Reforma educacional.

Lo que más sobre sale del extenso programa del gobierno de Bachelet, es sin duda su mayor desafío a lo largo de su mandato, el cual es, la reforma educacional.

En este propone, que la educación se cambie desde su estructura y está no sea vista por lo empresarios como un mercado, sino que se situé como un derecho social, ya que es fundamental, esencial para poder así ejercitar todos los demás derechos. Según Confucio la educación, “son las experiencias de aprendizaje que les permitan desplegar talentos y lograr las competencias requeridas por la sociedad actual, promoviendo un desarrollo ciudadano a escala humana y basado en el bien común”. Esta promueve la libertar, el descubrimiento, además entrega las bases para una futura autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo, tanto de la sociedad como del individuo. Por lo tanto es de suma importancia que todos puedan acceder a ella, sin discriminación y que todas las instituciones sean de suma calidad.

Esta reforma que propone la presidenta, fue desaprobada por el Tribunal Constitucional, debido a que plantea los “requisitos de elegibilidad” de las instituciones de dicha educación, para que así los estudiantes puedan tener la tan anhelada gratuidad. Establecidos en la glosa negada, incurren en una discriminación arbitraria, más aún, que la exigencia para las entidades privadas de tener una “triestamentalidad” en su gobierno se desestimó. Por el contrario, se rechazó la impertinencia de normar la materia mediante glosa presupuestaria.

Esta categoría sospechosa de excluir en cuanto a una institución educativa, de acuerdo a sus años de acreditación, es excesivamente injusta para los estudiantes más vulnerables, ya que ellos tienen el mismo derecho a igual trato en función de su condición socio-económica, cualquiera que sea la institución en la que estudie. Existe tal discriminación, cuando se excluye a alumnos vulnerables por el solo hecho de estar matriculados en ciertas instituciones que no son del agrado de la mayoría circunstancial que aprueba el presupuesto.

En este caso pretende perseguir la gratuidad, pero es inconstitucional debido a que, el estado puede discriminar, pero siempre que satisfaga un interés compelente. Pero como la medida no logra satisfacer ese interés que se declara, no hay ninguna inclinación a proteger, y solo un efecto discriminador.

La medida es de acuerdo a los años de acreditación de las instituciones superiores, pero no es el mecanismo que mejor satisface el interés, por lo tanto es INCONSTITUCIONAL.

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