“Una Gran Bretaña rota”

        “Una Gran Bretaña rota”

        Para explicar la complicada situación laboral y sus consecuencias en lo económico-social de la Gran Bretaña de los Siglos XlX-XX el autor comienza aludiendo a dos sucesos: El cierre de la mina de la aldea de Ashington y la quiebra de la planta de Lombridge (Birmingham), dedicada a la producción industrial de automóviles (MG Rover).

        En lo referido al primer suceso (cierre de la mina), se suceden una serie de casos particulares que nos permiten tomar conciencia de la gravedad del asunto: El caso de la señora Parry, cuyo hijo tuvo que ingresar al Ejército (era eso o engrosar las filas de la creciente mano de obra con sus términos precarios) y cuya familia se vio devastada por el despido de su marido (“minó la autestima de los hombres”). Dice además la sra. Parry que, en la política, Maggie Tatcher y Tony Blair, pese al apoyo popular, “no hicieron nada por nadie”. El caso de Robert, que trabajó trece años en la mina y, al caer enfermo, se vio sumido en una terrible situación (su hijo, que intenta ayudarle, no recibe más que ofertas de trabajo precarias las cuales no vale la pena ni siquiera aceptar, pues, sumado a la situación de su padre, éste hijo tiene a su vez tres hijos). El caso de Rachel, que pese a tener trabajo y sentirse afortunada por ello, estaba tremendamente angustiada e insegura: “Nos han informado de que existe la posibilidad de que recorten puestos de trabajo en nuestras oficinas”. El caso de John Asburn y Anne (de 24 y 19 años), que aseguran, sin ningún tipo de filtro, que, en lo referido al campo de las drogas, que la sociedad piensa “como no hay nada que hacer aquí, bah, voy a pillar algo para colocarme y eso”, “porque así hacen algo”, dice Anne. Termina este suceso con la declaración del cura de la parroquia, el padre Ian Jackson, que afirma que “es un tipo de comunidad muy afectuosa y solidaria” (refiriéndose a Ashington), en la que hay un sentimiento de comunidad real.

        Con respecto al segundo suceso (quiebra de la fábrica automovilística) el efecto resultante es similar pues, pese a que otra compañía automovilística china compró los activos que perduraron tras la quiebra, sólo 200 de los alrededor de 6000 trabajadores conservaron sus puestos. Así, hombres de mediana edad vagaban por ahí un miércoles a media tarde. Los dueños de los locales (como el Club Social Greenlands) se quejaban de que “los ingresos bajaron desde aquello unas 3000$ semanales”. Los hombres están en el colegio recogiendo a los niños (“ya que las mujeres pueden conseguir trabajos de limpiadora y eso”). Gaynor es la mujer de un hombre que fue despedido en la fábrica; testifica que “ni siquiera les dijeron tenéis dos semanas, o tenéis un mes; simplemente hemos cerrado, coged vuestras cosas, salid y cerrad las puertas”. Algunos vecinos incluso se habían suicidado (entiéndase, extrabajadores de Rover). Se prometieron indemnizaciones de entre 5000 y 6000$ del Fondo Fiduciario del Empleado, pero “mientras continúan las disputas legales, nadie ha recibido un penique”. Los pocos que han encontrado trabajo, han tenido que aceptar unas condiciones precarias en el sector servicios (supermercados locales..).

        Ambos sucesos son reflejo de lo que, en el mundo de la política, se venía conociendo como la “recesión social” de Gran Bretaña ( así lo aseguraba David Cameron; partido Conservador, 2010). Ashington y Longbridge se entiende no son ni mucho menos casos excepcionales. La cifra de los que cobran el paro ha bajado, sí, pero muchos de esos trabajos han solido ser a tiempo parcial y no estaban bien pagados. David Cameron ha denunciado que hay mucha gente sin trabajo que no aparece en las estadísticas pero no supo identificar al verdadero culpable: El colapso industrial provocado, en gran parte, por el thatcherismo. Así, Cameron enfocó su acción política en la persecución de la corrupción; “el fraude y error”, que fue sin duda una medida bastante desafortunada ya que según un estudio de la Fundación Joseph Rowntree, los trabajadores que, en calidad de beneficiarios, evadían el pago de impuestos lo hacían para pagar la comida o la calefacción, expresando éstos un fuerte deseo de “volverse legales” lo antes posible.

        Dados los niveles de pobreza, dos fueron principalmente los refugios en los que los trabajadores relegaron: La prestación por desempleo (figurando ser de las más bajas de toda Europa occidental) y las prestaciones por incapacidad, subvenciones estas últimas que conllevaron cierto grado de fraude (en parte justificado por la situación de pobreza) entre la población, pues pese a haber aumentado la salud pública (mejora de la medicina, de las dietas, del estilo de vida…) y a haberse reducido la cantidad de personas con enfermedades invalidantes, las prestaciones por incapacidad no hacían más que subir. Y es que “la prestación por discapacidad se utilizó como una forma de adornar ligeramente las cifras del paro y no ser del todo sinceros” admitió el secretario del Estado Iain Duncan Smith. Glasgow es el ejemplo más claro; la ciudad alberga más beneficiarios de prestación de invalidez que cualquier otro municipio (debido al elevado grado de desindustrialización). Tras las elecciones del 2010, el Gobierno conservador tomó medidas contra los beneficiarios fraudulentos de estas prestaciones, lo cual resultó en un cúmulo de escándalos debido al establecimiento de un severo examen que dictaminaría la capacidad o no del individuo para trabajar y, en consecuencial, para tener derecho a acceder a dicha subvención; así personas con parkinson en grado avanzado,  con esclerosis múltiple eran considerados “aptos para trabajar”. Lo cierto es que esta teórica voluntad de dependencia del individuo del Estado del Bienestar está totalmente mitificada, según la Oficina de Estadísticas Nacionales la mitad de los hombres y un tercio de las mujeres que hacen una nueva solicitud la hicieron por última vez menos de seis meses antes (esto hace aún más absurda la idea de una subclase adicta a las prestaciones). La realidad es que simplemente no hay suficientes puestos de trabajo para todos (véase el caso de Merthyr, un pueblo galés en el cual había nueve demandantes de empleo por cada puesto de trabajo).

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