¿Por Qué La Ley Taft-Hartley?

¿Por qué la Ley Taft-Hartley?

Posted on January 14, 2013

Por Pedro Baigés Chapel*

Para entender la Ley Talf-Hartley, según ha sido enmendada en periodos sucesivos y su aplicación a Puerto Rico, es necesario que hagamos un breve recuento histórico del desarrollo del movimiento obrero de E.U. A los fines de este trabajo podemos dividir dicho desarrollo en tres fases:

1) La situación de laise-faire, donde no existe legislación federal alguna y todo se deja a la libre contratación entre patrono y obreros; las cortes interpretan las actividades obreras a la luz del derecho común (common law) y de la aplicación de las leyes anti-monopolísticas.

2) Una segunda fase donde se pretende corregir la injusta posición donde se encuentra el obrero frente al patrono.

3) Por último, un viraje en la legislación federal, promovido por los grandes intereses económicos de E.U.

PRIMERA FASE: PODER ABSOLUTO DE LOS PATRONOS

Al Inglaterra colonizar a E.U. trae consigo, no solo su lengua, tradiciones, costumbres y cultura en general, sino también, las normas de derecho que regían la vida del pueblo inglés. Es así como ante los primeros intentos de organización sindical las normas legales enmendadas del derecho común. Para esa época se declaraba ilegal cualquier intención de los obreros a organizarse y tratar de negociar a base de su poder económico.

Los obreros, a pesar de las restricciones que se le imponían, se organizaban y trataban así de obtener mejores condiciones de empleo. Pero eran perseguidos y se les aplicaba la doctrina del derecho común de la “conspiración criminal”. Se aceptaba que el obrero pudiera negarse y concertar su actividad con los demás obreros a los fines de obtener mejores salaries que los establecidos.

Por analogía se aplicaba a la actividad sindical concertada de los obreros, los conceptos de las leyes antimonopolísticas. Se tenían dichas actividades como una combinación para entorpecer el comercio.

Aunque más tarde se elimino la doctrina de la conspiración criminal, sin embargo, se siguió aplicando la doctrina de la “conspiración civil” en aquellos casos en que grupos de obreros se unieran y rehusaran trabajar, si no se satisfacían sus demandas de mayor y mejores condiciones de trabajo. Mediante esta interpretación legal se hacia responsable a los obreros de los daños que sufriera el patrono, por entender que se estaba violando un contrato.

En este periodo al no haber legislación que regular las relaciones obrero-patronales, el poder estaba en manos de los patronos. A los que solicitaban empleo se le obligaba a firmar un contrato en que de antemano renunciaban a pertenecer a una unión o mantenerse dentro de ella. Mucho de estos contratos no solo exigían renunciar a la actividad sindical sino que iban al extremo de prohibir al obrero toda clase de comunicación con los lideres obreros. Esto se ha conocido dentro del movimiento obrero norteamericano como “Yellow dog contracts”. No existían acuerdos más allá de fijar salarios, que no era otra cosa que una escala escrita de salarios sin incluir otros términos o condiciones de empleo.

Durante las primeras décadas del siglo XX ésta era la situación. Bajo esta condiciones opresivas de la clase trabajadora norteamericana, como era lógico esperar, se sentaron las bases del imperialismo norteamericano. Este periodo se caracterizó por el desarrollo de las grandes empresas corporativas y las grandes asociaciones de patronos, los que podrían resistir huelgas indefinitivamente y mantener la norma del taller abierto. La tendencia era, pues, a destruir las organizaciones obreras y rechazar la negociación colectiva. Los tribunales dieron validez jurídica a esta situación destacando la libre contratación y la libertad de los patronos para exigir como condición la renuncia del obrero pasar organizarse y formar uniones o aliarse a las uniones. Para poner en vigor estas disposiciones se hizo uso y abuso de las ordenes de interdicto o sea, órdenes de prohibición (injunctions) a los obreros de continuar con la huelga o sus intenciones de organizarse.

SEGUNDA FASE: SE TRATA DE CORREGIR UNA INJUSTICIA

A pesar del poderío que manifestaban las corporación y las restricciones jurídico-legales que se imponían a la clase trabajadora para el periodo antes señalado, el movimiento obrero continuo su lucha en reclamo de sus reivindicaciones. Indudablemente que la Revolución Rusa de 1917 tuvo influencias en Estados Unidos, así como también la inmigración de obreros europeos, que ya tenían una larga tradición de lucha. Las huelgas se multiplicaron y los obreros hacen cada vez mayores reclamos, antes los cuales, no puede permanecer indiferentes el gobierno de Estados Unidos. Frente a las constante huelgas o amenazas de huelga en el frente ferroviario que amenazaba este servicio, se aprobó en1926 la Ley del Trabajo de los Ferrocarriles. Esta marca el inicio de una nueva política público en la relaciones industriales, lo que podríamos llamar una segunda fase en el desarrollo de las relaciones obrero-patronales. En la ley se prohibían los contratos que coartaban el derecho de los obreros a unionarse (los yellow dog contracts).

Se prohibía cualquier limitación sobre la libertad de asociación entre los obreros por parte de los patronos. Estos no podían imponerse a sus trabajadores la renuncia de su derecho a formar uniones e integrarse a ellas. esta Ley fue sostenida por los tribunales sobre la base de que no interfería con el derecho de los patronos a seleccionar sus empleados o a despedirlos, sino que iba dirigida a evitar que los patronos interfirieran con el derecho de los obreros a tener representantes de su propia selección.

Ley Norris-La Guardia

Antes de la aprobación de la Ley Norris-La Guardia el 23 de marzo de 1932, la situación económica de E.U. se había convertido en caos. Esta es la época de la depresión económica de 1929. El gobierno federal se ve obligado a intervenir más directamente en la reglamentación de las empresas privadas, a los fines de salvar el sistema capitalista. Surgen innumerables agencies reguladoras. Surge el presidente Franklin Delano Roosevelt y el Nuevo Trato, que en su afán de controlar los devanes de los monopolios y las grandes corporaciones, asume una actitud libertadora hacia el movimiento obrero, tratando de aliviar las injusticias de que venían siendo victima.

Una de las primeras leyes en ser aprobadas por las administración de Roosevelt es la Norris-La Guardia, que iba dirigida a evitar que las cortes le dieran validez jurídica a aquellos contratos en los cuales los obreros consentían no afiliarse a una

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