LA DESCENTRALIZACION EN COLOMBIA

LA DESCENTRALIZACION EN COLOMBIA

Los procesos de descentralización, que implicaron incipientes transferencias a los gobiernos locales de responsabilidades en cuanto a la provisión de servicios, así como de mayor poder fiscal, han hecho parte de las reformas económicas y políticas aplicadas en América Latina y el Caribe, con mayor énfasis a partir de la década de los ochenta, y han concentrado gran parte de las acciones del Estado en su transformación. En Colombia se han dado estas reformas, especialmente desde mediados de los ochenta, cuando se comenzó a experimentar un proceso de descentralización administrativa4 , política5 y fiscal, mediante la formulación y la aplicación de un conjunto de normas que han buscado la independencia fiscal entre los diferentes niveles de gobierno, permitiendo a los municipios establecer sus propias tasas de impuestos y mecanismos de exención dentro de ciertos límites (Ley l4 de 1983), lo que ha fortalecido el sistema de transferencias y de cofinanciación6 del Gobierno central (Ley 12 de 1986), y ha servido para que a partir de 1988 se introdujera la elección popular de alcaldes y se modificaran los sistemas de prestación de los servicios de educación y salud. Se sostiene que los gobiernos descentralizados generan una intensa interacción entre los distintos niveles de gobierno, que al tener vida e intereses propios, y al contar con un cierto margen de acción relativamente independiente, se traducen en tensiones constantes de diferente intensidad y complejidad, las cuales ayudan a develar intereses particulares de las comunidades y producen intercambios entre los actores gubernamentales participantes. Esos consensos y disensos crean un cúmulo de nexos que estimulan la construcción de mejores comunidades.

Este tema es muy importante dentro del modo de ejercer el poder en la gestión de los recursos econó- micos y sociales de un país, es un mecanismo para promover acciones positivas en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es una manera de legitimar el Estado mediante una mayor participación ciudadana y el acercamiento de este a las comunidades locales. Estos efectos han llevado a muchos países, en los últimos años, ha descentralizar un amplio rango de poderes, funciones y recursos del orden nacional hacia niveles regionales o locales de gobierno, buscando mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, fortalecer la política social y el desarrollo de sus territorios.

Estas ideas arribadas a Colombia, permitieron que este proceso se profundizara con la Constitución Política de 1991, al incrementarse la transferencia automática de recursos a los entes territoriales, otorgarle autonomía a los departamentos en la administración de los asuntos regionales de planeación y promoción del desarrollo económico-social en su territorio7 e instaurarse la elección popular de gobernadores a partir de 1992.

El DNP, a través de la división de Desarrollo Territorial, evaluó este proceso de descentralización y elimpacto que tuvieron las reformas introducidas por la reforma constitucional de 1991, y encontró que: El proceso de descentralización que se ha

Adelantado en el país durante la última década busca cumplir con uno de los propósitos de la Constitución de 1991, que consiste en consolidar a Colombia como una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. La situación de hoy comparada con la existente hace una o dos dé- cadas, muestra un cambio significativo expresado en una estructura de gobierno en la cual el nivel nacional se especializa en la orientación y coordinación general, en el manejo macroeconómico y en la creación de condiciones para la provisión de bienes y servicios de impacto global; mientras que las entidades territoriales asumen la responsabilidad de garantizar la prestación de servicios públicos locales con especial énfasis en la educación y la salud. Se recupera de este modo un papel importante del nivel local y regional en el marco de las funciones públicas.

Este proceso de descentralización también permitió que el BID calificara a Colombia como uno de los países que se encuentra en una etapa avanzada en relación con el tema en el contexto latinoamericano, por lo que ocupa el tercer lugar, después de Argentina y Brasil, naciones que están organizadas como Estados federales Esto último a pesar de que al finalizar los noventa, la descentralización fiscal se enfrentó con su más dura prueba, la severa crisis económica y fiscal, lo cual obligó a desligar los ingresos nacionales de las transferencias regionales. De esta manera, en junio de 2001 se reformó la Constitución y el Sistema General de Participaciones (SGP). Este último, constituido por los recursos que la nación transfiere, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución, a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios a su cargo: salud, educación y los definidos en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 La descentralización es la principal estrategia de la teoría del federalismo fiscal, que busca establecer una estructura “óptima” del sector público y la mejor distribución de las funciones fiscales de ingresos y de gastos entre los diferentes niveles de gobierno, bien sean de orden nacional, departamental o municipal. Lo anterior se justifica en la medida en que el sector público interviene en la economía por razones de eficiencia, equidad y estabilización.

En este sentido, la descentralización tiene ventajas y es eficiente en la medida en que los niveles superiores descarguen funciones operativas al crear múltiples unidades independientes de decisión, al estar más cerca de los beneficiarios, al permitir una mayor diversificación de acuerdo con las necesidades o gustos de los residentes de cada una de las jurisdicciones y al garantizar el derecho de las minorías, aislando el efecto que tienen las localidades de mayor electorado sobre las pequeñas de menor votación. Lo anterior mejora la toma de decisiones por la cercanía a los problemas, lo cual permite una mejor identificación de las acciones por desarrollar, estimula la iniciativa y el compromiso en los niveles descentralizados, y hay mayor flexibilidad y mayor rapidez en la toma de decisiones. Sin embargo, los costos de llevar a cabo este proceso pueden ser altos si no existen reglas claras que faciliten la tarea del Gobierno central, o si las entidades territoriales no son eficientes y capaces de aprovechar al máximo la situación fiscal y política derivada de la descentralización, por debilidades administrativas, por carecer de planificación, por no contar con incentivos correctos en materia de disciplina fiscal o por no existir un manejo transparente de recursos

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