Crisis instituciona

15 DE JULIO DE 2012

¿Quién necesitaba un quiebre institucional?

Por Rolando Niella

“La destitución del presidente Fernando Lugo fue fruto de una profunda crisis institucional”, afirmó en su análisis de la situación paraguaya el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. También aseguró que en su opinión, el procedimiento se ajustó a la normativa constitucional, aunque cuestionó la premura con la que se realizó.

Unos días antes, en medio de la vorágine de declaraciones y contradeclaraciones a favor y en contra de la destitución, un legislador, cuyo nombre no retuve, afirmó en una entrevista radial que, si los plazos hubieran sido más largos, en lugar de en sus bancas del Congreso los legisladores estarían en la cárcel. Un argumento poderoso.

Si se tienen en cuenta el reclamo del canciller venezolano a las Fuerzas Armadas Paraguayas de desconocer la autoridad del Poder Legislativo y los cada vez más abundantes indicios de que al menos una parte importante del entorno más cercano de Fernando Lugo y él mismo, según variadas denuncias inclusive surgidas de la propia Iglesia Católica, han estado vinculados a los sectores más radicales y violentos de la izquierda, pareciera que la premura del juicio político fue justificada.

De todas formas, en mi opinión, un juicio político debería ser siempre lo más rápido posible, para evitar que el país quede sin gobierno y así minimizar el riesgo de que se inicie un proceso de violencia y enfrentamientos callejeros o que la crisis política derive en un verdadero quiebre institucional y un golpe de Estado.

Por otra parte, si bien es cierto que el país padece una grave crisis institucional –yo mismo lo había comentado en estas mismas páginas mucho antes de que se produjera la destitución de Lugo –, lo que determinó, en realidad, el juicio político fue el quiebre o quizás sería mejor decir la explosión de la alianza que obtuvo la victoria en las últimas elecciones generales. Lugo perdió el apoyo del último sector liberal que lo sostenía y, en consecuencia, quedó con un insignificante respaldo parlamentario.

Tan insignificante era su respaldo parlamentario (apenas una única diputada y cuatro senadores, en total cinco legisladores de ciento veinticinco) que, con o sin juicio político, quedó absolutamente incapacitado para gobernar el país en forma democrática, respetando la organización institucional. La única forma en que Fernando Lugo podría haber gobernado con tan exiguo apoyo en el Congreso Nacional hubiera sido quebrantando la institucionalidad democrática vigente y atropellando las potestades del Poder Legislativo.

Más allá de los sucesos, por todos conocidos, que desencadenaron finalmente la destitución, se puede decir que el propio Fernando Lugo generó las condiciones para ser destituido. No se puede olvidar que llegó a la Presidencia encabezando una alianza, dentro de la cual su propio grupo político era minoritario. Aparentemente él lo olvidó o pretendió y creyó que podía pasarlo por alto.

El sector mayoritario de las fuerzas políticas que conformaron la alianza, el mayor volumen de votos y también el aparato electoral pertenecían al Partido Liberal. Llegar de esta manera a la presidencia y después pretender gobernar sin tener en cuenta a los aliados, como si se hubiera ganado en solitario, fue simplemente un suicidio político.

Resumiendo: Abundantes amistades con países poco o nada democráticos, actitudes arrogantes y hasta irrespetuosas con los otros sectores de la alianza en nombre de la cual gobernaba, pérdida cada vez más evidente de respaldo parlamentario y, en vista de las limitadas reacciones populares, desencanto de los movimientos sociales… ¿quién necesitaba entonces un “quiebre institucional”?

15 DE JULIO DE 2012

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