Politica Fiscal

Colombia viene de una tradición centralista y de una inconveniente unidad de Iglesia y Estado que sólo se han fracturado recientemente. El centralismo implicaba una tributación sin representación que era férreamente resistida por los ciudadanos con subterfugios de evasión y elusión. En este sentido, el Estado colombiano no ha ganado históricamente el monopolio de la fiscalidad, ilustrado, entre otros, por organizaciones diversas que imponen contribuciones forzosas, la evasión generalizada de impuestos o por la administración del impuesto cafetero por su gremio. La segunda característica implicaba la ausencia de libertad de conciencia, y por lo tanto, de expresión. Además, sí el Estado era legitimado por la religión, entonces no aparecía como terreno y sometido a la racionalidad, sino como lejano, eterno, intocable y aún milagroso. Por último, fuera de que los impuestos eran pocos y resistidos, recaían en buen parte sobre las importaciones o sea sobre los productores extranjeros y sobre los consumidores domésticos de sus bienes. Era una forma oportunística de obtener tributos que no recaían sobre el excedente doméstico.

El modelo democrático básico idealizado podría ser el siguiente: una comunidad que alcanza a generar excedentes y en vez de apropiarlos todos privadamente decide imponerse tributos proporcionales a la riqueza de cada cual y con ellos organiza su seguridad, su salud, su educación, se dota de servicios públicos y construye las obras que lubrican el crecimiento de su riqueza. Todas estas actividades las vigila la comunidad cuidadosamente con instituciones, como un poder judicial, para garantizar los derechos de propiedad y la seguridad, impedir desvíos, malgastos y apropiaciones personales. La asamblea de la comunidad decide sobre los tributos, controla a los ejecutores de las políticas y les impone un equilibrio fiscal. En últimas, el Estado es la gente organizada, contribuyendo todos a financiar sus necesidades.

Frente a este modelo simple hemos tenido una realidad muy distinta. La comunidad local no tenía nada que decir sobre su propia organización, ni de su tributación, ni de su gasto, ni de sus servicios públicos. Apenas se consolidó históricamente el gobierno central en 1886, procedió a despojar de soberanía a los poderes municipales y a los estados otrora soberanos, nombrándole a sus mandatarios. El poder central alejaba al ciudadano de la función pública, al impedirle elegir sus mandatarios e intervenir en las decisiones de cuanto tributar y de cómo gastar el recaudo. Los tributos se imponían en las aduanas y los prediales eran escasos. Los consejos municipales eran cuerpos atrofiados, dominados por los propietarios de tierras quienes rehusaron siempre tributar.

Todo el gasto era decidido en forma arbitraria por el acceso que pudieran tenerlos distintos agentes, ya fueran representantes de intereses gremiales o regionales, al poder central. Los políticos tenían una cubierta para llevar a cabo el gasto y no era infrecuente que apropiaran para sí una parte importante de este. Es un régimen que es poco transparente, por decir lo menos. Los asuntos fiscales nunca vuelven a ser escuchados en cabildos abiertos. Desde la Colonia, el país se ha acostumbrado a que el gobierno apropia para si todas las oportunidades de negocios y mercantiles y para ello está la tradición de los estancos y monopolios del tabaco, el aguardiente y la sal, cuando estos eran de los pocos productos transables que existía en una economía organizada en forma servil, o las concesiones de comercio exterior con sus alcabalas correspondientes. Está también el legado de la propiedad de la Corona de todas las minas y del subsuelo, lo que se prolonga hasta el presente como propiedad pública.

En el ámbito municipal rural hoy en día tenemos sistemas de fincas que obtienen excedentes pero que no tributan y sistemas parcelarios que obtienen muy pocos excedentes y que pueden tributar algo, pero tampoco lo hacen. No es de sorprender que no exista prácticamente inversión pública en el campo pues esta siempre debe venir del nivel central que obviamente desconoce las necesidades de más de 1000 municipios y cientos de miles de veredas. En general y contra la visión paternalista, todos los ciudadanos, incluyendo a los menos ricos, deben tributar algo, de acuerdo con sus ingresos, para que el Estado pase a ser una responsabilidad de todos los ciudadanos y todos participen en la elección de los funcionarios y en las decisiones importantes de la vida local y nacional. A veces se dicen cosas como “no hay presencia del

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