EL DERECHO CONCURSAL

EL DERECHO CONCURSAL

El Derecho concursal se ha considerado como parte del Derecho mercantil. A eso ha ayudado el hecho de que se encuentre así incluido en los programas de estudios de las universidades, y que el mayor número de casos se den dentro del ámbito del comercio. Para el Dr. Hernán Giménez Anzola, expresa que el comercio vive del crédito y la falta de cumplimiento de las obligaciones mercantiles puede producir desequilibrios y malestares económicos más graves que los simples incumplimientos civiles, es por ello que el legislador ha creado normas legales que regulan estas crisis con el objeto de remediarlas o tratar de resarcir los daños causados con el fin de proteger la economía nacional a través de la protección de los intereses de los múltiples acreedores de un comerciante en crisis económica.

Es así como el derecho concursal es creado para que estudie y regule el concurso de acreedores y la quiebra, teniendo como finalidad asegurar en la medida de lo posible la ocupación y embargo general de todo el patrimonio del deudor, la seguridad de que éste no continuará administrando libremente y agravando la crisis existente, la liquidación del patrimonio todo en beneficio de todos los acreedores.

Para este derecho existen dos tipos de ejecuciones: La ejecución singular que tiene lugar cuando el acreedor acude a los medios procesales ordinarios a los fines de denunciar una situación de incumplimiento de las obligaciones del deudor para obtener la satisfacción de su interés, de ahí que, que la ejecución singular es menos igualitaria y niveladora que la colectiva, ya que el acreedor más diligente cobra primero y el que mejor bienes embargue está en mejor situación, fundamentándose en los principios de exclusión y selección. Por su parte la ejecución colectiva puede alcanzar a los comerciantes y a las sociedades comerciales que estan sometidas al concurso comercial, y a las demás personas de carácter privado, físicas o jurídicas, comprendidas en el concurso civil, esta se basa en la inclusión y la generalidad, ya que cuando el patrimonio se hace impotente para cancelar lo adeudado debido a un desequilibrio que lo afecta se procede a liquidar todo el patrimonio del deudor en beneficio de todos sus acreedores, y en consecuencia, todos los acreedores se encuentran en una posición de igualdad, salvo las preferencias derivadas de los privilegios establecidos por ley.

De esta manera se toma el patrimonio como prenda común de los acreedores ya que el patrimonio determina la decadencia de las acciones "seguidas contra el deudor" y los procesos concursales no constituyen la excepción sino que confirman el principio. Es por ello que el patrimonio reintegrado constituye el soporte patrimonial de la responsabilidad del deudor. Pero la descomposición que sobre aquel opera el estado de insolvencia, impone recursos recompositorios en hipótesis falencial, es decir:

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