Proyecto de Educación Nacional

A estas alturas del debate, empieza a rendir sus frutos la persistencia en la necesidad de un Proyecto Educativo Nacional (PEN) que encare la crisis de la educación, dé unidad y sentido a las políticas del sector, acabe con la anarquía y la improvisación y termine con el tradicional "borrón y cuenta nueva".

Hoy nadie niega que el PEN debe ser considerado como viga maestra, como el soporte obligado de cualquier Proyecto de Desarrollo Nacional, o proyecto del país. Ahora estamos más convencidos que no es posible hablar de desarrollo o de cambiar el país, si es que no se articula una propuesta integral educativa en función del país que se quiere construir.

Es bueno que la propuesta de PEN empiece a fijarse en la mentalidad de la comunidad política y educativa como una necesidad. Sin embargo, se mantienen algunas concepciones atrasadas que en el fondo tienden a entenderla y manejarla distorsionadamente como política de coyuntura. La propia Ley de Educación recorta el sentido histórico del PEN al considerarlo como "la suma de políticas educativas" y ello no es así. El PEN es una política de estado y como tal, un referente obligado a tener en cuenta por los gobiernos sucesivos; no está sujeto a la moda o a los caprichos de los ministros de turno, si no al horizonte del país que se quiere edificar.

El PEN, visto de manera integral, es una propuesta política, una obligación nacional a cumplir y construir, un referente obligado no solo para la ciudadanía, si no fundamentalmente para todo aquel que aspire a conducir el país, a administrar el estado, en su totalidad o en parte.

Resulta irresponsable que a estas alturas se persista en conductas, no solo lamentables y precarias en el enfoque de la educación, si no en la obsesión por "llegar" al gobierno, no para construir o servir, si no depredar, promover el clientelaje y seguir improvisando.

La crisis de la educación es integral, como integral es la crisis que agobia al país, de la cual ella es una de sus innegables expresiones. Por eso resulta indispensable que examinemos la crisis histórica y el rol de las clases dominantes, para explicarnos mejor la crisis de la educación y la necesidad de un Proyecto Educativo Nacional para un nuevo país.

CONSIDERACIONES BASICAS

Falta menos de dos décadas para recordar dos siglos de la independencia política de España y de la fundación de una república que hoy observamos vieja, atravesada por una crisis irreversible, más excluyente y centralista que nunca, con sus instituciones básicas agotadas, desprestigiadas y corrompidas. Manejada desde sus inicios por clases dominantes que nunca tuvieron un proyecto nacional o de país, animadas únicamente por un afán compulsivo por depredar la caja fiscal y los recursos naturales, fueron incapaces de reconocer y afirmar nuestra identidad nacional porque desde un inicio se enfeudaron a los patrones foráneos, a la dependencia enfermiza de lo extranjero.

La inestabilidad permanente, marcada por los vaivenes políticos entre una democracia formal y burocrática, con autoritarismos y golpismos, reflejan, desde un principio, que la república nacida de la independencia de España tenía como conductores a clases y caudillos incapaces de mirar más allá de la coyuntura, de trazarse objetivos nacionales y trabajar a mediano y largo plazo siquiera un proyecto capitalista articulado a un aparato productivo y mercado respetable. Fueron incapaces de sentar las bases de un estado soberano, realmente independiente; en su lugar, en casi dos siglos, han hecho de nuestro país el lugar de las oportunidades, guerras y soberanía perdidas o vendidas. No es casual que hasta la fecha tengamos doce constituciones y siete estatutos de gobierno de diversos orígenes y tristes finales; tampoco es casual, entonces, que de un día para otro se transforme automáticamente la conservadora demarcación política departamental en flamantes "regiones" que, como no podía ser de otro modo, hoy no hacen si no reproducir las mismas taras del centralismo limeño; por eso, no nos debe extrañar que ahora tengamos más de 80 universidades y el triple de filiales, la mayoría afincadas como vulgares negocios sin planificación, orden ni concierto; menos que existan alegremente más de 400 centros de formación magisterial que, con las excepciones del caso, es la más evidente demostración que las cosas marchan de cabeza.

Hace más de 3 décadas el Estado y los sucesivos gobiernos restringieron la jornada escolar completa y diaria. Con la imposición de "turnos" con el mismo presupuesto y la misma infraestructura, se disminuyó drásticamente el número de horas por alumno y nuestro país pasó a los últimos lugares en el horizonte de horas de clase en América y el mundo. Esa fue una decisión de Estado que los gobiernos han mantenido hasta hoy. El continuismo toledista, sus funcionarios de turno y la infinidad de comerciantes de la educación "olvidan" este detalle, culpan tramposamente de ello al magisterio, e interesadamente hablan de la necesidad de ampliar el numero de horas de enseñanza para "igualar los estándares internacionales", pero acabando con el derecho vacacional de los maestros o imponiéndole la rudimentaria "jornada cronológica de 40 horas", desconociendo lo peculiar del trabajo pedagógico y docente. No dicen nada de volver a la jornada íntegra, con la decisión de estado de mayor presupuesto para más infraestructura y más maestros en las aulas.

Cada gobierno y los innumerables ministros de educación, han pretendido "marcar la diferencia" y hacer de la educación el principal soporte propagandístico de su gestión. Sin visión de país, sin proyecto educativo, siempre terminaron manoseando la educación y ahondando su crisis. La llamada "reforma educativa" del decenio de la corrupta dictadura fujimorista,

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