders in Council» y «ministerial regulations» con el fin de implementar las obligaciones comunitarias asumidas por el Reino Unido, en desarrollo de los Tratados, siempre que ello no implique la imposición de nuevos impuestos, medidas retroactivas o subdelegación de poderes legislativos.

La «Regulatory Reform Act», del año 2001, por último,

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