Control De Operaciones Por Indicadores Claves De Proceso

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Infancia y leyes

© UNICEF México/ Frida Hartz

Un entorno protector para la niñez en México

Para UNICEF, “protección de la infancia” se refiere a las labores de prevención y respuesta a la violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas, como por ejemplo la explotación sexual, la trata, el trabajo infantil y la migración. Los programas de protección de la infancia de UNICEF también están dirigidos a los niños y niñas especialmente vulnerables a esos abusos, como los que no reciben la supervisión de sus progenitores, están en conflicto con la ley o viven en conflictos armados. Los niños y niñas sometidos a la violencia, la explotación, el abuso y el abandono corren peligro de muerte, de sufrir deficiencias físicas y mentales, de contraer el VIH/SIDA, de tener problemas educativos, de carecer de vivienda y empleo, y de no poder disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos.

México ha realizado progresos significativos en cuanto a garantizar mayores niveles de bienestar para niños, niñas y adolescentes, a través de abordajes innovadores orientados a disminuir la mortalidad infantil, ampliar coberturas de educación básica y brindar mayores niveles de protección social a los niños y sus familias. Sin embargo, la pobreza y la exclusión afectan de manera desproporcionada a los niños, niñas y adolescentes, particularmente a los que habitan en comunidades rurales indígenas y urbanas de alta marginación. Un primer desafío para hacer realidad la inversión estratégica y el compromiso legal de promover, proteger y garantizar los derechos de los niños es la construcción de un sistema integral de protección de derechos, el cual se conformaría a partir de las siguientes dimensiones:

• Un marco legal compatible con los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), lo cual exige una revisión exhaustiva de la legislación interna.

• Una institucionalidad que involucre a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y a los tres poderes del Estado, en diálogo con la sociedad civil y en correspondencia con el carácter multidimensional de los temas de infancia.

• Un modelo de gestión de políticas públicas de infancia y adolescencia que permita la articulación de instituciones, privilegiando un modelo sistémico de gestión más que un modelo centrado en una instancia única de coordinación o rectoría.

• Una estrategia nacional de acción a favor de los niños y adolescentes que refleje la aplicación de las disposiciones de la CDN.

• Asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa de los recursos destinados a políticas y programas cuyos destinatarios sean los niños, niñas y adolescentes.

• Una base de conocimientos e información en materia de derechos de la infancia que cuente con datos actualizados, desagregados y de calidad para servir de evidencia sólida en el diseño de políticas y programas.

• Una estrategia de fortalecimiento institucional de capacidades en enfoque de derechos de la infancia, para proporcionar atención adecuada a niños, niñas y adolescentes.

El diseño de una nueva arquitectura institucional resultaría

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