CUESTIONABLE RENOVACIÓN DEL USO DE PESTICIDAS DURANTE PANDEMIA DEL SARS-COV-2 EN BRASIL

CUESTIONABLE RENOVACIÓN DEL USO DE PESTICIDAS DURANTE PANDEMIA DEL SARS-COV-2 EN BRASIL

Cáceres Obada María Claudia, Condo Quispe Alexander Javier, Fernán-Zegarra Oliveria María Eduarda, Sucari Paco Erick, Urrutia Calsina Jhosselyn

¿Quedan claras las prioridades en el país vecino?, en medio a una pandemia que genera exorbitantes demandas económicas en los diferentes sectores públicos y privados del país, genera sorpresa mundial que los gobernadores estatales de Brasil decidieron por unanimidad ampliar una exención fiscal que beneficia la venta de agrotóxicos hasta finales de año 2020 al permitir la exoneración del 30% al 60% del valor total del  Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS). La exención se ve regulada por un convenio construido dentro del Consejo Nacional de Política de Hacienda (Confaz, por sus siglas en Portugués), el cual plantea el descuento del ICMS como el principal objetivo de la llamada “bolsa agrotóxico”, un paquete de beneficios que el agronegocio recibe por parte del gobierno y que cuenta aún con exoneraciones de otros impuestos tales como el IPI (Impuesto sobre los Productos Industrializados), el Impuesto a la Importación y otros los cuales, sumados a las exoneraciones adicionales de los pesticidas, superaron los R$ 10 billones apenas en el año 2017, de acuerdo con un estudio realizado por Abresco baseado en los datos del Censo Agropecuario de la Secretaria del Exterior (Secex), Receta Federal y de la legislación tributaria federal y estadual.

Como consecuencia, esto significa que los gobiernos estaduales dejarán de recaudar y, asimismo, las empresas dejarán de pagar más de R$ 6,2 billones anualmente, de acuerdo con un estudio de de la Asociación Brasilera de Salud Colectiva (Abrasco). Con ese valor, los estados podrían comprar más de 90 mil respiradores mecánicos (suponiendo que cada uno tiene un valor promedio en el mercado de US$ 13 mil) o más de 82 millones de tests para la detección del virus actual (suponiendo que cada uno tiene un valor promedio en el mercado de R$75); valores que se ven “inflados” a nivel mundial debido a la actual demanda ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2.

La decisión fue tomada, para rematar, sin la base científica y técnica necesaria, lo cual deja mucho por desear y confirmar la ineficiencia del gobierno actual ya que; todas las veces en las que los estados se reúnen para votar acerca de esta cuestión, un grupo técnico presenta un estudio que ayude a evaluar si el convenio está realmente produciendo el efecto deseado (con excepción de esta última oportunidad).

Anualmente, Brasil se ve afectado por desastres naturales tales como inundación, sequías, deslizamientos; así como desastres desencadenados por factores antropogénicos con consecuencias directas al ambiente como la degradación de suelos agrícolas y la deforestación, eventos que resultan en pérdidas de vida animales y humanas, pérdida de bienes y medios de subsistencia (recursos naturales, por ejemplo) ya que dichos factores debilitan la seguridad alimentaria en la población, acceso a productos de primera necesidad y, además de verse amenazado por la ocurrencia de estos desastres naturales, la seguridad alimentaria se ve afectada en el incremento de los precios de los alimentos, la no erradicación de la extrema pobreza y de la inseguridad alimentaria moderada y grave, mantener las desigualdades socioeconómicas, étnico-raciales y de género, ignorar las tendencias de aumento de las tasas de exceso de peso y de obesidad y la no consolidación de la intersectorialidad y de la participación social en la implementación de la Política y del SISAN para la consecución del derecho humano a una alimentación adecuada en todo el territorio nacional.

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