Comprensin Lectora

POCO LUGAR

PARA EL OPTIMISMO

Las miserias

del sistema carcelario

El panorama actual no permite sustentar una postura optimista, a pesar del importante esfuerzo económico que se realiza para mejorar las condiciones edilicias y la reestructura organizacional. Es una institución que se ha vaciado de contenido y no tiene programa ni esperanza; de allí que su “mal funcionamiento” se represente antes como parte sustantiva del propio castigo, que como el producto de una desviación ocasional del poder o abusos que se pueden superar con las buenas intenciones de la reforma carcelaria.

Por Luis Eduardo Morás

Los homicidios con características particularmente aberrantes de tres presos ocurridos en el mes de enero en el Comcar pasaron casi desapercibidos en la cobertura periodística del verano. Quizás en parte por ser un tema poco apropiado para abordar en la agenda estival, o posiblemente opacados por la inusual sucesión de crímenes que tuvieron lugar al inicio del año, lo cierto es que fueron escasos los análisis sobre “esa” violencia que sistemáticamente se reitera en “esos” lugares. Valga destacar como detalle significativo que los episodios de esta índole son habitualmente señalados por los medios de comunicación masivos como la “muerte de presos”; no refieren, casi, a lo que efectivamente son, omitiendo la tipificación de los hechos como “homicidios”. Probablemente porque en las cárceles no existen víctimas y todos sus habitantes son victimarios a los cuales la ruleta del destino en algún momento les exige el pago de sus deudas con la sociedad. Es una violencia que forma parte de esas reglas del juego por todos sabidas pero nunca reconocidas, o podría decirse también, como es habitual desde el anonimato que aseguran las páginas de comentarios de los lectores, que lo único digno de destacar del episodio es que ahora hay “tres menos”, o incluso festejar la buena noticia incentivando a las autoridades con la idea de que esa es la única solución efectiva y que lo mejor que pueden hacer es facilitar los mecanismos para que “se eliminen entre ellos”.

Dentro de las múltiples lecturas posibles que el hecho sugiere, me interesa destacar cuatro reflexiones sobre la funcionalidad y límites que la institución carcelaria adquiere en la actualidad.

I

La violencia delictiva, pero principalmente relacional que se expresó a través de una serie de homicidios a comienzos de año, ameritó un debate y el llamado a sala de autoridades ministeriales, dando lugar a abundantes análisis y demandas de los sectores opositores que vinculaban esos sucesos con el fracaso de la política de seguridad. Como ha ocurrido sistemáticamente, resulta una operación electoral redituable aprovechar las circunstancias trágicas para exigir mayor legislación y prevención policial ante sucesos que mayoritariamente es imposible abordar sin intervenciones integrales que demandan el compromiso de múltiples instituciones. La presentación de los hechos bajo la carátula de su “urgencia” y “gravedad” reafirma una vez más ante la opinión pública que la solución pasa únicamente por una mayor rigurosidad penal y el despliegue ostensivo de más funcionarios policiales ante niveles delictivos supuestamente enajenados y nunca antes vividos.

Por su parte, la instancia parlamentaria y los posteriores debates en la prensa resultaron propicios para que el oficialismo destacara los cambios que comienzan a aplicarse en la gestión policial de Montevideo y la existencia de eventuales resistencias corporativas a dichas transformaciones. Sin embargo, y llamativamente, poco análisis y debate generó la realidad del sistema carcelario, a pesar de la particular violencia y significado de los hechos ocurridos (presos organizados para quemar vivos a otros impedidos de abandonar la celda) y la no menos grave justificación del acto incendiario liberador (cobro de peajes y extorsión por parte de presos organizados para tal fin). La monstruosidad del acto le da un nuevo marco a los ya conocidos niveles de violencia, corrupción y organización delictiva dentro de los centros carcelarios; y afecta uno de los dos principales ejes de la política de seguridad de la administración: la atención de la emergencia carcelaria.

II

El continuo crecimiento de la tasa de prisionización, la importante proporción de personas jóvenes que resulta captada por el sistema y los niveles de reincidencia existentes, en torno al 70%, plantean la interrogante acerca de cuál es el sentido actual de la institución carcelaria. Las respuestas pueden ser variadas, pero dentro de las más plausibles surge que en alguna medida la función de la privación de libertad persigue alguno de los siguientes fines: una neutralización de los delincuentes consumados privándolos de libertad por el mayor tiempo posible; o bien resultan espacios de brutalidades deshumanizadoras indescriptibles que operan como amenaza disuasiva para potenciales delincuentes; o bien intentan atender a una opinión pública que demanda una dosis de crueldad proporcional a los temores que la atormentan. En cualquiera de estas respuestas se pierde de vista el fundamento filosófico que sustenta la propia existencia de la institución, reconocido hasta por la Constitución de la República, que señala en su artículo 26 que “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. La realidad fáctica de hacinamiento de un sistema que se acerca a la simbólica cifra de diez mil presos, donde se mezclan las problemáticas de los penados y resulta casi imposible la progresividad del régimen disciplinario, permeado por las permanentes y diversas situaciones de violencia, representa un obstáculo insalvable para las ya escasas posibilidades de reinserción de los reclusos e incluso elabora un fuerte consenso social tanto sobre la inviabilidad de la institución como la incorregibilidad de sus residentes. La perversidad del camino elegido por la mayoría de la opinión pública es alimentada por una profunda contradicción: una sociedad convencida de la inutilidad de las cárceles para los fines manifiestos que justifican su existencia se inclina por profundizar su crisis exigiendo una mayor cantidad de presos alejando cada día más las limitadas posibilidades de cumplir el objetivo de rehabilitarlos. Parece evidente que la única razón de esta dinámica reside en el subyacente sentimiento, nunca confesado, de que la institución aplique detrás del silencio de sus muros una violencia proporcional a la experimentada real o simbólicamente por la sociedad. Una solución que olvida tanto los principios

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