Caso Petro

CASO PETRO

Desde la creación del programa 'Basura Cero' el alcalde de Bogotá Gustavo Petro estuvo en la mira de la Procuraduría, proceso que se atrasó durante meses y que se da fin con su destitución.

El nuevo esquema sería temporal hasta que la Comisión de Regulación de Agua Potable aprobara el planteamiento que hizo la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos para conceder 12 áreas de servicio exclusivo a operadores públicos o privados y se estructurara la nueva fórmula tarifaria a los recicladores.

Trecientas sesenta y dos volquetas y un equipo de mil quinientas personas entre conductores, operarios y supervisores son los encargados del nuevo esquema, sin embargo, este no fue suficientemente bueno para encargarse de la demanda de desechos en Bogotá. Al día siguiente la administración distrital y las empresas privadas firmaron nuevos contratos de operación.

Al cabo de algún tiempo a el alcalde pero se le abrió una investigación por el presunto impacto ambiental por la no recolección de basuras, la falta organización y por ocasionar un supuesto “detrimento patrimonial”.

Después de estas acusaciones pero rindió su versión a la procuraduría, la audiencia duro aproximadamente 14 horas, en esta pidió que fuera escuchada la declaración de funcionarios del ministerio de Ambiente que realizaron el estudio sobre el impacto ambiental debido a la implementación del nuevo esquema de recolección de basuras.

No acabado esto el ministerio público en un escrito de doscientas cincuenta y nueve páginas abrió folio de cargos contra el alcalde pero, el documento juntaba pruebas documentales y técnicas y testimonios que presuntamente demostraban la “total improvisación” en la decisión del Distrito de hacerse cargo de la recolección de basuras, ante esto el abogado del alcalde pero, Julio Cesar Ortiz, presentó más de cuatrocientos cincuenta pliegos en los que quedaría demostrado que Petro actuó conforme a la Ley.

Al cabo de todo lo sucedido el 9 de diciembre de 2012 se dio a conocer las primeras noticias sobre la destitución del alcalde de Bogotá petro pero no solo se le destituye si no también se le da una muerte política pues quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público en los próximos 15 años.

La drástica decisión fue tomada por el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez quien según su concepto lo hallo responsable del caos de la recolección de basuras, un lio que se presentó en diciembre del año pasado cuando él cambió el modelo que venía operando. Durante casi una semana la ciudad estuvo inundada de basuras.

Se determinó que el alcalde autónomo y consciente ordenó entregarle el servicio de aseo a dos entidades las cuales no tenían ninguna experiencia. También el procurador tuvo en cuenta la premeditada compra de carros compactadores que no cumplían los requerimientos.

Tras esto el alcalde pero no se rindió se vio cuando convoco en la plaza simón bolívar a miles de sus seguidores y luego viajó a Estados Unidos a entrevistarse con el secretario de la CIDH, Emilio Álvarez. Las dos acciones tenían un propósito: mantenerse en el cargo. Se realizaron tres argumentos los cuales dice el abogado julio cesar Ortiz son suficientes para que el fallo impuesto por la procuraduría se caiga.

De los tres argumentos tal vez el tercero es el más fuerte. Aquí se relaciona el poder que tiene el procurador para destituir al alcalde pero. Según el recurso, el artículo 323 de la Constitución de Colombia y al artículo 44 del Estatuto Orgánico de Bogotá dejan en claro que el único funcionario que puede suspender o destituir el alcalde mayor de Bogotá es el presidente de la República, no el Procurador General de la Nación.

Pero cuando ya casi estaba concretada su destitución, una tutela lo detuvo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la ejecución del fallo de la Procuraduría sobre el alcalde de Bogotá.

Una de las tutelas por José Gotardo Pérez, un ciudadano que se manifestó como agente privado del alcalde Petro y que aseguraba que, con la sanción de la Procuraduría, se vulneraron los derechos fundamentales al voto.

El magistrado José María Armenta le dio la razón a la tutela presentada por el señor Gotardo y le dio un paro provisional al fallo del procurador. En su decisión, ordena al presidente darle cumplimiento al dictamen que ha tomado, en el sentido de hacer un paro temporal

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