Crisis institucional del 7 de diciembre

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

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2024

ANALISIS

El 7 de diciembre de 2022, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, dio un mensaje a la nación, en el cual anunció la decisión de establecer un gobierno de excepción, disponiendo ciertas medidas.

Asimismo, en el mensaje pronunciado, el presidente hizo un llamado a las organizaciones sociales a respaldar sus decisiones, varias de las cuales ya se encontraban movilizadas contra una decisión posible de vacancia presidencial y una postura de rechazo al Congreso. La respuesta de los otros poderes y organismos autónomos fue rápida y unánime, al rechazar, usando distintos términos, lo anunciado por el presidente Castillo. Los plenos del Tribunal Constitucional y el de la Junta Nacional de Justicia expresaron su rechazo al “golpe de Estado”. El pleno de esta última institución señaló que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”. La presidenta del Poder Judicial expresó que dicho poder “no acatará bajo ningún fundamento, en ninguna circunstancia, una decisión inconstitucional”, en rechazo a la decisión anunciada. Por su parte, el Procurador General del Estado señaló en un comunicado que el presidente “ha violado flagrantemente la Constitución Política del Perú” y que “interpondrá denuncia penal ante la Fiscal de la Nación”. La representante de esta última institución rechazó también el “quebramiento del orden constitucional”. Igualmente, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento señalando que “el Perú se enfrenta a un quiebre constitucional que no tiene otra denominación que un golpe de Estado. Los hechos de los cuales somos testigos, por parte del gobierno de Pedro Castillo, ya no solo socavan la institucionalidad: directamente destruyen todo espacio de democracia en la que voces distintas puedan encontrarse y la ciudadanía verse representada”, demandando, bajo dichos argumentos, la renuncia del señor Pedro Castillo. Ante esta situación, el Congreso de la República declaró la vacancia presidencial y se dispuso que la vicepresidenta de la República, la señora Dina Boluarte, asuma la Presidencia como resultado de la aplicación de la sucesión presidencial establecida en el artículo 115 de la Constitución.

CRISIS INSTITUCIONAL DEL 7 DE DICIEMBRE

1. Rompimiento del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022

El 7 de diciembre de 2022, el expresidente de la República, Pedro Castillo, anunció mediante un mensaje televisivo a la nación su decisión de “establecer un gobierno de excepción orientado a reestablecer el estado de derecho y la democracia”, dictando las siguientes medidas:

Disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Anunciar elecciones para uno nuevo lo antes posible, Congreso con autoridades constitucionales para redactar una nueva constitución en un plazo no mayor a 9 meses, hasta la instalación del nuevo Congreso de la República se regirá por decretos-leyes.

El toque de queda a nivel nacional comienza hoy miércoles 7 de diciembre desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. Esto fue declarado en reorganización del sistema de justicia: poder judicial, ministerio de gobierno, las armas ilegales deben entregarlas a la Policía Nacional en un plazo de 72 horas, quien no lo haga comete un delito sancionado con pena privativa de la libertad.

La asistencia de las Fuerzas Armadas dirigirá todos sus esfuerzos al combate real y delincuencia efectiva, corrupción y narcotráfico, llamando a todos los sectores sociales de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y todos sectores sociales para apoyar estas soluciones, que nos permiten orientar el país hacia su desarrollo sin discriminación alguna.

La decisión de la OEA se tomó en respuesta al artículo 27 de la Convención Americana sobre derechos humanos. En este interregno, tal como llegamos pregonando y realizado desde el principio, el modelo se observa estrictamente económico, basado en una economía social de mercado, que se basa en

Es decir, se respeta y garantiza la propiedad y la iniciativa privadas. libertad de empresa privada, con participación del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, prohibición de monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables.

Este anuncio se produjo horas antes de que el Congreso de la República votara una propuesta para dejar vacante la vacancia presidencial debido a la persistente incapacidad moral provocada por denuncias de corrupción del expresidente Pedro Castillo, miembros de su familia y agentes de confianza de su gobierno. Esta será la tercera propuesta para la vacancia presidencial desde que asumió el cargo el expresidente Pedro Castillo.

Según información recibida durante la visita en diciembre de 2022, luego de anunciar la disolución del Congreso, el expresidente Castillo ordenó al director general de la Policía Nacional evacuar por la fuerza el Congreso y arrestar a la Fiscal General de la Nación.

La Comisión considera que la decisión del expresidente Castillo no correspondió a ninguna razón constitucional que permitiera la disolución del Congreso; Tampoco tenía autoridad constitucional para ordenar unilateralmente la reorganización del poder judicial.

1. Respuestas de las instituciones ante el rompimiento constitucional

En particular, fue rechazado internamente por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía General y la Procuraduría General, por considerarlo inconstitucional. Por su parte, las fuerzas de seguridad del Estado emitieron un comunicado conjunto en el que respetan el “orden constitucional establecido” y que cualquier acción contraria a este “constituye una violación a la Constitución y da lugar al incumplimiento de la misma por parte de las fuerzas armadas y la policía." Perú".

El 7 de diciembre en horas de la tarde, el congreso aprobó la moción de vacancia presidencial. Este hecho dio lugar a la sucesión constitucional establecida en el artículo 115 de la Constitución peruana, asumiendo la ex vicepresidenta electa Dina Boluarte el cargo de presidenta constitucional.

En esta ocasión, la Comisión reconoció la acción inmediata de algunas instituciones peruanas en defensa de la democracia para restablecer el orden institucional y llamó a garantizar la gobernabilidad del país.

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