Conflicto territorial
Enviado por Luisa Fernanda García • 23 de Julio de 2022 • Práctica o problema • 6.301 Palabras (26 Páginas) • 65 Visitas
TRABAJO FINAL
CONFLICTOS TERRITORIALES, ORDENAMIENTO Y CIUDAD: UN ACERCAMIENTO A INTERVENCIONES TERRITORIALES EN SANTIAGO DE CALI
CASO: URBANIZACIÓN ALTOS DE SANTA ELENA, POLVORINES[a]
[pic 1]
LUISA FERNANDA CAPADOR SANCHEZ
JANNER LEANDRO GARCIA FLOREZ
HUGO FARLEY MORENO
MADELEIN JASIBE PIEDRAHITA VELEZ
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (208017 M)
JAVIER E THOMAS B
UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE GEOGRAFÍA
OCTUBRE DE 2021
DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño metodológico que se muestra a continuación, corresponde al proceso seguido, mediante el cual, en primera instancia, se seleccionó el caso de estudio que comprende a la urbanización de Altos de Santa Elena (ASE) ubicado en la comuna 18 de Santiago de Cali (2020-2021). Continuo a esta fase se evidencia el conflicto territorial del derecho a la vivienda; según el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia: “todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
Posteriormente a esta fase, se halla la caracterización del conflicto territorial y la respectiva consulta bibliográfica, debido que, es de gran importancia saber cuales son las fuentes e insumos que son útiles para la elaboración y ejecución del estudio, de modo que el presente está compuesto por: informes de prensa y columnas, la Alcaldía [b][c][d]y Secretaría de Planeación, informes de organizaciones no gubernamentales e investigaciones académicas.
En la siguiente etapa, se expone el estado actual, donde se realiza un acercamiento a los actores implicados, por medio de encuestas a los habitantes de (ASE) y entrevistas a los líderes del proceso y de la mesa de negociación. A su vez, también se presenta el marco técnico y normativo apoyado en el POT 2014 y la Constitución Política de Colombia.
Finalmente, se prosigue con las reflexiones y la prospección territorial, como fase de recolección de las problemáticas del pasado y presente, que pretende subsanar las condiciones del futuro, en pro del beneficio hacia la comunidad.
Gráfico 1. Diseño metodológico de estudio. Fuente: Elaboración propia. [pic 2]
EL DERECHO A LA VIVIENDA
El derecho a la vivienda es un derecho universal, como parte de un nivel de vida adecuado, es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales, donde las familias cuenten con un espacio suficiente para sus ocupantes, protegidos de condiciones climáticas y servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad, además, comprende las medidas necesarias para prohibir los desplazamientos forzosos, luchas contra la discriminación, centrándose en grupos en situación de vulnerabilidad y marginación. Para proteger efectivamente el derecho a la vivienda es necesario prestar atención a ciertos grupos, en especial los que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, el Estado debe adoptar medidas eficaces para asegurar que no se discrimine contra ellos, así mismo, debe en la medida en que se lo permita los recursos que dispone, prevenir y solucionar la carencia de vivienda.
El derecho a la vivienda es un derecho compuesto, pues la vulneración de este acarrea la de otros derechos e intereses fundamentales. Según Pisarello [e]la violación de este derecho “hace peligrar el derecho al trabajo, que se torna difícil de buscar, asegurar y mantener. Amenaza el derecho a la integridad física y mental, que se encuentran en permanente jaque cuando se vive bajo la presión de un alquiler que no se puede pagar. Finalmente dificulta el derecho a la educación, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad”[1].
En Colombia se evidencia una masiva movilización de la población rural a áreas urbanas, producto del desplazamiento forzado y búsqueda de mejores oportunidades, no obstante, el problema no solo radica en el número de desplazados que deja esta violencia territorial, sino también en las condiciones de pobreza y pobreza extrema a las que se ve obligada a vivir esta población en sus nuevos lugares de asentamiento, principalmente en las grandes ciudades. En respuesta al clamor de los afectados de esta situación el Estado colombiano ha implementado el modelo de subsidio de VIS y VIP.
Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés prioritario (VIP) como contexto de la problemática
Una vivienda de interés social, también conocida como VIS, es una vivienda que cumple con los estándares mínimos de calidad, construcción y habitabilidad y cuyo valor máximo asciende a los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLV). La venta de este tipo de viviendas está orientada a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad que bajo un programa de gobierno, requieren alquilar o subsidiar su primera vivienda pero poseen unos ingresos económicos y adquisitivos bajos, por otro lado, el Ministerio de Vivienda define una vivienda de interés prioritario como aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM), es decir, de 63,59 millones de pesos para el año 2021, este programa, a diferencia del VIS, se enfoca en aquellos que requieren pronta asistencia y viven bajo condiciones de pobreza extrema; se suele priorizar a madres y padres cabezas de familia, personas de la tercera edad, desplazados y habitantes de zonas con riesgos no mitigables[2].
CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO
Contexto Histórico - Cali como ciudad agente receptivo de migrantes
Los fenómenos migratorios han marcado la configuración del espacio nacional, así como las formaciones urbanas colombianas. Junto a ello, a mediados del siglo XX, las migraciones internas del campo a la ciudad dejaron históricos efectos sobre la malla urbana del país (Sánchez, 2008).[3] De estos hechos no se escapa la ciudad de Santiago de Cali, que ha sido una de las ciudades de Colombia con cifras muy altas de recepción de migrantes, en especial, provenientes de los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, dinámica que no ha tenido un stop (pare) en la historia del municipio, pues la llegada de los migrantes a ciudades principales como esta, es una respuesta a los desplazamientos forzados en el campo de Colombia, desde la guerra bipartidista, conflicto armado y la etapa del posconflicto que es la que se enmarca desde el año 2016, en donde la guerrilla más grande de Colombia, FARC hizo la dejación de armas y firmó, junto con el gobierno, un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto armado, sin embargo no ha sido así, y lo que seguimos viendo es que los enfrentamientos entre el ejército y grupos al margen de la ley continúan y siguen generando el desplazamiento de comunidades étnicas y campesinas. El fenómeno de migración hacia las principales urbes de este país no ha dejado de ser una curva que crece exponencialmente [f]y que demarca el inicio de problemáticas territoriales en las ciudades como lo es, la de los asentamientos subnormales o también llamados Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) que son el resultado de la necesidad de poder garantizarse un techo y a partir de ahí, empezar a construir territorio y tejer lazos sociales en una ciudad desconocida.
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