Decreto 1069 del Año 2015

Decreto 1069 del Año 2015

Estudiante

Profesor

Colombia, agosto 2022

RESUMEN

Decreto 1069 del Año 2015

El Decreto 1069 del Año 2015, también conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, es un conjunto de normas y artículos en los cuales se derogan las peticiones, sanciones, reglamentos y demás por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, con la finalidad de favorecer la seguridad de los ciudadanos, asegurar la eficiencia económica y social, establecer un sistema legal que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente.

Además, se considera un decreto compilatorio, es decir, agrupa en sí un gran conjunto de normas reglamentarias preexistentes, por lo que no se requiere consulta al incluirse en el decreto 1069, debido las normas de origen cumplieron con su cometido en su tiempo de expedición con las regulaciones vigentes. Esto a su vez implica actualizar algunas de estas normas como la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico como una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.

En el desarrollo de esta compilación de normas y reglamentos, su agrupación destaca en dividirse en Libro, Parte, Titulo y Artículo, indicando que la compilación es abundante y es necesario subdividir cada una de las reglas que este decreto contiene en diferentes partes, ya que explican aspectos completamente distintos entre sí, o también muy similares, a excepción de los entes gubernamentales y de seguridad que les corresponde acatar.

Asimismo, se considera en el decreto 1069 del año 2015 que el Ministerio de Justicia y del Derecho es la cabeza del Sector Justicia y del Derecho, adoptando, dirigiendo, coordinando y ejecutando la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, dando acceso a la justicia formal y alternativa, luchando contra la criminalidad, encargarse de mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promover la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos (la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo), y a su vez, coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.

Por otra parte, se menciona otro organismo encargado de coordinar situaciones internas, conocido como La Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo (CUE), el cual tendrá por objeto la coordinación y orientación superior de las funciones inherentes a las políticas para la prestación, fortalecimiento y optimización de los servicios de justicia a cargo de las autoridades administrativas, específicamente en lo que tiene que ver con optimizar los servicios de justicia que prestan las autoridades administrativas de la Rama Ejecutiva, en el territorio nacional, la implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento de los servicios de justicia que prestan las autoridades administrativas de la Rama Ejecutiva, poner en marcha un observatorio de justicia como herramienta de participación ciudadana que permita concentrar la información estadística de las entidades del sector ejecutivo, formular y ejecutar planes de formación permanente a los operadores de justicia de la Rama Ejecutiva, entre otras, respetando la autonomía en el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales de las entidades. Por el hecho de ser una comisión con funciones importantes que involucran la autonomía de los ciudadanos e implementar estrategias de seguridad de justicia, este tendrá como integrantes a la cabeza del Sector Justicia y del Derecho, es decir, del Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado, así como el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, el Superintendente Financiero o su delegado, el Superintendente Nacional de Salud o su delegado, el Superintendente de Sociedades o su delegado, el Superintendente de Industria y Comercio o su delegado, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor o su delegado, el Gerente del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA o su delegado, el Director General Marítimo del Ministerio de Defensa Nacional o su delegado. Y por último, se cuenta con un cuerpo encargado directamente de determinar las sanciones de los criminales o cuerpos de riesgo para la sociedad o el Estado, conocido como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el cual tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.

De acuerdo con el articulo ART. 2.1.1.2.—Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del sector justicia y del derecho y rige en todo el territorio nacional. Un punto importante dentro de este decreto expresa sobre la inhibición o bloqueo de señales de telecomunicaciones en establecimientos carcelarios o penitenciarios, ya que se minimiza el riesgo de que dentro del centro carcelario se realizan amenazas, estafas, extorsiones y otros hechos constitutivos de delito mediante la utilización de dispositivos de telecomunicaciones, así mismo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), podrá ordenar a los respectivos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles la eliminación total o la restricción de sus señales de transmisión, recepción y control en los establecimientos penitenciarios.

...