ENSAYO DE PLANEACION ESTRATEGICA

Podemos empezar en que las entidades territoriales son los Departamentos, municipios y territorios indígenas.

Cabe destacar que en 1954 se creó el primer distrito en Colombia, el Distrito Especial de Bogotá. La constitución de 1991 cambió su denominación a Distrito Capital y aumento el número de distritos a 4 con las tres principales ciudades del norte del país Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. En julio de 2007 se aumentó el distrito a 10 con 3 capitales y 3 puertos marítimos: Cúcuta, Popayán, Tunja, Turbo, Buenaventura y Tumaco.

Un mensaje que me pareció muy interesante Colombia un país para querer, Colombia un país para mostrar, Colombia un país para conocer.

También debemos tener en cuenta que en ordenamiento territorial hay unos criterios que deben ser tomados en cuenta para una cultura mejor que son los siguientes:

Reconocer y aceptar la diversidad geográfica del país, la heterogeneidad étnico-cultural de los grupos humanos que lo habitan y la variedad de unidades político- administrativas que gobiernan.

Tratar el ordenamiento territorial como material integral, físico, social, administrativo, económico, técnico jurídico y política.

Diseñar los ordenamientos territoriales de acuerdo con las características geo- ambientales del territorio con el fin de garantizar la salud del medio, la permanencia del patrimonio natural y la calidad de vida de la población.

En la constitución de 1991 se dio un avance importantísimo, significativo, no suficiente al reconocer las regiones como tales, así como el carácter multiétnico de nuestra sociedad, a estas alturas unos propugnan por la descentralización como capacidad de gestión administrativa y otros por la autonomía como la capacidad de decisión política siendo esta ultima la que demandan a gritos los entes.

Su objetivo principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio. Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

A pesar de los esfuerzos por profundizar la autonomía territorial, los gobiernos locales no han podido aprovechar con suficiencia los espacios abiertos por la Constitución del 91, manteniéndose en el círculo vicioso de la dependencia centralista; unas veces asidos por los intereses de la política tradicional y la corrupción local, otras veces dominados por una visión de corto plazo y, casi siempre, asfixiados por las responsabilidades que el nivel nacional les asigna bajo una descentralización que privilegia la desconcentración y pocas veces el fortalecimiento de las capacidades locales.

Esta situación, en contextos de apatía ciudadana por lo público, de baja capacidad organizacional de las comunidades y de alta subordinación de los pobladores al poder institucional local, resta gobernabilidad democrática al municipio, impide el ejercicio de la autonomía del territorio y deteriora la convivencia.

Este patrón de construcción de lo público es el que ha venido orientando el desarrollo local en buena parte de los municipios de Colombia. La asimetría del diálogo entre las regiones y la nación ha constituido un factor de inequidad territorial que ha propiciado la exclusión, el atraso regional y un escenario propicio para el desarrollo de conflictos sociales, políticos, culturales y ambientales aún no resueltos y muchos de ellos todavía invisibles para el país. Lo que sí es cierto es que en un mundo cada vez más interdependiente, lo que sucede en el territorio afectará inevitablemente a la nación.

Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Sin embargo, dada la amplitud de los objetivos de la PDET, difícilmente podrán alcanzarse si no hay claridad sobre los arreglos institucionales que rigen el modelo de Estado definido en la constitución de 1991, la descentralización y el papel protagónico y esencial que desempeñan las entidades territoriales en Colombia. Tradicionalmente, las entidades públicas responden a funciones sectorizadas o de especialización, por ejemplo,

Finanzas públicas, salud, educación, infraestructura, etc., pero son pocas las entidades que, como los departamentos y municipios, responden a la integralidad de estas funciones enfocadas al territorio; son dichas expresiones del modelo estatal las que atienden directamente las necesidades de los ciudadanos.

De otra parte, entendemos que para la sostenibilidad, ajuste y perfeccionamiento de nuestro sistema político, el fortalecimiento de la democracia local es un imperativo inaplazable. Si bien muchos esfuerzos se han emprendido en el pasado en ese sentido, nunca un proceso integrador y debidamente articulado se ha planeado y ejecutado con éxito; quizás por la actitud pasiva

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