Derecho Administrativo

Derecho administrativo

Derecho administrativo es aquella rama del Derecho público que se encarga de estudiar la organización y funciones de las instituciones del Estado, en especial, aquellas relativas al poder ejecutivo.

Tradicionalmente, se ha entendido que Administración es una subfunción del Gobierno encargada del buen funcionamiento de los servicios públicos encargados de mantener el orden público y la seguridad jurídica y de entregar a la población diversas labores de diversa índole (económicas, educativas, de bienestar, etc.).

Ramas del Derecho administrativo

• Derecho administrativo orgánico: encargado del estudio sobre las formas y principios de organización administrativa.

• Derecho administrativo funcional: sobre la disfunción administrativa.

• Derecho procesal administrativo: normas sobre control administrativo y jurisdicción en la materia.

• Responsabilidad del Estado: estudia las causales y procedencia del deber de la Administración de reparar los males causados por ella.

• Derecho municipal o local: estudio sobre el régimen legal de las municipalidades o corporaciones similares.

• Derecho ambiental: encargado de las normas sobre protección del medio ambiente.

• Derecho urbanístico: sobre las normas de construcción y planificación urbana.

• Derecho vial: normas sobre tránsito y caminos.

• Derecho aduanero: sobre las aduanas y el control migratorio.

Evolución histórica

El Derecho administrativo moderno tiene su origen con las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX.

El paso del Antiguo Régimen al Estado liberal supone el tránsito de un sistema de normas que se encontraban a disposición del monarca a un sistema caracterizado por:

1. la existencia de unas normas jurídicas, aprobadas por asambleas representativas, con carácter abstracto, general y permanente que regulan cómo debe relacionarse el Estado con los ciudadanos;

2. la existencia de un entramado institucional de controles, independiente del monarca;

3. la aparición de una afirmación con carácter constitutivo y vinculante de los derechos individuales, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Tras este proceso y sobre todo a partir de las revoluciones liberales surge lo que se conoce como Estado liberal. Antes de estas revoluciones no se reconocía la igualdad de todos los hombres como principio jurídico; a partir de ellas, estos dejarán de ser súbditos para pasar a ser ciudadanos, con derechos y obligaciones iguales.

Con posterioridad a la instalación del régimen administrativo, surge en Francia la pregunta de quién debe juzgar a la Administración. Se cuestiona si, por una parte, debían ser los jueces ordinarios pertenecientes al Poder Judicial quienes juzgaran a la Administración, o si, por otra parte, debía ser la propia Administración quien ejerciera esa función. La raíz del problema se encuentra en que los jueces ordinarios eran aquellos del Antiguo Régimen, nobles que quedarían dotados de poder de anular las decisiones del Nuevo Régimen. Por tal razón, se desconfiaba sumamente. En Francia se resolvió el problema con la creación del Consejo de Estado, que será el órgano encargado de juzgar a los entes administrativos, al mismo tiempo que será dependiente del Jefe de Gobierno.

Ámbito de aplicación

En cuanto a normas de organización, el Derecho administrativo establece los órganos e instituciones a través de los que actúan la Administración Pública, desde los servicios centrales, los órganos desconcentrados, descentralizados y organismos autónomos dependientes de otras instituciones y, en su caso, los Consejos de Ministros, los Ministerios, Secretarías Generales, Direcciones generales, Subsecretarías, órganos representativos de las entidades que componen la Administración local, de empresas públicas, entre otros que no sean los mismos.

La mayoría de estos órganos tienen como característica común, la competencia para actuar con prerrogativas o poderes superiores a los que poseen los particulares (imperium). En lo que respecta a las normas de funcionamiento, es preciso señalar que el Derecho Administrativo sólo regula aquellas actuaciones de la Administración Pública en las que los órganos administrativos actúan investidos de potestades públicas, es decir, están revestidos de imperium.

'En tanto que en la vida privada los derechos y obligaciones se crean casi siempre por vía contractual, la Administración debe, en interés del sevicio público, poder imponer, unilateralmente, sin necesidad de previo pronunciamiento judicial, obligaciones a los particulares, y su decisión debe ser tenida como jurídicamente válida en tanto que el interesado no promueva su anulación por el juez. '

Se suele distinguir entre Administración territorial (con distintas subdivisiones que tiende a ser coincidente con la división territorial del Estado) y Administración institucional, la cual, en distintos grados en función del ordenamiento jurídico de que se trate, no ejerce ninguna potestad administrativa. Cuando, en estos casos, la Administración Pública actúa como un mero particular y le son de aplicación las normas del derecho común. No obstante, siempre habrá en su actuación un núcleo estrictamente administrativo, aunque solo sea a los efectos del procedimiento para la formación de la voluntad del órgano administrativo (unipersonal o colegiado) y las normas de atribución de competencias del órgano implicado. La ley oorganoca de la administración publica federal es el ordenamiento legal que se encarga de regular la estructura facultades y atribuciones de los organismos integrantes de la administración publica.

TEMA 2: EL DERECHO ADMINISTRATIVO: LAS FUENTES DEL DERECHO

1. Principios ordenadores del derecho:

El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas que se da en un momento dado y está en vigor en un territorio y éste engloba leyes y otros tipos de normas.

El concepto de ordenamiento jurídico está asociado a la idea de que no puede existir laguna jurídica, aunque puede existir vacío legal.

Por tanto supone la existencia de distintas normas lo que plantea el problema de cómo aplicar varias normas que pudieran afectar o regular un caso concreto si alguna de ellas tuviera significado distinto. Para solucionar esto necesitamos un criterio para ordenar las normas y la Constitución propone dos criterios:

• Jerarquía normativa

• Competencia

EL criterio de competencia se aplicará cuando el conflicto de las normas provengan de la competencia, localizar a la competencia (ver que administración tiene esa competencia) y asignar la prioridad normativa a la que provenga dicha administración.

El

...