Letras Latinas

Espero que el gobierno no esté partiendo de la hipótesis de que la Reforma Educativa está perfectamente diseñada y que el problema radica en los profesores. Me enoja la insistencia gubernamental de que no hay derecho contra el derecho y demás retórica facilona (como la llamó Rolando Cordera) sobre lo que sucede en Guerrero con los maestros y los cambios que estos buscan evitar. La idea de que la ley es la ley y de que debe ser igual para todos a pesar de las circunstancias diversas, ya ha hecho demasiado daño como para que nuestros políticos la repitan sin matices. En vez de estar brindando voz a estos clichés, deberían de encontrarse negociando para llegar a un acuerdo sobre las particularidades de la reforma en la entidad, al tenor de sus propias realidades (pobreza extrema, abandono material de las escuelas, falta de recursos para becas, etcétera). Es fundamental que los maestros sean evaluados, además de que, como en todo trabajo, su permanencia esté en función de la calidad con la que desempeñan sus labores. Pero también debe atenderse a la forma en que esta nueva política educativa ha sido leída en uno de los estados más pobres del país. No es casualidad que Oaxaca y Guerrero sean las entidades más reacias a aceptar la realidad de un mundo que exige una permanente actualización y la puesta a prueba de nuestros conocimientos. Ante la cotidianeidad depauperada de esas entidades, ante la falta de oportunidades en otros sectores diferentes al magisterio, ante la amenaza del narcotráfico, si uno fuera maestro también se movilizaría para proteger derechos que desde una visión ideologizada (la ideología arraiga en la pobreza) el Estado busca arrebatarme. Al parecer la manzana de la discordia es, por un lado, la llamada “autonomía de gestión de las escuelas”: sus directivos, maestros y padres de familia podrán buscar financiamiento para resolver los problemas enfrentados, lo que hace temer que el gobierno se desentienda de su compromiso presupuestario; y por otro lado, la amenaza a la permanencia en el puesto. Por lo que hace a la primera, hay estudios que señalan que la autonomía no debiera aplicarse en contextos desiguales. Al respecto, a partir de un estudio realizado en Argentina, Claudia Santizo nos cuenta la situación de una comunidad pobre, que no tiene medios ni recursos y, principalmente, presencia política para llamar la atención de las autoridades educativas. En general, nos dice, la posición socioeconómica de las personas con mayores recursos también les permite tener mayor capacidad para exigir, demandar y obtener más recursos. Es decir, no podemos dejar de considerar que los recursos se asignan en muchas ocasiones considerando su rentabilidad política. Mal aplicada, esta política puede perpetuar la desigualdad. En consecuencia, esta ley general debiera adaptarse a las circunstancias. Y, por lo que hace a la permanencia, si bien es fundamental que los profesores sean evaluados, esta hipótesis respecto a la calidad educativa no debe observarse sino como una parte de la ecuación. Nunca debieran perderse de vista los entornos escolares y sus incentivos, capaces de que un alumno considere que no vale la pena aprender (aunque el maestro sea un buen maestro) si puede arribarse al éxito a través de otras rutas. Por eso es buena idea que el nuevo Instituto de Evaluación tenga como tarea evaluar al sistema en su conjunto

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