CAPÍTULO V: CRÉDITO PÚBLICO.

CAPÍTULO V: CRÉDITO PÚBLICO.

A) CONSIDERACIONES GENERALES.

§ 36. TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO.

La palabra crédito deriva del latín creditum, y esta locución proviene a su vez del verbo credere, que significa “tener confianza o fe”.

Consecuentemente, sostiene Oría que la expresión crédito se relaciona con dos formas de creencia: la confianza en la moral de una persona dispuesta a cumplir sus deberes y obligaciones, y la fe de que podrá cumplirlos por disponer de medios económicos.

Así, lo que cuenta es la seriedad y unidad de conducta, el respeto escrupuloso de los compromisos asumidos y el buen orden en la gestión de la hacienda pública.

Por otro lado, el término público hace referencia a aquel (Estado) que hace uso de la confianza en él depositada, solicitando la entrega de bienes ajenos en contra de la promesa de la ulterior restitución.

Entonces, podemos concluir que crédito público es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo.

Por su parte, el empréstito es la operación crediticia concreta mediante la cual el Estado obtiene dicho préstamo.

La deuda pública es la obligación que contrae el Estado con los prestamistas como consecuencia del empréstito.

§ 37. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

El hecho de que el crédito público se funde en la confianza y la buena fe es producto de su evolución histórica. El auge de este recurso estatal comenzó en el siglo xix. Los préstamos entre los Estados de la antigüedad resultaban muy difíciles a causa de las bancarrotas que se producían con la aparición de cada nuevo soberano. Por ello, los préstamos se efectuaban a corto plazo y por pequeñas sumas con garantías reales (por ejemplo, los bienes, las rentas y hasta las joyas de la corona) o personales (por ejemplo, un tercer soberano que aceptaba ser fiador), ya que siempre estaba presente la posibilidad de la falta de pago por repudios fraudulentos o quiebras estatales.

A partir del siglo xix, los Estados se organizan jurídicamente, la gestión administrativa evoluciona, los recursos pasan a ser permanentes, elásticos y productivos, y la responsabilidad del Estado adquiere relevancia. Todo lo cual resulta determinante para el auge del crédito público.

El mencionado auge del crédito público trajo como consecuencia la discusión doctrinal acerca de si realmente es un recurso público, y en su caso, cuáles son los límites de su racional utilización.

a) CONCEPCIÓN CLÁSICA.

Los hacendistas clásicos distinguen los recursos públicos propiamente dichos (por ejemplo, el impuesto), de aquellas otras medidas (como el crédito público) cuyo objeto es distribuir los recursos en el tiempo al solo fin de adecuarlos a los gastos.

Hay determinados momentos en que los fondos disponibles en las tesorerías no son suficientes para cubrir ciertos gastos que no admiten espera, ante lo cual se procuran dichos fondos mediante préstamos a corto plazo, los cuales se reembolsan al ingresar recursos y en el transcurso de un ejercicio presupuestario.

En consecuencia, del empréstito no derivan recursos per se, sino tan sólo la anticipación de recursos futuros que sólo se lograrían en el curso de varios años, pero que se los debe reunir de manera rápida ante lo impostergable de la erogación. Sin embargo, recaerán sobre las generaciones futuras los gastos efectuados a tales fines, ya que deberá ser devuelto posteriormente el préstamo junto con sus intereses, y esa restitución sólo podrá ser solventada mediante nuevos impuestos que pagarán las generaciones venideras.

Por otro lado, y en la faz económica, digamos que el crédito público es similar, en su esencia, al préstamo privado, ya que el objetivo perseguido es idéntico al que trata de obtener un particular cuando recurre a éste para hacer frente a gastos inmediatos que su presupuesto anual o mensual no puede solventar.

De lo dicho se concluye que el crédito público debe ser utilizado de forma excepcional, mesurada y restricta y no para cubrir gastos considerados normales.

b) CONCEPCIONES MODERNAS.

Las teorías modernas (Duverger, Somers, Giuliani Fonrouge, Hart, entre otros), aunque no en forma unánime, consideran que el crédito público es un verdadero recurso y que no puede estar limitado por circunstancias excepcionales.

Asimismo, no hay acuerdo respecto a que la deuda pública pueda ser similar a la privada. Según Hart, la diferencia esencial consiste en que el gobierno dirige la magnitud y composición de su deuda mediante el control sobre la moneda y la banca, poderes de los que carece el prestamista privado. Por otra parte, esa magnitud y composición no se limita sólo a la necesidad de cubrir apremios extraordinarios o déficit monetarios, sino que depende de otros objetivos diferentes (por ejemplo, el deseo de iniciar obras públicas para combatir la desocupación o el intento de regular el mercado de capitales o el volumen de la circulación monetaria). Tales características de las funciones del Estado y de su utilización del crédito, diferencian esencialmente la deuda pública de la privada.

Otra discrepancia surge respecto de que la carga de la deuda pública pase a las generaciones futuras. Autores como Duverger y Somers afirman que es la generación presente la que soporta la carga de los gastos públicos, cubiertos con el crédito público. Se sostiene que el empréstito significa una reducción de la renta nacional actual, al disminuir el poder de compra de los particulares, dado que el dinero es empleado para financiar gastos públicos en lugar de ser destinado a fines privados.

La conclusión de los defensores de estas teorías es que el empréstito estatal es un recurso que nada tiene de anormal, y que no puede estar rígidamente limitado a circunstancias extraordinarias

§ 38. LÍMITES.

El empréstito, como cualquier recurso estatal, tiene sus limitaciones. Recurrir o no a esta medida no depende de la necesidad de contar con recursos excepcionales para gastos extraordinarios, sino de razones de política financiera que tengan en cuenta diversos factores (por ejemplo, la existencia de ahorro nacional, la propensión a prestarlo, los efectos que tendrá en sus diferentes fases sobre la marcha económica de la Nación, las distintas clases sociales que pagan impuestos o suscriben empréstitos).

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