Metodologia Juridica

Problema de investigación

Conocer la trascendencia de la despenalización del aborto en el distrito federal; la nueva valoración del derecho a la vida y los derechos de genero; identificar y mejorar los procesos medico-legales en la decisión y la acción de interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, determinar las consideraciones de viabilidad del producto de la gestación tomando en cuenta la madurez orgánica y un peso menor a 500 gr. Y hacerlo extensivo a todas las entidades federativas.

Justificación

El aborto es un tema de profundo debate por la multiplicidad de aspectos desde los cuales puede estudiarse: médico, filosófico, ético, religioso, socioeconómico, jurídico, político, social, etcétera; por ello, es difícil llegar a un acuerdo. Puede afirmarse, también, que el aborto siempre es un hecho doloroso, independientemente de las circunstancias en que pueda producirse.1

En el ámbito jurídico, la historia del aborto ha sido larga, y siempre ha estado inmersa en un marco de fuerte polémica en la que invariablemente se invocan ideologías diversas, especialmente religiosas.

Es importante recordar que la polémica siempre ha tomado dos caminos muy distantes e irreconciliables: por un lado, el estrictamente social y jurídico que busca la despenalización de la interrupción consciente y voluntaria del embarazo o, al menos, la reducción del ámbito delictivo; por otro, el rigurosamente moral y religioso que pretende conservar su penalización, con las menores excepciones.

En otros términos, un amplio grupo social clama porque el aborto no se vea como un problema penal, sino como un problema social de salud pública que debe ser atendido de manera urgente por el Estado. En esta línea de ideas, algunos especialistas han llegado a formular las siguientes preguntas: ¿La penalización del aborto reviste un razonable grado de eficacia para luchar contra esa práctica? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de la penalización del aborto? ¿Su penalización es ineludible?2

Estas peguntas nos conducen, de manera directa, al ámbito de la política criminal, y específicamente a la consideración del principio de intervención mínima del derecho penal, de acuerdo con el cual la sanción penal sólo debe emplearse cuando sea absolutamente indispensable para tutelar un bien jurídico.

Por otro lado, sin tomar en consideración las opiniones científicas sobre el comienzo de la vida humana, se parte de la premisa del respeto absoluto por la vida del embrión o feto desde el momento de la concepción, y se alude también a los derechos que tiene un ser vivo desde antes de nacer. La Iglesia católica, a este respecto, postula:

El embrión exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. Debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida.3

Debe puntualizarse que, con la exclusión del ámbito delictivo del aborto consentido por la mujer embarazada y del procurado por la propia mujer, se pretende evitar la clandestinidad de este hecho que tiene graves repercusiones: daños irreversibles físicos, psíquicos y morales, y la más grave: la muerte de muchas de las mujeres que se someten a la práctica del aborto por razones poderosas, en condiciones de peligrosa insalubridad.

Ya se ha manifestado, en múltiples ocasiones, que lo que está en la mesa del debate "no es si el aborto es bueno o malo moralmente", o si es censurable desde el punto de vista religioso, sino si debe o no sancionarse penalmente. "Despenalizarlo no implica justificarlo moralmente, menos aún fomentarlo";4 en cambio, penalizarlo es una verdadera violencia contra derechos especialmente importantes para la mujer: derecho a la dignidad, a la privacidad, a la autonomía, a la igualdad de oportunidades, etcétera. Si se admiten

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