El Procedimiento Administrativo

INDECE

• DEDICATORIA

• INDICE pág.

• INTRODUCCION ………………………………………………………………………............................. 3

• CAPITULO I (EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO)…………………………………………… 6

I. CONCEPTO………………………………………………………………………………………. 6

II. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO…………………………………………………………. 7

III. LOS ADMINISTRADOS……………………………………………………………………….. 8

IV. TERCEROS ADMINISTRADOS……………………………………………………….……. 12

V. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA…………………………………………………….. 12

VI. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 13

VII. LA JURISDICCIÓN……………………………………………………………………………. 15

VIII. LA COMPETENCIA………………………………………………………………………….. 16

• CAPITULO II (COMPETENCIA ADMINISTRATIVA)……………………………………………………. 17

I. CONCEPTO…………………………………………………………………………………….. 17

II. ALCANCES DE LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA……………………….. 18

III. CARACTERES DE LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA……………………. 18

IV. ELEMENTOS…………………………………………………………………………………… 20

V. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA…………………………. 20

VI. FUENTE DE LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA…………………………… 20

VII. CLASES DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA…………………………………. 21

VIII. SITUACIONES ESPECIALES…………………………………………………………….... 21

IX. CONFLICTOS DE COMPETENCIA…………………………………………………….. 23

X. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA………………………………………………………. 23

XI. DEFINICION DE LA ABSTENCION………………………………………………………… 23

XII. CAUSALES DE ABSTENCIÓN……………………………………………………………….. 23

XIII. CONCLUSIONES………………………………………………………………………………… . 25

XIV. Bibliografía………………………………………………………………………………………… 26

XV. ANEXOS……………………………………………………………………………… ……………. 27

INTRODUCCIÓN

La organización de un Estado, por intermedio del cual se ejerce de manera institucionalizada el poder conferido por los ciudadanos mediante las elecciones, tiene un ingrediente esencial y de partida consistente en un reparto de competencias adecuado, y con este la determinación de los espacios de actuación dentro de cuyos parámetros las entidades públicas van a desarrollar, de manera reglada, las funciones que les han sido conferidas constitucional y legalmente. El ejercicio de estas competencias – en el marco constitucional y legal establecido- tiene como una de sus manifestaciones (precisamente la que da cara al ciudadano), aquella actuación que se da a través de la ordenación y desarrollo de los procedimientos administrativos.

En una sociedad organizada los ciudadanos actúan en ejercicio de los diversos derechos que les corresponden, y en no pocas ocasiones, deben acudir a la Administración o Administraciones Públicas para que estas les otorguen o reconozcan otros derechos necesarios para el desarrollo de actividades económicas, políticas, ciudadanas, culturales, entre otras, que desean realizar. Y precisamente para llegar a la obtención de estos permisos, autorizaciones, concesiones u otra índole de derechos, los ciudadanos deben seguir un procedimiento administrativo. El ciudadano que desee abrir un Restaurant deberá obtener, por lo menos, la licencia municipal de funcionamiento, aquél que pretenda instalar una radio tendrá que contar con tres tipos de derechos (permiso, licencia y autorización), aquella empresa que quiera iniciar el negocio de la prestación de un servicio público deberá participar de un proceso de selección y firmar un contrato de concesión. Si bien todos estos son procedimientos administrativos, de diversa índole, con reglamentaciones diversas, seguidos antes distintos niveles de Gobierno y diversos organismos públicos, pero cierto es también, que se encuentran vertebrados por ciertos principios e instituciones que se esbozarán con el estudio de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

La importancia que puede tener el procedimiento administrativo dentro de la función pública, se justifica porque es una de las manifestaciones del ejercicio de las porciones de poder-responsabilidad (competencia) otorgadas a las diversas entidades que conforman la Administración Pública y, además, importa (y mucho) porque es la vía que deben seguir los ciudadanos para acceder a determinados derechos necesarios para llevar a cabo actividades (no todas) dentro del entramado social.

Por ello, los principios que lo deben guiar el diseño y la ejecución de los procedimientos administrativos están orientados para que estos sean simples, y no se constituyan en una exigencia extra legal o extremadamente rígida para los ciudadanos. Los principios que enumera la ley, son los de legalidad, por el cual las administraciones públicas no pueden hacer más allá de los que constitucional y legalmente está conferido; el debido procedimiento, es una extensión del derecho constitucional reconocido al debido proceso, para poder exponer sus argumentaciones, ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada en el derecho; de impulso de oficio, en virtud del cual las autoridades de las entidades públicas no pueden permanecer inactivas frente a un procedimiento administrativo; el de razonabilidad, cuando la potestad de restringir derechos, establecer obligaciones, o calificar infracciones y determinar las sanciones, se haga respetando las competencias atribuidas y la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se tutelan; el de imparcialidad, actuando con igualdad sin discriminación alguna; el de informalismo

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