Columna de Opinión Legalización de la Coca en Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

Macroeconomía & Desarrollo

Sofía Peraza

Columna de Opinión

Desde la década de los 90, Colombia ha sido uno de los principales productores y exportadores de cocaína en el mundo a causa de una serie de condiciones estructurales que facilitan el cultivo, la manufacturación y la exportación de esta droga. (Rosen y Martínez, 2016) Por ejemplo, la des legitimización del régimen, la debilidad de la sociedad civil, los altos índices de violencia, la geografía del país, la gran escala de actividades económicas ilegales y la aceptación social de estas actividades ilícitas, entre otros. (Lee y Thohumi, 2003 citado por Rosen y Martínez, 2016) Estos factores explican la predominancia de tráfico de drogas en países de la región Andina, Centroamérica, el Caribe y México. Así, en el año 2000 se firmo el Plan Colombia; un tratado de cooperación internacional con el objetivo primordial de combatir y erradicar tanto el cultivo como el tráfico de drogas en estas zonas. Sin embargo, con el desencadenamiento de distintos procesos globalizadores y cambios en el mercado ilícito, los carteles de droga han comenzado a experimentar deslocalización, trasladando sus problemas a países nuevos y más vulnerables. (Wainwright, 2016) Además, los carteles buscan permanentemente mejorar el negocio; se desarrollan nuevas técnicas y recetas en laboratorios clandestinos y se presiona a los cultivadores para que produzcan las mismas cantidades con menos cultivos. Es así como, soluciones como la erradicación de cultivos, tiene impactos en la población equivocada; volviendo aún más pobres a los cultivadores sin mucha incidencia en los carteles o consumidores.

Partiendo de los anterior, este artículo pretende realizar una crítica a la concentración por el cortoplacismo que guía las acciones gubernamentales, su centralidad en la disminución de la oferta en el mercado del tráfico de drogas y sus propuestas nacionales. Estas acciones, pese a evidenciar cambios, como lo propone Wainwright en su libro “Narconomics”, son ineficaces para erradicar el tráfico de drogas y acentúan características de este.

Acción Gubernamental

El estudio de la problemática de las drogas en Colombia se ha centrado en la dinámica de la producción y el tráfico, así como sus efectos sobre las instituciones y la sociedad en general. Sin embargo, son pocas las investigaciones en torno a las problemáticas efectivas y contundentes frente al auge del mercado ilegal en la nación. Especialmente al considerar la relación entre la producción y comercialización de drogas con la violencia y el conflicto armado. Por ejemplo, en Colombia entre 1996 y 2008, el consumo de drogas duplico y como bien se estableció que los consumidores frecuentes constaban de hombres jóvenes consumidores de licor y tabaco y pertenecientes a estratos medios/altos, no se logró determinar las causas precisas para este incremento. (Gaviria y Mejía, 2011)

Es relevante destacar el cortoplacismo constante y dañino con el que los gobiernos ahorran en intervenciones tempranas y prefieren realizar gastos más grandes posteriormente. Es decir, medidas sumamente útiles como la rehabilitación de carcelarios o los tratamientos para adicciones se encuentran entre los primeros programas a recortar en presupuesto mientras que la acción directa contra los delincuentes, que, aunque suscita grandes costos es auspiciada con orgullo. Así, cuando se trata de combatir el crimen el dinero en ejecución no representa un problema, pero en la prevención sí.

Ataquemos la oferta

Es esencial destacar que el costo de la hoja de coca es demasiado bajo como para tener un impacto en el precio final de la cocaína. La cantidad de hojas necesaria para realizar un kilo de cocaína pura tiene un costo aproximado de 380 dólares. Una vez obtenida la cocaína pura, este kilo podría venderse a 800 dólares en Colombia, a 2 mil 200 dólares al ser exportado y a 14 mil 500 dólares en Estados Unidos. Por lo mismo, aún si se duplicara el costo del cultivo de coca, no aumentaría en más de 1% el precio del producto final. (Wainwright, 2016).  Entonces, incluso si se atacará el problema desde la oferta, debería abordarse al final de la cadena, en donde el producto es lo suficientemente valioso para que, al ser confiscado, suponga una pérdida amplia para el productor y el distribuidor.

En el caso de Colombia, los grupos armados funcionan como monopsonios. Significando que, en una región determinada, un grupo determinado lidera e impone las condiciones (Wainwright, 2016) Así, la demanda de los agricultores será la misma, pero con menos cultivos para proveer y con un precio previamente impuesto por su comprador. Es decir, si el costo de la producción de la hoja de coca sube, serán los agricultores quienes asuman el costo, no el cártel ni el consumidor. Por otro lado, la mayor parte de la evidencia sugiere que la demanda de drogas es inelástica y por lo mismo, los consumidores continúan comprando más o menos la misma cantidad que antes incluso si los precios suben. (Wainwright, 2016) Esto trae impactos que incluso benefician al productor de droga pues, por una misma cantidad los precios se elevan inimaginablemente mientras que la producción sigue suscitando los mismos costos.

Así, la economía básica plantea que abordar el problema de la demanda (los consumidores) tendría más sentido. Es decir, abordar la problemática desde el consumidor (que es quien aporta primariamente a la permanencia del cártel) y como solucionar su adicción, los resultados no serían rápidos, pero si eficaces.  De esta manera, con la implementación de políticas que disuadan a las personas a consumir drogas la demanda caería, a lo que los traficantes responderían disminuyendo los precios de sus productos y el consumo; atacando los dos frentes primordiales.

...