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SOCIEDAD › INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE ABORIGENES EN FORMOSA

“Una histórica discriminación”

Amnistía Internacional investigó la situación de los pueblos indígenas de Formosa. Denuncia que sufren una “sistemática violación” de los derechos humanos, despojo de tierras y una estructura estatal que reprime a las comunidades originarias.

Por Darío Aranda

“Exigimos respeto” es el título de la reciente investigación de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe “la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas”. Durante dos años, la ONG de derechos humanos trabajó junto a comunidades originarias de la provincia. Ahora denuncia “la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas”. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.

La comunidad El Descanso está integrada por 130 personas y habita la zona del Bañado la Estrella (zona de humedales muy conocida en el norte del país), de donde obtienen parte de sus alimentos. A pesar de contar con título de propiedad comunitario, en 1997 el gobierno ingresó a sus parcelas y comenzó a cavar profundos canales para derivar aguas del bañado. La obra de infraestructura perjudicó radicalmente la vida de los pilagá.

Según leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos indígenas, toda actividad que pudiera modificar la forma de vida debe contar con la aprobación de las comunidades afectadas. “No hubo consentimiento y ni siquiera se le informó a la comunidad. Los requisitos mínimos de transparencia brillaron por su ausencia”, afirma Amnistía Internacional, que analizó la situación de la comunidad El Descanso, la tomó como caso testigo y, en base a testimonios de otras comunidades y documentación, lo hizo extensivo a la provincia.

El informe de AI señala que las obras de infraestructura, con canales de hasta seis metros de profundidad y diques de tierra que inundan espacios comunitarios, le significaron a la comunidad un impacto negativo en la disponibilidad de recursos –sobre todo peces–, le implicaron el talado de árboles y, sobre todo, la inundación de casi la mitad de las tierras, incluido el cementerio de la comunidad.

Amnistía puntualiza que se violó el derecho a la propiedad comunitaria: “Es difícil imaginar al Estado argentino ingresando a la casa de alguien que vive en la ciudad, realizando un canal en las tierras de importantes empresarios ganaderos del campo o inundando un cementerio de personas no indígenas de la manera en que lo hizo en las tierras de la comunidad de El Descanso. Dicha injerencia está prohibida por ley y habría desatado la indignación de muchos y desencadenado causas judiciales millonarias por reparaciones.”

La ONG, nacida en 1961 y con presencia en 150 países, denuncia que se violó el derecho al consentimiento libre, previo e informado, derecho humano fundamental de los pueblos indígenas que posibilita que las comunidades puedan tomar decisiones informados sobre los asuntos que podría afectar

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