Expresar el abordaje de las problemáticas en las que interviene el Trabajador Social y que llevan adjuntas una normatividad o un ordenamiento judicial

1. Expresar el abordaje de las problemáticas en las que interviene el Trabajador Social y que llevan adjuntas una normatividad o un ordenamiento judicial.

El aporte del estudiante debe realizarse desde una lógica social, y no desde el ángulo que aborda el ser humano como objeto de justicia o como sujeto de derechos. 

1. Analizar el rol del Trabajador Social en el ámbito jurídico como parte fundamental de la humanización de la justicia.
2. Razonar por qué el Instrumento Jurídico es insuficiente para abordar los conflictos familiares judicializados.

Introducción

El Trabajo Social Forense o Trabajo Social en el campo socio jurídico cuenta con un desarrollo significativo en la vertiente anglosajona, cuyas intervenciones estuvieron presentes desde el mismo momento de constitución de Trabajo Social como disciplina científica. Tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra las asociaciones nacionales e internacionales convocan a profesionales que trabajan en este campo, han avanzado en la definición de sus funciones y misiones, en la descripción de actividades específicas, cuentan con organizaciones profesionales, y mantienen periodicidad de eventos. En Latinoamérica, su desarrollo adquiere caracteres distintivos; países como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Puerto Rico han logrado instalar en sus comunidades profesionales un espacio específico y especializado de práctica profesional forense. Participan de un debate nutrido de producciones, discuten los alcances profesionales y no cesan las perspectivas para dotar a la profesión de los cuerpos teóricos e instrumentales en pos de mejorar dicha práctica a partir de su núcleo duro: la administración de justicia. En los últimos cuarenta años los colegas latinoamericanos han logrado ocupar valiosos espacios en los sistemas de administración de justicia, ganando el respeto de magistrados, funcionarios, otros profesionales y operadores de diversa naturaleza. En este marco, se proponen nuevas coordenadas para resignificar desde la disciplina la tarea pericial hasta ahora definida por el derecho. Sin abandonar las premisas de un enfoque integral de la práctica, procuramos pensar la práctica forense desde una lógica social (en lugar de exclusivamente jurídica) que atiende poblaciones diversas en escenarios socio-legales.

El conocimiento especializado en lo forense/legal se integra a los saberes del Trabajo Social generalista, como a las actitudes y disposiciones propias del trabajo colaborativo o de equipo. Asimismo, el respeto por los principios de protección, confidencialidad y autodeterminación del usuario, conllevan problemas éticos, técnicos y legales que deben ser procesados en la práctica forense. Esta pretensión es desarrollada de modo introductorio, focalizando en dos aspectos: por un lado, en las razones para ese pasaje de la función pericial a la práctica forense o sociojurídica; y por otro, en una argumentación que ponga en evidencia los limites de los criterios de veracidad e imparcialidad presentes en las definiciones tradicionales de dictamen pericial. Entendemos que la materia forense constituye un tópico relevante ante un ostensible agotamiento de los mecanismos formales e informales de socialización y control social, frente a un incremento de la conflictividad social y al mismo tiempo un mayor reclamo por los derechos humanos y sociales, lo que obliga a debatir acerca del papel del saber científicotécnico en el arbitraje de lo social.

Efectivamente hay un universo de actos profesionales que median en la construcción de universos simbólicos y en los procesos de socialización, tornando las trayectorias biográficas cada vez más dependientes de los circuitos profesionales. Recuperando la tradición de inserción del trabajador social en la administración de justicia, se procura consolidar el estatuto del Trabajo Social Forense desde las bases y fines disciplinares. Para ello se deben realizar esfuerzos en orden a fortalecer un cuerpo teóricometodológico, como para optimizar su participación en el debate público en torno de la realización de la ‘justicia’ que sin duda trasciende las instituciones del poder judicial, articulando en definitiva dos planos: el del diseño y gestión de políticas y el de la administración de justicia. 

De la función pericial a la actuación forense en perspectiva socio-jurídica Trabajo Social Global

Los actuales cambios políticos, normativos e institucionales en el contexto local como internacional requiere contar con profesionales especializados en el arbitraje, la pericia, el estudio social y la intervención tanto restitutiva ante daños como promotora de derechos, en especial con aquellos que los ven vulnerados o sufren desventajas especiales. Para el Trabajo Social este desafío no es ajeno a su propia historia en la medida que se trata de una profesión que interviene en los vínculos problemáticos entre las personas y sus contextos, fundada en los derechos humanos y la justicia social. No pasa desapercibido que estos planteos ocurren en el marco de las transformaciones del Estado en la modernidad tardía respecto de la organización de la vida social y de las condiciones de ciudadanía, lo que ha derivado en un incremento de la complejidad de la estructura burocrática y del número de normas de organización, en pos de la realización de los ideales de la vida democrática. La propia evolución del derecho por su parte, ha cuestionado la autonomía, el formalismo jurídico y su racionalidad, mientras las profesiones se debaten entre la clásica idea del servicio civil, los cuasi-mercados, la proletarización de los puestos de trabajo, la pérdida de las certezas de la ingeniería social y los conflictos de poder en el heterogéneo conjunto de los ‘operadores de lo social’. Cambios que remiten a un contexto que puede resumirse a partir de: a) una globalización y restructuración económica, y su impacto en el papel de las instituciones socio-jurídicas; b) una transición paradigmática en la ciencia y el derecho; y c) las contradicciones y paradojas en el ejercicio de los derechos dada la creciente desigualdad. Se asiste a un malestar compartido entre justicia y políticas, que produjo dos tipos de fenómenos: por un lado, la judicialización de los conflictos sociales que muestra la incapacidad de la gestión política; por otro, la politización de la justicia que genera la impresión de cierta debilidad (la imparcialidad e independencia se colocan en tela de juicio) y la necesidad de tornar público (y también mediático) el cuestionamiento a la política del Estado, en tanto último garante del bien común. Por lo tanto, adecuar el Trabajo Social a las actuales demandas, implica avanzar primero en una evaluación crítica de lo que ha significado hasta el momento la función pericial en el ámbito de la justicia y su práctica pericial (tal como habitualmente se denomina en nuestro medio). En este sentido, la literatura disponible para el caso de la Argentina (Robles, 2004; Dell’Aglio, 2004; Alday, Bratti y Nicolini, 2001) pone en evidencia las dificultades para definir Trabajo Social Forense independientemente de una historia del Poder Judicial y de la incorporación de la disciplina en ese ámbito, configurando desde allí la intervención profesional. En esa trayectoria, la modalidad de trabajo y las técnicas se han adecuado al funcionamiento de las instituciones de justicia, y desde allí se han definido un usuario y un problema justiciable sobre el que los profesionales han actuado. El rol de inspector, la vigilancia, las averiguaciones y el control han dibujado unos contornos profesionales que remiten a aquella expresión ‘ojos y oídos del juez’ lo que con el tiempo será planteada en términos de diagnóstico social aunque junto a una cuestionada sacralización instrumental. Lo cierto es que la función pericial es configurada desde los organigramas de la administración de justicia, y su definición elaborada por el derecho aplicable a cualquier campo de conocimiento. Así, puede constatarse en la actividades de capacitación profesional que mantienen vigencia las definiciones del derecho en torno de la pericia como “opinión fundada de una persona especializada o informada en ramas del conocimiento que el juez no está obligado a dominar” (Witthaus, 2003) así como concepciones del perito referidas a aquellas personas calificadas en razón de su ciencia, técnica o conocimiento especializado, sea por el estudio o la práctica.

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