EL CONFLICTO AGRARIO, UN PROBLEMA DE TIERRA4

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Tabla de contenido

RESUMEN2

INTRODUCCIÓN3

EL CONFLICTO AGRARIO, UN PROBLEMA DE TIERRA4

CONCLUSIONES9

REFERENCIAS10

RESUMEN

En el marco de la historia colombiana,  la tierra ha sido un factor del conflicto armado en la disputa por la tenencia, así se han visto en medio del conflicto miles de campesinos que han sido despojados y obligados a desplazarse a otras latitudes siendo atropellados con vejámenes y puestos con sus núcleos familiares a la intemperie. Los problemas se registran desde épocas posteriores a la independencia, a causa de cultivos como la quina y el tabaco, que demandó el aumento de trabajadores e igualmente la demanda de tierras; Luego esta situación agudizó, pues el campo era un tema de interés nacional, ya que más del 70% de la población era  campesina para 1905, y con el aumento de minifundios se dio hasta 1930 cuando se consolidó el café como producto de exportación.

Los colombianos para la época, reclamaban una reforma agraria que les permitiera acceso equitativo a la tierra, y éstas solicitudes, pasaron a traducirse en la consolidación de algunos latifundios que tenían problemas con arrendatarios, colonos e indígenas, y  como respuesta de ayuda a ellos, se impulsó, la Caja de Crédito Agrario y la Junta de Cuestiones Sociales y Asuntos Agrarios para resolver los múltiples problemas.  

A todo esto habría que agregarle, la sistemática ampliación de la frontera agrícola, que lleva a destruir nuestra notable biodiversidad; y  añadir además que la ganadería ha vuelto improductivos muchos de nuestros suelos, sin olvidar la minería ilegal como un combustible para la guerra y la “locomotora minera” que atenta contra la riqueza ambiental y las comunidades campesinas

El RUV tiene registradas 7.675.032 víctimas del conflicto armado interno nacional de este total, se reportan 109.230  personas que sufrieron desplazamiento forzado en el año 2015 además se han redactado con base en el número de solicitudes de restitución de tierras, y las estimaciones van hasta los 500.000 campesinos despojados.

Los despojos poseen un alto índice de intensidad o número de individuos expulsados en los departamentos del  Choco con 0,287 y Guaviare con 0,195. Los departamentos con mayor número de personas afectadas por el conflicto armado fueron Antioquia (1.546.822), Bolívar (590.081), Magdalena (472.586), Cesar (402.945), Valle del cauca (369.678).

En Colombia el 83% de la población desplazada inscrita en el registro único de población desplazada (RUPD) perdió algún bien (sin contar los muebles del hogar): el 72% animales, el 50% maquinaria y equipo, el 42% tierras, el 32% cultivos, el 24% infraestructura productiva y el 19% bienes raíces no rurales.

Teniendo en cuenta que la población se desplaza hacia  el área urbana, esto dificulta la posibilidad de crear y dimensionar espacios para promover la agricultura y ganadería sostenible a través de la participación de entidades públicas, organismos sin ánimo de lucro y empresas privadas que pueden participar con el aporte de capital para financiar campañas dirigidas a la población rural.

Las personas que arrebatan estas tierras las utilizan para cultivos ilícitos, lo cual conlleva a la tala de árboles y destrucción de paramos, recursos naturales por parte del gobierno se obtiene un gran daño por las fumigaciones del glifosato, se trata de un herbicida que se utiliza en más de 750 productos para aplicaciones agrícolas, forestales

Hoy luego de largos años de conflicto armado y con la puesta en marcha de diálogos de paz con el ELN y las FARC, se vislumbra que muchos ex combatientes enfilen grupos ilegales como las BACRIM, en los que se han engrosado ex paramilitares que fueron desmovilizados y que hoy delinquen en la ruralidad de los municipios y en las mismas grandes ciudades, con delitos frecuentes como el hurto, la micro extorsión y el secuestro, además de un sin número de homicidios a diario en disputa por el control de la tierra y las  zonas donde delinquen.  

INTRODUCCIÓN

Colombia rural razones para la esperanza es un informe nacional del desarrollo humano del año 2011 el cual  propone una reforma rural transformadora, acompañada de una red social y académica de reflexión, conocimiento y acción sobre desarrollo rural, en el que el ordenamiento territorial es un instrumento de la transformación buscada. Este Informe de Desarrollo Humano hace un balance completo y, sobre todo, oportuno de la situación de la Colombia rural. Cuáles son las necesidades más apremiantes de los pobladores rurales en situación de vulnerabilidad y cuáles sus capacidades de recuperación; cómo y por qué está concentrada la propiedad de la tierra y cuáles son los efectos de ello; de qué forma se ha ocupado y explotado el suelo y qué conflictos han surgido de allí, pues Colombia es más rural de lo que se piensa. Pero por casi cuarenta años, la progresión del proceso de urbanización como la ruta privilegiada hacia la modernización opacó esa realidad. Según el Informe, no el 25 sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales. Como reto crucial para el despegue de la Colombia rural, el Informe plantea el de la superación del conflicto armado, se concentra en algunos factores estructurales que pudieron facilitar la expansión y degradación del conflicto y en sus efectos sobre el tejido social y la gente, antes que en la dinámica o la lógica de los actores armados.

En la medida en que conflicto agrario y conflicto armado se mezclan y articulan en el territorio, el problema del acceso equitativo a la tierra se ha hecho más difícil de entender y sobre todo, de resolver. Hay una enorme necesidad de conocer la realidad y sutilezas regionales y locales, de las cuales quizás la más importante sea el papel de las élites rurales y su articulación con las instituciones públicas y con los actores del conflicto.

El despojo y abandono de tierras va de la mano con el desplazamiento forzado de los pobladores rurales, y se han constituido en un desafío enorme para la política pública. Lograr la restitución efectiva de las tierras arrebatadas a los campesinos y a la población rural, y una reparación integral a las víctimas del conflicto, así como crear las condiciones para el retorno seguro de los desplazados que decidan volver a sus sitios de origen, y la estabilización socioeconómica para los desplazados, son los grandes retos para la ley de víctimas y restitución de tierras impulsada por el gobierno nacional

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