CArtel Contratacion

Cartel de la contratación

El escándalo del Cartel de la contratación, también denominado como Carrusel de la contratación, es un caso de corrupción política desarrollado en la ciudad de Bogotá y que se da durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas en 2010. La polémica estalló el 25 de junio de dicho año cuando salieron a la luz pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte de Germán Olano, excongresista de la República, al empresario Miguel Nule, que cuya empresa que llevaba su apellido manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en la capital colombiana.1 La principal obra que se vio directamente afectada por dichas negociaciones irregulares fue la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio, la cual llegó a presentar casi dos años de retraso.2

En el tiempo inmediatamente posterior, distintas instituciones jurisdiccionales iniciaron investigaciones que se acrecentaron a tal punto que varios políticos, empresarios, dirigentes del Instituto de Desarrollo Urbano2 y hasta el mismo alcalde de la ciudad se vieron involucrados. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano al billón de pesos colombianos (unos 521 millones de dólares aproximadamente).3

El escándalo es considerado como uno de los más grandes en la historia reciente del país suramericano.4

Antecedentes

El setenta por ciento de la construcción de la tercera fase del sistema TransMilenio se adjudicó al Grupo Nule, un conglomerado de empresas encabezado por Guido Nule Marino y sus primos Manuel y Miguel Nule Velilla. Sin embargo, a finales de 2009 dicho grupo presentó graves problemas financieros, algunos de ellos originados por malos manejos administrativos. Como resultado, la primera evidencia de dichas dificultades se vio reflejada en el retraso de las obras que estaban a cargo del ya nombrado grupo.5

En enero de 2010 se descubrió que más de ochenta mil millones de pesos provenientes de anticipos de obras habían sido desviados a otros intereses de dicho conglomerado,4 algo que causó gran indignación dentro de la opinión pública. Como respuesta, el alcalde de la ciudad Samuel Moreno Rojas ordenó la cesión del contrato a las empresas Transvial y Conalvías:

La cesión depende del grupo, pero la decisión sobre a quién se adjudique, depende de la aseguradora. Lo importante es que quien reciba la adjudicación tenga el conocimiento y el músculo financiero para ejecutar la obra [...] Este incidente en la etapa tres de Transmilenio no tiene nada que ver, ni va a retrasar el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, ni del Metro, porque mientras se ejecutan las obras de unos se está dando pasos significativos para la construcción de los otros, antes de finalizar mi mandato Samuel Moreno, alcalde de Bogotá6

¿Usted cree que el Alcalde sabía lo que estaba pasando?

A. Botero: Claro, él tenía conocimiento. Es decir, Leonardo Echeverri es su asesor. Él supo de esto. Yo siempre le conté. No hablé de cartel, pero le dije: “Mire que hay unas personas que tienen todos los contratos”. Lo que siempre nos aseguró él fue que, por orden del Alcalde, no sacáramos nada a los medios. Así nos tuvieron un buen rato. Declaraciones de Alejandro Botero para El Espectador

Efectivamente, el 2 de febrero se llevó a cabo la cesión del contrato que estaba valorizado en 315 mil millones de pesos colombianos y que abarcaba obras de mantenimiento vial por toda la ciudad.

El 20 de marzo del mismo año, el contratista Alejandro Botero denunció ante la Contraloría y laFiscalía un serie de adjudicaciones de contratos irregulares encabezados por el empresario Julio Gómez, y el abogado Emilio Tapia.8 Según Botero, Gómez y Tapia lideraban una «mafía» que se estaba apoderando de los contratos de construcción en Bogotá valorizados en 289 mil millones de pesos.8 Asimismo, reveló los nexos de éstos con funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano -organismo encargado de la administración de obras públicas- y de Leonardo Echeverri, asesor de Samuel Moreno Rojas.8

Para abril de 2010, era incierto el destino de las multimillonarias comisiones que había recibido el Grupo Nule para completar las obras que estaban a su cargo, cosa que indigno a la opinión pública.9 Adicionalmente y debido a los graves retrasos presentados en muchas de las obras del distrito, Liliana Pardo, directora del Instituto de Desarrollo Urbano renunció a su cargo.10

Usted ha manifestado su preocupación por los sobrecostos en la Fase III de Transmilenio, ¿cuánto dinero es?

M.A. Moralesrussi: Los datos se están revisando, pero lo que es claro es que se requieren $520.000 millones para terminar esas obras. Se trata de un hueco fiscal gigante que se le abre a las finanzas distritales. Declaraciones de Miguel Ángel Moralesrussi para El Espectador

El 26 de mayo, el contralor de la ciudad Miguel Ángel Moralesrussi -que más tarde se vería seriamente implicado- advirtió al Estado del «hueco fiscal» que se estaba generando en el distrito debido los sobre-costos acaecidos sobre las obras de TransMilenio.12 Según Moralesrussi, el sobre-costo superaba los 500 mil millones de pesos11 y reveló supuestas intenciones del senador Ivan Moreno Rojas -hermano de Samuel Moreno- de verse beneficiado con la construcción de la autopista «Vía Bogotá - Girardot»,11 la cual también presentaba demora y que estaba a cargo del conglomerado Nule.13 Por tales declaraciones, Iván Moreno perdió el apoyo de su partido político, el Polo Democratico, y fue retenido por una orden de la Corte Suprema, que lo acusó de «concusión», «cohecho» y «celebración indebida de contratos».

A penas unos días antes de que estallara el escándalo, Alejandro Botero declaró que Moralesrussi también pertenecía al «Cartel de la contratación».14 Según Botero, el contralor había negociado el beneficio del 2% de una comisión a cambio de acciones legales a favor de los contratistas del supuesto cartel; dicha comisión sería pagada a través de German Olano, congresista de la república.15 También argumentó que el contralor se reunió con Emilio Tapia y Julio Gómez en enero del mismo año para discutir dicha comisión, y para buscar la manera de ceder el contrato de la calle 26.15 Esta última declaración puso en serias dudas si la cesión de la obra a «Transvial» y «Conalvias» había sido transparente.16 17 Para el 16 de junio solo se hablaban de acusaciones vaciás y no fundamentadas, Moralesrussi negó haber negociado y aclaró no conocer a Tapia, ni a Gómez, e inició un proceso penal contra Alejandro Botero.15 Sin embargo, el 25 de junio, el contralor se quedó sin argumentos al resultar directamente implicado en la que hasta

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