La vulneración de los derechos fundamentales en el proceso penal

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FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

Título

   “La vulneración de los derechos fundamentales en el proceso penal”

AUTOR(ES):

Amaro Pumapillo, Lizbeth Karen (orcid.org/000-0002-6156-2571)

Gonzales Apolinario, Bryan Jesús(orcid.org/0000-0001-8101-1147)

Liberato Vivanco, Abraham Joel (orcid.org/0000-0002-5440-1737)

Quispichito Carrasco, María Milagros (0000-0002-6323-4280)

Rivera Apolinario, Isabel Christina (orcid.org/0000-0001-7923-8852)

Vento Egoavil, Ana María (orcid.org/0000-0003-3263-1715)

ASESOR(A)(ES):

Dra. Silvia Marisa Villar Rodriguez

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

(Colocar Aquí)

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

(Colocar Aquí)

ATE – PERÚ

2022 – II

INDICE

I.        Introducción        1

II.        Opinión        4

III.        Argumentación        5

IV.        Conclusión        6

Referencias        7

1. Introducción

A partir de la introducción de nuestro Nuevo Código Procesal Penal de ahora en adelante “NCPP” que fue promulgado por el Decreto Legislativo 957 el 22 de junio del 2004, en el cual se implementa un mecanismo de defensa llamado TUTELA DE DERECHOS plasmado en el art. 71, por lo que es constituido como primera herramienta que protege los derechos del acusado, contra los actos que perjudican el pleno desarrollo del proceso de investigación preparatoria. En consecuencia, desde la aplicación del ya mencionado artículo, el número de demandas por tutela de derechos se han incrementado en un 100% respecto al primero año de su aplicación, principalmente por vulnerar de los derechos fundamentales del imputado, que es solicitado por el abogado defensor.

Partiendo de ello lo que se pretende describir en el presente artículo de opinión es la realidad problemática que se presenta en la actualidad debido a que hay una manera errónea al interpretar y aplicar este mecanismo procesal que está en el NCPP, ya que debido a ello se está viendo afectado los derechos fundamentales del imputado generando ello un severo antecedente los principios de nuestro sistema garantista y evitando que se establezca en pieza fundamental del NCPP para controlar el ejercicio del ius puniendi estatal.

Asimismo, según la supremacía todos los derechos fundamentales dentro del proceso penal deben ser respetados como el derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela jurisdiccional, etc. Ya que en la actividad penal (incluida la etapa previa al juicio o la investigación, el juicio y la ejecución) se centra en torno a los derechos fundamentales. Por lo que es muy indispensable el esclarecimiento y juzgamiento dentro del margen del derecho penal sin la limitación de los derechos fundamentales ya que muchas veces estas son vulneradas por lo que se da de manera coyuntural en la que se desatiende o se desconoce los lineamientos, requisitos, constitucionales y legales. El deber del Estado de brindar a los ciudadanos una adecuada protección jurídica cuando un derecho no ha sido reconocido o vulnerado.

Ya que una de las necesidades es poder identificar a los responsables, imponer las sanciones correspondientes de tal manera se llegue a concretar una adecuada reparación a las víctimas.

Por lo que esto implica que las investigaciones que se trata sean efectivas, que persiguen genuinamente el castigo de los culpables, y que todas estas acciones gubernamentales conduzcan a la reparación de las víctimas.

En el ámbito nacional tenemos un sistema que garantiza constitucionalmente los derechos fundamentales que está establecida por nuestra Constitución Política del Perú  y acuerdos internacionales la cual  es reconocida como la Tutela de Derechos donde puede ser exigido por el imputado cuando considere que está siendo vulnerado  uno o varios de  sus derechos fundamentales en el proceso penal , por el cual debe ser solicitado ante el órgano jurisdiccional competente que es el Tribunal Constitucional que está facultado a la defensa del principio de  supremacía constitucional. Por ende, nuestro mecanismo de protección tiene por objeto la tutela jurisdiccional ya que actúa verificando si el operador de justicia respeta los derechos fundamentales del imputado.

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