ORDENACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESCENTRALIZACIÓN

Estas dos leyes, tienen como PRINCIPIOS, LA ORDENACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESCENTRALIZACIÓN: propenden por que la distribución de competencias entre la Nación y las autoridades territoriales, se realice con observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad explicados más adelante; a ellos se adicionan los principios de la ley 152/1994, referentes a la COORDINACIÓN y CONSISTENCIA, los cuales hacen referencia a la debida armonía y coherencia que debe existir entre las autoridades de planeación del orden nacional, regional y entidades territoriales, para el desarrollo de actividades en conjunto hacia un propósito común, apoyándose mutuamente en materia de preparación con el fin de que el desarrollo de aquellas tenga plena eficacia. Por su parte, la ley 1454/2011, plantea como principios, LA DESCENTRALIZACIÓN, INTEGRACIÓN, SOLIDARIDAD Y EQUIDAD TERRITORIAL Y ASOCIATIVA, en el entendido de que la distribución de competencias que debe existir entre los entes territoriales, de manera que se promueva una mayor capacidad de planeación, gestión y administración. También plantea, el apoyo que debe existir entre aquellas con eficiente desarrollo hacia las de menor, en pro del progreso que lleve a elevar la calidad de vida de la población.

A partir de estos principios, se entiende que tanto la Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armónica, ello con el imperativo de garantizar los Derechos Fundamentales de los ciudadanos como individuos, igualmente los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución. Con lo cual, tal como lo señala el Artículo 2 de la Carta Política, al garantizar la coexistencia de estos principios, se hace posible mantener la integridad territorial en términos de una convivencia pacífica y mantenimiento de un orden justo, referido al aspecto político, económico y social, cuyo eje transversal y fundamental es la garantía y el respeto de los Derechos Humanos (Artículo 95 Constitución). En igual medida, la Nación y las entidades territoriales desarrollarán labores conjuntas en busca de un objetivo común, con respeto de su autonomía. Siendo esta una condición necesaria, en el entendido de que, con ello se da posibilidad a que, mediante ese apoyo mutuo, se logre concretar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (Articulo 366 Constitución), que involucra alcanzar la prosperidad general de la Nación.

Los PRINCIPIOS DE CONCURRENCIA, SUBSIDIARIEDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y COORDINACIÓN, muestran una relación de solidaridad, tanto en apoyo financiero entre los entes territoriales, como en apoyo solidario frente a la formulación del plan de desarrollo en los casos en que carezcan de la preparación adecuada para realizar dicho plan. De tal manera que, se realicen en forma armónica, actuaciones oportunas y de manera eficiente para lograr los fines en común, por la articulación entre los propósitos de la Nación y los objetivos de los entes territoriales que la conforman. Cumpliendo así, el mandato de que las funciones administrativas estarán al servicio de los intereses generales y se desarrollaran con fundamento en los principios de IGUALDAD, MORALIDAD, EFICACIA, ECONOMÍA, CELERIDAD, IMPARCIALIDAD y PUBLICIDAD, que permiten la coordinación de sus actuaciones, para cumplir con los fines del Estado (Artículo 209 Constitución).

PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL: Para lograr el cumplimiento de los objetivos a desarrollar en un Estado Social de Derecho, es necesaria una articulación

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