Ejecucion De Sentencias

EJECUCION DE SENTENCIAS

Entendemos por ejecución de sentencia el conjunto de actuaciones procesales tendentes a la ejecución de un derecho subjetivo reconocido en un título de ejecución, que es lo que habilita el inicio de la fase de ejecución dentro de un proceso contencioso administrativo.

La ejecución de sentencias ha sido identificada como el problema fundamental del contencioso administrativo, ya que al ser la culminación del proceso, se verifica en este si un Estado es de Derecho o no. Ello es, de nada vale la pena el proceso si no es posible ejecutar lo decidido

Como quedo dicho, la ejecución de las sentencias forma parte normal del proceso judicial, la triada integrada por “acción-proceso-jurisdicción” fundamenta esa afirmación, por ende, el contencioso administrativo es un proceso al que le son aplicables los mismos principios y consecuencias del proceso en general.

EJECUCION

Del latín exsecutĭo, el término ejecución permite nombrar a la acción y efecto de ejecutar. Este verbo tiene varios significados: poner por obra algo, desempeñar algo con facilidad, tocar una pieza musical, ajusticiar, reclamar una deuda por un procedimiento ejecutivo o, en informática, realizar las operaciones que son especificadas por un programa.

En el ámbito del derecho y la justicia, el concepto de ejecución tiene dos grandes usos. Por un lado, hace referencia a dar muerte a un condenado: “La ejecución del dictador iraquí se llevó a cabo pese a las protestas de miles de personas”, “Hace unas horas se concretó la ejecución del asesino serial de Texas, quien fue ajusticiado con una inyección letal”.

Ejecución es, por otra parte, un procedimiento judicial con embargo y venta de bienes para lograr el pago de deudas: “Ya nada ni nadie puede impedir la ejecución: vamos a tener que dejar la casa”, “El intendente prometió que detendrá las ejecuciones que afecten a los deudores hipotecarios”.

INTERVENCION JUDICIAL

La intervención judicial de una sociedad consiste en la designación de una o más personas para hacerse cargo de la administración de una sociedad, desplazando a los administradores convencionales o para coadministrar o para controlar la administración o para ejecutar una medida concreta propia de un órgano de administración. La designación se hace con carácter transitorio y en circunstancias excepcionales.

Su fundamento es la tutela de los intereses sociales de los socios, que pueden verse afectados por una actuación indebida de los administradores o por la inactividad de los órganos de administración, ocasionada por una vacancia o por cualquier otro hecho que impida la adopción de resoluciones válidas y, por ende, trabe la marcha normal de la sociedad.

Cuando la sociedad se ve afectada por una mala gestión o por la inactividad de los órganos sociales, se perjudica el patrimonio social

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