LEY PENAL DEL AMBIENTE

LEY PENAL DEL AMBIENTE

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, establece las bases fundamentales de las políticas para la construcción de una nueva estructura fundamental para el Estado, dentro de los aspectos sustantivos de la Carta Magna se sustenta la protección de nuestros recursos naturales. A raíz de la Constitución del año 1999, se hizo imperativo la actualización del ordenamiento jurídico ambiental, con fundamento en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Ambiente, fue promulgada la Ley Penal del Ambiente, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.913, de fecha 2 de mayo de 2012, que deroga la del año 1992, cuyo objeto es tipificar como delitos, los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente, imponer las sanciones penales y demás medidas precautelativas, y las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos ambientales.

Se puede decir, que esta Ley es una norma que busca sancionar a los funcionarios y servidores públicos que cometan delitos ambientales o permitan la comisión de ellos; la norma también va contra las personas jurídicas y naturales que dañen o deterioren el medio ambiente. Se desprende pues, que es una norma creada para que el Estado pueda sancionar a través del Poder Judicial (Tribunales Penales y Civiles), previa investigación de los Órganos competentes.

La misma entró en vigencia el 1 de agosto del 2012, normativa legal que tiene como objetivo establecer las diferentes sanciones penales, tanto a personas naturales como jurídicas que cometan delitos contra los recursos naturales y el ambiente.

Las inhabilitaciones principales son aplicadas cuando se cometen acciones en contra de la naturaleza, entre las que se pueden destacar: la edificación en terrenos no edificables, ocupación ilícita de áreas naturales protegidas, modificación o destrucción de bienes protegidos, acceso a los recursos genéticos sin autorización, liberación de energía nuclear, pesca y caza ilícita.

Éstos son penados con: prisión, arresto, disolución de la persona jurídica, multa hasta el desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción con el que se cometió la afectación.

Las medidas accesorias son aquellas que se cumplen luego de haber pagado la condena primaria establecida en la ley. En esta etapa ocurre el comiso de los instrumentos con los que se incurrió en el delito. Asimismo, la restitución de los productos explotados indebidamente, asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión ambiental, entre otras sanciones.

Las penas serán aplicadas dentro de los límites establecidos por esta ley, tomando en cuenta el peligro y magnitud del daño que se produce al ambiente

En esta nueva legislación se logró agrupar todas aquellas penalizaciones que estaban señaladas en otras normativas como: la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, Ley de Gestión de la Diversidad Biológica y Ley de Bosques y Gestión Forestal.

La Ley está estructurada en cuatro (4) títulos ocho (8) capítulos y ciento diez (110) artículos:

• Título I. Disposiciones Generales, contiene los fundamentos filosóficos y los principios generales del delito ambiental. Objeto, ámbito de aplicación espacial, los principios de la responsabilidad penal tanto de la persona natural como de la persona jurídica, responsabilidad civil, tipos de sanciones y medidas cautelares, reglas de aplicabilidad de las penas, determinación de las normas complementarias, atenuantes, agravantes, aumentos y disminución de penalidad, lapsos de prescripción y reincidencia.

• Título II. Disposiciones Procesales, establece el origen de las acciones penales y civiles, los órganos de investigación penal, la jurisdicción penal ambiental, destino de las recaudaciones, prelación de las obligaciones ambientales, medidas para asegurar los resultados de la sentencia, plazos para la ejecución de trabajos, procedimientos para el comiso, aplicación de los beneficios procesales, contumacia y nombramiento de expertos.

• Título III. De los Delitos Contra el Ambiente, se encuentra distribuido en ocho capítulos: Delitos contra la Administración Ambiental, Delitos contra la ordenación del territorio, Omisiones en las evaluaciones ambientales y planes de manejo,

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