Los organismos públicos y las empresas mineras en la implementación de una planificación territorial

INTRODUCCIÓN

La Región de Antofagasta en los últimos años se ha vuelto protagonista del enfrentamiento de  dos visiones de desarrollo que tienen consecuencia directa sobre el uso y destinación de sus territorios tanto urbanos como rurales.  Colocando con ello el foco de la rentabilidad económica de los recursos naturales desde su funcionalidad, y que configura una economía a la región.

Por otro lado, una visión del desarrollo que pone énfasis en el bienestar de las personas en el sentido más amplio, y en la conservación y protección de los distintos componentes ambientales, con sustento en problemas globales como el cambio climático, la naturaleza finita de los recursos naturales no renovables, la degradación progresiva de los ecosistemas y la escasez hídrica.

Los habitantes de la región han tomado un rol cada vez más activo en torno a estas problemáticas, demandando cada vez más presencia del Estado como regulador y ordenador del territorio, y de la industria minera un rol más activo en torno al mejoramiento de las condiciones de vida de la región.

En los últimos años las políticas públicas medioambiental, de vivienda y urbanismo se han desarrollado notablemente, mostrando indicios de un pensamiento estratégico de los territorios, tales como diversas planificaciones, estrategias, políticas, programas e instrumentos normativos existentes, acompañado de un institucionalidad más especializada en torno a la planificación territorial estratégica con enfoque medioambiental (PTEM).

Los organicismos públicos  y las empresas mineras en la implementación de una planificación territorial.

Basado en la historia de Antofagasta su superficie regional  y todos los desarrollos que ha tenido en los últimos años, tanto en su hábitat poblacional como el desarrollo económico, la industria minera constituye una gran oportunidad, pero a la vez un gran riesgo. Dentro de las potencialidades de la industria minera la experiencia comparada y la academia revelan su capacidad de inversión en torno a distintas áreas del desarrollo: y además información técnico estratégico y capital humano especializado, que puede representar un fuerte impulso a la hora de diseñar o implementar políticas públicas en la región.

El nivel de coordinación empresarial es muy superior a la coordinación pública. El quehacer del privado no ha tenido un correlato en el sector público, ya que el diseño poco flexible de la estructura estatal, la rigidez en la asignación de recursos, la baja inversión social en comparación al sector privado, bajos estándares medioambientales en nuestra legislación y una escasa presencia en las áreas de impacto, han obligado a la empresa minera a buscar mecanismos de autorregulación, proceso que han llevado a cabo con las comunidades que habitan sus áreas de impacto y en el cual ha tenido escasa participación del Estado.

Implementación de la política pública y el proceso de planificación estratégica territorial.

Los  países como chile existen estrategias nacionales en ámbitos vinculados al desarrollo, como la estrategia nacional para la innovación, de energía, biodiversidad y la política nacional de ordenamiento territorial (PNOT), actualmente en proceso de Evaluación ambiental estratégica (EAE). A nivel regional también existen estrategias de desarrollo regional  y otros.

En chile es la reciente reforma a la legislación ambiental, que a través de la ley Nº 20.417 promulgada en enero 2010, que modifico la Ley 19.300, la introduce como instrumento de gestión ambiental. Dicha ley define como:

“El procedimiento realizado por el Ministro sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de los políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medioambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales.”

Con el objeto de promover y garantizar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, la política pública medio ambiental se vale tanto de instrumentos de gestión ambiental como de otros planes, políticas y programas en el utilizadas de la planificación de los territorios.

La política medioambiental pertinente en la región que guarda relación con la planificación territorial estratégica (PTEM), comenzando por los denominados instrumentos de gestión ambiental (IGA), la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, los define como un conjunto de medidas de variado orden (jurídicas, económica, planificadoras, etc.) destinados al logro de finalidades de protección y mejoramiento ambiental, dentro de los que se encuentran: la educación e investigación; la evaluación ambiental estratégica; el sistema de evaluación de impacto ambiental; normas de calidad ambiental y de la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental; normas de emisión y planes de manejo, prevención o descontaminación.

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