DELITOS EN EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS

TEMA 1. DELITOS EN EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS

El Capitulo VII del Titulo Tercero (de los Derechos Humanos y Garantías) de la Constitución Bolivariana de Venezuela (CRBV), referido a los Derechos Económicos, establece el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a disponer de bienes y servicios de calidad y a un tratamiento digno y no discriminatorio. En consecuencia, el estado se obliga a tomar las medidas necesarias para combatir toda práctica que afecte la libre formación de precios, sea ella originada en la morfología del mercado, como los monopolios, o en el abuso de posición dominante. En este sentido, el artículo 114 de nuestra constitución señala que el ilícito económico, como la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley. En la misma dirección y ahondando en la determinación del estado venezolano en cumplir con el deber sagrado de dar protección a la ciudadanía, el legislador, en el articulo 117 (CRBV), dispone: “todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del publico consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.” En la gaceta oficial nro. 39358 del 1ro de febrero de 2010, fue publicada y con ello puesta en vigencia, la “ley para la defensa de las personas en al acceso a los bienes y servicios”, instrumento legal llamado a desarrollar el mandato constitucional señalado en el articulo ejusdem. el objeto de la ley es claro: ” …la defensa , protección y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades, estableciendo los ilícitos administrativos,

sus procedimientos y sanciones; los delitos y su penalización, el resarcimiento de los daños sufridos, así como regular su aplicación por parte del poder público con la participación activa y protagónica de las comunidades, en resguardo de la paz social, la justicia, el derecho a la vida y la salud del pueblo” Las disposiciones de la ley ejusdem, constituyen materia de orden público y en ella se señala su ámbito de aplicación y se definen claramente los sujetos destinatarios de su normativa, a saber: personas; proveedora o proveedor; cadena de distribución, producción y consumo; importadora o importador; productora o productor; fabricante; distribuidora o distribuidor; comercializadora o comercializador y, finalmente, prestadora o prestador de servicios Punto fundamental de la ley es el señalado en su artículo 5, el cual se refiere a los bienes y servicios considerados de primera necesidad: “se consideran bienes y servicios de primera necesidad aquellos que por esenciales e indispensables para la población, atienden al derecho a la vida y a la seguridad del estado, determinados expresamente mediante decreto por el Presidente o Presidenta de la República, en consejo de ministros. El Ejecutivo Nacional, cuando las circunstancias así lo requieran para garantizar

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