Violencia En El Distrito Federal

La “guerra” contra el crimen organizado y sus repercusiones en el Distrito Federal

Desde la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de México se ha vivido una creciente ola de violencia que ha estado acompañada de terribles asesinatos, un sin número de desapariciones forzadas, así como un constante ataque a los derechos humanos de miles de mexicanos. Todos estos acontecimientos, y muchos más, se han desarrollado en un contexto de impunidad, autoritarismo y corrupción generado por los distintos órdenes de gobierno, aunque es preciso mencionar que sin duda alguna la principal responsabilidad de que esto suceda recae en las decisiones tomadas por el representante del gobierno federal y otros funcionarios de alto rango.

De este modo, se han comenzado a generar distintas hipótesis que intentan develar el misterio detrás de una estrategia política y de seguridad que en lugar de traer estabilidad, paz y seguridad, ha logrado que gran parte de la sociedad civil viva bajo un estado de miedo, o mejor dicho de shock. Es por ello que en la opinión pública se han comenzado a manejar distintas versiones acerca de lo que realmente sucede en nuestro país. Desafortunadamente estas concepciones alternas a la versión oficial no han tenido el apoyo, ni la difusión necesaria para generar un cambio radical en la mente y el comportamiento de miles de mexicanos.

Lo anterior es consecuencia del cerco mediático establecido por los principales conglomerados de medios de comunicación que se han alineado a los intereses y objetivos del poder Ejecutivo federal. Este sometimiento de los principales medios de comunicación se manifiesta de distintos modos y en diferentes niveles, aunque es posible señalar el punto clave o más visible de esta actitud que se encontraría en el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia1, firmado en marzo de 2011 por un número considerable de medios nacionales y locales. Este acuerdo establece ciertos criterios editoriales al momento de hablar sobre temas relacionados con el crimen organizado y los asesinatos que se le atribuyen a estos grupos delictivos.

Me parece importante mencionar que no sólo a los medios se les debió dar un protocolo de cómo difundir la información relacionada con temas de violencia y narcotráfico, sino que también se tuvo que haber extendido hacia los diferentes departamentos de comunicación social de las dependencias gubernamentales, a los voceros de seguridad y de presidencia y a los mismos funcionarios públicos, ya que son ellos los principales difamadores al señalar como presuntos sicarios, narcotraficantes o narcomenudistas a todo aquel individuo que es abatido en un enfrentamiento con fuerzas de la seguridad pública, que es hallado con señales de tortura o con un mensaje proveniente de alguna organización delictiva.

Hoy día sabemos que estas declaraciones por parte del presidente mexicano o de algún otro funcionario público no son gratuitas y tienen un sentido claro: insertar todas las muertes en una categoría que sirva para dar sustento a una estrategia ineficaz, e incluso me atrevería a decir inexistente, y así generar un supuesto clima de seguridad en el cual las fuerzas del bien, es decir la fuerza pública, están ganando terreno a las organizaciones delictivas y a todo lo que representan.

Por desgracia, esta explicación de la realidad es poco difundida. Las pocas veces que llega a ser un tema relevante como es el caso de la denuncia presentada en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya en contra de Felipe Calderón2, inmediatamente se busca restarle legitimidad a partir de discursos nacionalistas, llenos de sentimentalismos y sin ningún fundamento claro.

Todo esto ha sido posible gracias a que el gobierno de Calderón ha impulsado un montaje mediático que ha ido de la mano con su estrategia de seguridad. Esto ha ocasionado que un número importante de mexicanos apoyen esta política autoritaria, ya que la desinformación de los medios ha desplazado el análisis y la reflexión como métodos para comprender la realidad. Esto es entendible si se incorpora la tesis de la doctrina del miedo o del shock propuesta por la periodista Naomi Klein, la cual consiste en desestabilizar a toda una comunidad, en este caso un país entero, a partir de la intimidación y la propagación del terror.

En el caso de México, la dosificación del miedo se ha logrado con las más de 60,420 víctimas3 contabilizadas hasta el momento, lo cual ha devastado el tejido social, eufemismo utilizado para hacer referencia a la destrucción de las relaciones entre los individuos de una comunidad. Además no sólo se trata de un exorbitante número de asesinatos, sino que éstos van acompañados de métodos inhumanos y pocas veces vistos en nuestro país como la decapitación, el cercenamiento, el ahorcamiento y otros medios para ejecutar personas.

Las tácticas utilizadas para realizar estos asesinatos han llevado a distintos periodistas y demás especialistas a relacionar a estos grupos criminales con entrenamiento militar de tipo contrainsurgente, lo cual es un indicador más para creer que la lucha contra el narcotráfico en nuestro país tiene objetivos latentes que sus orquestadores tratan de ocultar a cualquier costo. Afortunadamente para los ciudadanos mexicanos, se han dejado vestigios que permiten rastrear el origen de estas injusticias y de tal modo se ha logrado vincular a militares, políticos y demás individuos provenientes de las clases dominantes o por lo menos de grupos que ostentan un poco de poder.

Aún falta mucho camino por recorrer para lograr castigar a todos los culpables de la realidad que vivimos actualmente, ya que existen un sin número de obstáculos que los blindan de una manera incluso sínica. Tal es el caso de la legislación militar vigente en nuestros días, la cual busca salvaguardar la integración de los integrantes de la milicia con base en normas poco claras y en exceso tendenciosas o el anacronismo del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4

Esta es una breve muestra de lo que acontece en diversas partes del territorio mexicano, principalmente en ciudades del norte del país, aunque también se ha extendido a otras zonas como la costa del Golfo y del Pacífico, así como ciertos estados del centro-norte. El caso del Distrito Federal, cuna de los tres poderes de la unión y capital político-financiera de México es emblemático, ya que a pesar de que el resto del país pareciera una zona de guerra, esta región aún sigue siendo un espacio neutral y seguro, a tal grado que miles de personas desplazadas por la violencia5 han acogido la capital mexicana como su nuevo hogar.

La afirmación de que la Ciudad

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