Caso Petro

ENSAYO DEL CASO DE PETRO

Como muchos Colombianos sabemos, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por haber incurrido en tres faltas gravísimas en el proceso de recolección de basuras en la ciudad de Bogotá. Según varios informes la Procuraduría demostró que el alcalde, implementó un nuevo modelo de aseo por fuera de la Ley de manera libre, consciente y voluntaria. Para el Procurador, el alcalde cometió tres faltas comprometidísimas en la implementación del esquema de aseo en el año 2012 y la recolección de basuras sin garantías.

Según el procurador, el señor alcalde mayor de Bogotá, de manera consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad y que cuando el alcalde creó la empresa Aguas de Bogotá, que dependía del Acueducto Distrital, para encargarse de la recolección de las basuras, incurrió en una improvisación y puso en peligro la salud pública de los bogotanos, violando disposiciones de la contratación estatal y principios constitucionales como el de la libertad de empresa. Además, el procurador tuvo en cuenta la deliberada compra de carros compactadores que no cumplían los requisitos.

Lo anterior ameritó que la Procuraduría, en ejercicio de la competencia que le atribuyen la Constitución y la Ley vigente colombiana, adelantara actuación disciplinaria en contra del señor alcalde mayor de Bogotá, en donde se garantizaron plenamente sus derechos de defensa y contradicción.

Dentro de la investigación, se practicaron pruebas y se escuchó con atención las explicaciones rendidas por el disciplinado resultado que llevó a que este organismo de control le imputara tres faltas disciplinarias gravísimas relacionadas con la implementación del nuevo esquema de prestación del servicio de aseo decidido por el mandatario distrital. Y fue asi como se practicaron otras pruebas y se analizaron nuevamente las razones del disciplinado, la Procuraduría encontró lo siguiente:

1.” En cuanto al primer comportamiento, se determinó que el señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad. Los resultados fueron la grave emergencia. La deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados”.

2. La Procuraduría demostró también que el señor alcalde mayor, de manera libre, consciente y voluntaria, implementó con el Decreto 564 de 2012 un nuevo modelo de aseo para la ciudad de Bogotá por fuera de la ley.

3. La Procuraduría probó que la realización de las conductas referidas fueron cometidas por el señor alcalde de manera consciente y voluntaria, en la medida en que él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma oportuna varias entidades nacionales y distritales, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública; la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente.

4. Uno de los argumentos principales de defensa fue que el señor alcalde mayor de Bogotá actuó por cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional para incluir a la población recicladora. Sin embargo, en el proceso se estableció que lo dispuesto por la Corte no condicionó la adopción de un determinado modelo de aseo, ni mucho menos que dicho modelo estuviera por fuera de la ley, como en efecto ocurrió.

5. La Procuraduría igualmente demostró en grado de certeza que el señor alcalde mayor de Bogotá cometió una tercera falta disciplinaria gravísima cuando autorizó la prestación del servicio de aseo con vehículos volquetas, situación que fue antirreglamentaria por las cuales durante tres dias de diciembre de 2012 se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras en la ciudad capital.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de quince años para ejercer funciones públicas. En el caso del Gobierno nacional se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación llevando a cabo la labor que siempre hace, lavarse las manos ya sea por costumbre u obligación, respetando la decisión de la Procuraduría, así como los recursos que tenga que interponer por derecho el señor alcalde de Bogotá.

Ya adentrándonos en la posición del alcalde, este definió esta destitución como "una cadena perpetua" e hizo referencia a un golpe de estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el alcalde muy tranquilamente presento tu indisposición con la democracia de este país y la única salida que vio, fue convocar una movilización popular para ser respaldado por este y no por mandatarios corruptos.

.Lo anterior ameritó que la Procuraduría, en ejercicio de la competencia que le atribuyen la Constitución y la Ley vigente colombiana, adelantara actuación disciplinaria en contra del señor alcalde mayor de Bogotá, en donde se garantizaron plenamente sus derechos de defensa y contradicción.

Ahora nos preguntamos, ¿Por qué retirar a uno de los mejores o bueno uno de los únicos alcaldes que ha logrado tanto en una ciudad hecha una desastre?

Hoy Bogotá no es la misma que hace nueve meses. Con la llegada de Gustavo Petro al segundo cargo más importante del país, la Alcaldía de Bogotá, la transformación social es muy previsible de la situación actual. .

Las viejas tácticas izquierdistas demostraron su rotundo fracaso, y por ello el plan de desarrollo Bogotá Humana, se desprende inteligentemente de esas tácticas y da un paso hacia el futuro, ese futuro que es hoy, que es ya. Las viejas costumbres de izquierda, han sido caldo de cultivo para la derecha.

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