Juicios Orales

“¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LOS JUICIOS ORALES?”

Los autores comienzan el libro desentrañando las tres características generales de la democracia y sus cinco dimensiones de variación según Leonardo Morlino, hasta llegar a una obviedad: las democracias de mala calidad suponen una permanente violación de derechos fundamentales. Se advierte desde un principio al lector que la tarea reformadora es de una magnitud enorme, pues no debe perderse el contexto político y social en la cual debe darse. Un bagaje de datos alarmantes, que a título personal me parecen deleznables, es expuesto en sus primeros capítulos, datos tales como que el 99% de los delincuentes no terminan condenados, o que existe un 130% de sobrepoblación en los centros penitenciarios, por ejemplo. Evidentemente, se llega a la conclusión de que el sistema penal se encuentra anquilosado gracias al sistema inquisitivo. Según los autores, uno de los principales elementos de tal sistema, es que en las funciones de investigar, acusar y juzgar, están concentradas en una misma autoridad. Idea que no comparto del todo, pues tales funciones están concentradas solo de facto. En realidad la investigación y la acusación se llevan a cabo por el ministerio público, mientras que la pena es impuesta por el juez.

Empero, es verdad que existen ciertas aptitudes que influyen en la percepción del juzgador, pues el legislador ha establecido que las pruebas presentadas por el ministerio público tienen valor probatorio pleno, como es por ejemplo “la prueba tasada” o el llamado “principio de inmediatez” avalado por la SCJN, que consiste en que las pruebas recabadas por el ministerio público tendrán mayor proximidad a los hechos delictivos que las recabadas posteriormente. Ahora, si a eso añadimos que el abogado mexicano promedio desconoce los mecanismos alternos de solución de controversias y las normas internacionales, tenemos un juicio completamente imparcial.

De manera general, los autores explican cuáles serían las etapas del sistema acusatorio-oral:

1. Investigación (llevada a cabo entre el ministerio público y la policía judicial)

2. El ministerio público decide si hay evidencia suficiente para acusar un sujeto determinado (En este momento se ejerce la acción penal)

3. El juez de garantías (o de control de garantías) vigila que respeten los derechos de las partes

4. El juez de tribunal oral evaluará de manera imparcial las pruebas presentadas en una audiencia oral y pública

Se menciona en el libro, que la oralidad y la publicidad de todo el proceso representa una mejora para el sistema penal. El Juez en México usualmente delega a algún secretario o de juzgado (en el mejor de los casos) o a un mecanógrafo (en el peor de los casos) para realizar su función, sin embargo, en el sistema acusatorio oral esto no podrá ser posible, pues será requisito la presencia del juez (tanto los de garantías como los del tribunal oral) en cada audiencia del proceso. Asimismo, esto dará una mayor rapidez a los juicios, que hasta el momento se diferencian de este sistema por ser escritos, cerrados y con un alto nivel de hermetismo, mientras que los otros son orales, públicos y con elevados niveles de transparencia.

Posteriormente, los autores hacen una interesante comparación de México con otros países de Latinoamérica, tomando primordialmente a Chile, puesto que a palabras de ellos Chile ha tenido que ir construyendo sus reformas en medio de condiciones políticas, económicas y sociales poco favorables, refiriéndose a los años posteriores a Pinochet. En Chile lo primero a realizarse fue un sistema de audiencias públicas, orales, contradictorias y con la presencia permanente del juez, de tal forma que una vez realizados todos los pormenores de infraestructura, se implementó el sistema de manera gradual por regiones, que es lo mismo que se pretende hacer en México.

Además de los principios que ya se encuentran estipulados en nuestra constitución (principio de publicidad, de contradicción, de concentración de continuidad y de inmediatez) los autores hacen mención del principio de lesividad, el cual nos dará las herramientas para dejar de tipificar (y derogar) algunos delitos que no tienen mayor trascendencia, es decir normas vigente más no positivas, y el principio de proporcionalidad, el cual como su mismo nombre lo dice pretende que exista una justa proporción entre el ilícito cometido y la pena a pagarse, asimismo, se nos habla del ahora ya existente Código Penal único. Se pretende que en este nuevo sistema se haga uso de las garantías procesales como lo son la presunción de inocencia, la limitación de la prisión preventiva, la prohibición de usar pruebas que hayan sido obtenido de forma ilícita, lo cual desde mi punto de vista, siempre debió ser utilizado.

Así pues, gracias a la reforma constitucional donde se implementaron los principios de inmediación, oralidad, concentración, publicidad, contradicción y continuidad, además, los autores mencionan otros principios que regirán este nuevo sistema, por ejemplo, el principio de defensa técnica, es decir el derecho de toda persona a recibir una defensa de calidad. Otro enfoque nuevo que mencionan los autores es la indemnización por parte del estado, es decir la indemnización

...