Caso Procuraduria

INTRODUCCION

Se tiene en cuenta que la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (PGN) es el ente que tiene como función pública ejercer control, ante irregularidades de los servidores públicos, contempladas en la constitución y la ley. Siendo la entidad que representa los ciudadanos ante el Estado, es el máximo organismo del Ministerio público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías.

Es el órgano principal del Ministerio Público y está a cargo de garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil.

Conformada por cuatro mil servidores, la procuraduría, tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del presupuesto Nacional, sus funciones misionales principales se hacen a través de sus tres funciones:

La función preventiva: Considerada la principal responsabilidad de la procuraduría que está empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda set violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración.

La función de Intervención: En su calidad de sujeto procesal la Procuraduría General de la Nación, interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria de familia, laboral, ante el Consejo superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía, su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva, cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario.

La función disciplinaria: La procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra servidores públicos y en contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario o Ley 734 de 2002.

El caso de los alcaldes de granada Meta Gustavo Corredor y el de Bogotá Gustavo Petro Urrego en el cual este último instauro orden de tutela lo mismo que ciudadanos reclamando vulnerados sus derechos fundamentales de elegir y ser elegido y participar en el ejercicio y control del poder político citado en el (artículo 40 de la constitución política) Señalo que la Procuraduría General de la nación al destituir al alcalde Mayor este vulnero el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones y funciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos y a tener una representación efectiva en las corporaciones públicas, logrando reintegrarse su mandato y no quedando inhabilitado por 15 años.

CASO DE LA DESTITUCION DEL ALCALDE DE GRANADA

GUSTAVO CORREDOR ** GUSTVO PETRO BOGOTA

Esto comenzó con las anomalías que se presentaron en la planeación y ejecución en el servicio de aseo en la ciudad de Bogota. Este alcalde fue señalado por fallas que se presentaron en la recolección de basura de la ciudad, toda esta investigación se llevaron a cabo, por las quejas presentadas por los ciudadanos, funcionarios públicos y el defensor del pueblo. Las quejas fueron dadas debido a la crisis que se presentó en la ciudad durante 3 días del mes de Diciembre del 2012, ya que el alcalde hizo un contrato con el acueducto y alcantarillado y la creación de aguas de la ciudad de Granada Meta, para que realizaran labores de aseo; por tanto estas empresas no tenían experiencia en estas labores. El complot político y económico de este alcalde ha generado muchas controversias en el país. Esto fue el mismo que le sucedió al alcalde Gustavo Petro en la alcaldía mayor de Bogotá, con la mala recolección de basuras, los cargos que se imputaron fueron, el detrimento del patrimonio

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