Garantia Jurisdiccional Constitucional

El autor trata el problema de la garantía jurisdiccional de la constitución, denominada generalmente justicia constitucional, desde un doble punto de vista, en primer lugar la cuestión teórica y en segundo la cuestión práctica.

Así, desarrolla que el orden jurídico no es un sistema de normas coordinadas entre sí, que se encuentran una a lado de la otra, en un mismo nivel, sino que se trata de jerarquía de diferentes niveles de normas, y la unidad de éstas se encuentra constituida por el hecho de que la creación de la norma de grado más bajo, está determinada por otra de grado superior, cuya creación es condicionada, a su vez, por otra todavía más alta, hasta llegar a la suprema razón de validez de todo el orden jurídico, es decir, la Constitución.

Posteriormente, el autor establece una noción de Constitución a partir de la teoría de la estructura jerárquica del orden jurídico, señalando que si bien dicho concepto ha tenido múltiples transformaciones siempre ha conservado un núcleo permanente que implica el asentamiento fundamental del ordenamiento estatal.

Una vez que explica esa noción, así como la naturaleza de la constitucionalidad y de la inconstitucionalidad, aborda posteriormente la cuestión de las garantías necesarias para su protección, definiéndolas como los medios generales que la técnica jurídica moderna ha desarrollado con relación a la regularidad de los actos estatales en general, los cuales se clasifican como preventivas o represivas, personales u objetivas.

Apunta que una Constitución a la que le falte la garantía de anulabilidad de los actos irregulares por ser contrarios a la norma fundamental, no es plenamente obligatoria en un sentido técnico frente a los grados inferiores del orden estatal ya que le falta el carácter coercitivo.

Señala que la jurisdicción constitucional es el medio más eficaz para la protección de las minorías frente a las invasiones de la mayoría y es el medio por el cual se puede llegar a una adecuada defensa de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas.

De tales ideas se desprende, que la constitución no sólo es un ordenamiento orgánico que contiene disposiciones de organización del Estado, sino que en él se contienen los derechos fundamentales de los gobernados, y que tales derechos deben ser tutelados por el Estado a través de sus órganos; de modo que a la par del legislador -que es quien emite las disposiciones que contienen los derechos de los integrantes de la población-, se genera la idea de la existencia de diverso poder, como un legislador negativo, es decir, aquél que al haber sido dotado de un poder supremo en relación con los demás poderes estatales, tenga la facultad conferida por la propia ley, para anular los actos irregulares que vulneren o afecten los derechos contenidos en la constitución, pues es la legislación de mayor jerarquía normativa.

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