Corrupcion En Honduras

La corrupción en Honduras

La clasificación de Transparencia Internacional (TI), que en ocasiones da la impresión de que, con determinados países, remarca el acento por razones político-ideológicas, es muy importante porque significa una denuncia internacional de peso, y, a la vez, porque es un aldabonazo para los gobiernos y la sociedad civil de los países afectados.

En cuanto a Honduras, la novedad –si en verdad lo es—consiste en que de 2009 a 2013 ha habido un significativo avance (negativo) en el índice de percepción de corrupción, nada menos que de 10 puntos. Nuestro país pasó de 130 a 140 en ese quinquenio, precisamente en el prolongado lapso de quiebre institucional.

En el transcurso de esos cinco años el declive hacia la corrupción ha sido progresivo e indetenible, y es un hecho que en 2013 –año político, se dice—hubo verdadera eclosión. Basta con observar la escandalosa factura de la propaganda política, que fácilmente superó los 2,500 millones de lempiras, casi en su totalidad provenientes de fondos públicos, y del que nunca se sabrá la cifra aproximada o la exacta por carencia de rendición de cuentas.

Todos entendemos, efectivamente, que la corrupción afecta todo el tejido social, el andamiaje político y la estructura económica, pero ha penetrado de manera tan profunda que desde hace bastante tiempo pasó a ser eje principal del sistema. Por esa razón, el combate a la corrupción en Honduras tendría que ser hercúleo.

¿Cómo lograr semejante fuerza y convicción para emprender la intrincada lucha contra la corrupción, en tanto significa un combate contra el sistema? ¿No estamos viendo, en un momento de intensa sensibilidad política y social, el comportamiento de la “clase política” y de las instituciones políticas históricas, con su inveterada negación a la rendición de cuentas, y, por consiguiente, en defensa de la impunidad?

De continuar con ese comportamiento sistémico y sin la estructuración de una sociedad civil consciente, actuante, protestataria, contestataria, en un clima de verdadera libertad de expresión, en el que las personas, los colectivos sociales y los medios de comunicación cumplan con su verdadero papel fiscalizador, nuestro país seguirá escalando la pirámide de corrupción diseñada por TI, y, naturalmente, continuará en el crecimiento de la pobreza, la violencia y la disolución social.

La corrupción beneficia a unos pocos, pero perjudica a millones de personas. El mal uso de los impuestos que pagamos los contribuyentes -que sustentan más del ochenta por ciento del presupuesto- hace que los hondureños pobres no puedan tener acceso a servicios de salud eficientes y oportunos; que la educación sea de pésima calidad y que no se reciban los días de clase que se necesitan; que no se puedan realizar las inversiones en infraestructura para mejorar la competitividad del país y que, cuando se hacen, resulten de tan mala calidad que los puentes se caen antes de inaugurarlos. Honduras ha sido descalificada por segunda vez de la Cuenta del Milenio, por medio de la cual se pueden obtener importantes recursos de donación para financiar proyectos que contribuyan a acelerar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La principal causa detrás de esta descalificación es precisamente la falta de transparencia y la corrupción. En cuanto a la criminalidad, los recientes sucesos que han dejado al descubierto la podredumbre que afecta a la Policía no han hecho nada más que incrementar exponencialmente el temor y el estrés en que vivimos los hondureños. Muchos barrios y colonias están instalando portones o casetas de seguridad para restringir el acceso, lo cual significa que los ciudadanos honestos estamos viviendo enjaulados mientras los criminales deambulan libremente por las calles ¡qué paradoja! La lucha emprendida por la rectora Julieta Castellanos para la depuración

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