Subsistema De Administracion

EL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACI?"N DE JUSTICIA PENAL

La Administración de Justicia Penal debe entenderse como un sistema conformado por múltiples elementos cuya interacción es servir para la correcta determinación jurídica final; de si se ha verificado o no la condición que legitima al Estado para la imposición de una sanción jurídica-penal.

Uno de los elementos centrales del sistema de Administración de Justicia Penal, como son las Normas Reguladoras del Trámite Procedimental, es justo reconocer la presencia de otros elementos que deben coexistir junto a éstas si se quiere una justicia penal eficiente.

El tema de la eficiencia de la administración de justicia penal es sumamente complejo, pasa por diversos requerimientos. En un principio, incluso desde un plano aparentemente extraprocesal, se debe reparar en las normas jurídicas de Derecho penal material a cuya aplicación se pretende proveer

El funcionamiento eficiente de la Administración de Justicia Penal no es una actividad sencilla, sino sumamente compleja, son muchos los factores que necesariamente tienen que confluir para lograr una Administración de Justicia Penal eficiente.

Además, que el funcionamiento eficiente de la administración de justicia requiere de un uso racional de la potestad estatal de la creación de prohibiciones penales, su uso indiscriminado resulta perjudicial para la eficiencia que se pretende, pues producirá una sobrecarga en el sistema procesal, con disminución de sus reales posibilidades operativas.

En Segundo Lugar, el problema pasa por la organización, calificación y dotación personal y material de las instituciones estatales encargadas de la persecución penal y de la decisión final; así como, en lo que respecta a su personal de apoyo.

No se puede pretender un funcionamiento eficiente de la administración de justicia penal cuando los entes encargados de realizarla o coadyuvar a su realización no se encuentran convenientemente organizados, cuando no poseen las calidades personales, morales y jurídicas necesarias para desempeñar sus roles a plenitud, así como cuando no se les ha dotado de los medios logísticos idóneos para un mejor y más rápido desenvolvimiento.

En Tercer Lugar se ubica el papel que le corresponde desempeñar a los miembros del sistema social, pues ellos son quienes habrán de propiciar el funcionamiento del sistema de administración de justicia penal, para conocer los supuestos que presenten una aparente relevancia penal.

La actual Administración de Justicia Penal en Venezuela resulta inoperante para la realidad que vive el país y ello ha conllevado a la búsqueda de las reformas del instrumento penal. Ante la situación de crisis por la que atraviesa la administración de justicia penal en Venezuela y en razón de los profundos cambios que de índole político, económico y social han hecho variar todos los aspectos de la vida nacional, como lo son un incremento en el auge delictivo, debido a la aparición de nuevas conductas delictivas y el incremento de la inseguridad ciudadana.

LA CRISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACI?"N DE JUSTICIA PENAL

La doctrina se ha pronunciado hasta la saciedad sobre la existencia de una profunda sensación de crisis en los sistemas de justicia penal de nuestros países latinoamericanos.

Es necesario tener en cuenta que son dos cosas diferentes: la "sensación" de una crisis y la concurrencia efectiva de ésta en nuestra sociedad. Es por esta razón que de justificar el porqué se puede sostener que el sistema de administración de justicia penal en nuestro país se encuentra en crisis.

Causas de la Crisis de la Administración de Justicia Penal

a. Instrumentos Normativos Deficientes

Los agentes de la administración de justicia penal trabajan con normas jurídicas, son ellas los principales instrumentos que deben utilizar para resolver los conflictos que se presenten para su conocimiento.

Sin embargo, el legislativo no ha cumplido con su labor de una manera eficiente. El sistema normativo procesal penal presenta un panorama desolador, la estructura del proceso penal ordinario y la regulación de algunas de sus instituciones se encuentran viciadas de inconstitucionalidad.

Entre la falta de eficiencia del legislativo se debe, también, contemplar la costumbre de recurrir a las prohibiciones penales como medio de "solución" para la mayoría de conflictos sociales con repercusiones en la opinión pública.

De esta manera se genera una sobrecarga de los supuestos en que se ha de requerir la intervención del funcionario judicial, en la tramitación y resolución de los procesos, del fenómeno de los presos sin condena y de la falta de eficacia en la persecución de casos realmente graves.

b. Falta de Idoneidad de los Funcionarios Penales Estatales

En nuestro país es lamentable constatar que muchos de los funcionarios que se han de encargar de administrar la justicia penal carecen de la idoneidad necesaria para un correcto ejercicio de sus funciones.

Existe una gran variedad de factores que se conjugan para que el juez penal no esté en condiciones de afrontar de manera exitosa las responsabilidades que constitucionalmente se le han asignado. Entre las causas más importantes se puede mencionar:

• Falta de Capacidad Jurídica (y de Conocimientos Auxiliares)

Para cumplir correctamente con su misión, el Juez especializado en lo penal debe conocer el Derecho positivo, tanto en el Derecho penal material como en el Derecho penal formal. No obstante, el mero conocimiento de las normas no es suficiente, pues si para su aplicación se requiere necesariamente de una interpretación previa, es imprescindible que este conocimiento vaya acompañado de una sólida formación teórica. Es necesario que el juez penal posea un manejo adecuado de los fundamentos, principios informadores y categorías dogmáticas del Derecho penal material, tanto en lo que se refiere al delito, como en lo que se refiere a la, determinación de la pena; así como de los fundamentos, principios y categorías que sean propias del Derecho procesal.

Es decir; en la Perspectiva Jurídica, no va a ser suficiente el conocimiento de la normatividad legal, sino que también es de gran importancia el conocimiento y correcta interpretación y aplicación de la normatividad constitucional y su respectiva doctrina. Es, a fin de cuentas, la normatividad constitucional la que habrá de presidir la solución jurídica de los conflictos de carácter criminal.

Por otro lado, el juez penal debe poseer capacidad

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